Editorial
El país, sin política para el agua
Pasado el primer lustro del siglo XXI, México opera con indolencia, falta de previsión e irresponsabilidad en materia de recursos hídricos, y larva, así, una crisis futura, pero no muy lejana, en la que la escasez del líquido será detonador de conflictos sociales y políticos de dimensiones por ahora imprevisibles, pero sin duda graves y riesgosos para la estabilidad, la gobernabilidad y la capacidad misma de subsistencia de la nación.
En vastas extensiones del territorio nacional se sobrexplotan los acuíferos, se acaba con ríos y lagos, se depositan desechos orgánicos o inorgánicos que acaban filtrándose al subsuelo y contaminando las aguas subterráneas, se desperdicia, se dilapida, se destruye este recurso que no sólo pertenece a la generación actual, sino también a las venideras.
A falta de una visión general del agua como recurso finito, limitado e inapreciable, sin cuya existencia no puede garantizarse el más básico de los derechos humanos el derecho a la vida, el actual gobierno ha permitido y hasta propiciado la pérdida de numerosos recursos hídricos, su contaminación por industrias poco escrupulosas trasnacionales o nacionales y la privatización de los servicios de potabilización y distribución del líquido. Ha seguido, de esa manera, los ordenamientos de los organismos financieros internacionales y se ha inscrito en la tendencia imperante en América Latina, en la que grandes consorcios extranjeros se hacen con el control de un recurso que es propiedad de todos y de nadie en particular, ya sea para repartirla en redes de cañería o para envasarla y venderla como si se tratara de un producto de compleja elaboración y alto valor agregado.
Hace ya más de una década que diver- sos sectores sociales, académicos y de los medios vienen alertando, en muchos países, sobre los peligros de la escasez del líquido y sus consecuencias para la supervivencia y la convivencia humanas. Las guerras por el agua no pertenecen al dominio de la literatura de anticipación: por mencionar sólo dos ejemplos, el pillaje israelí de tierras cisjordanas tiene como una de sus razones centrales el mantener el control sobre fuentes acuíferas, y en Bolivia hace ya años que se desarrolla, en la región de Cochabamba, un conflicto por la privatización de los servicios de agua potable y su entrega a intereses trasnacionales. Y si en México no se pone un alto a la privatización del recurso y no se logra establecer una política del agua, más temprano que tarde las confrontaciones entre comunidades, entre éstas y la autoridad, entre los habitantes y las empresas de potabilización y distribución estarán a la orden del día.
La mayor parte de la responsabilidad por el deterioro de los acuíferos corresponde, como se ha dicho, a los tres niveles de gobier- no federal, estatal y municipal en los cuales a la indolencia se suman las prácticas corruptas. Pero no basta con concebir y desarro- llar una política para el agua; se requiere, en primer lugar, propiciar el surgimiento de la conciencia sobre el recurso, y esa es tarea de toda la sociedad.