Usted está aquí: viernes 21 de octubre de 2005 Política Ofrece Sagarpa a cañeros cumplir acuerdos

Gobierno y productores pactan comenzar la instalación de comités en ingenios expropiados

Ofrece Sagarpa a cañeros cumplir acuerdos

El secretario Mayorga Castañeda asegura que la zafra 2005-2006 está asegurada

MATILDE PEREZ U.

El gobierno federal acordó con productores de caña de azúcar adheridos a la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) cumplir con la instalación de los comités de producción y calidad de la gramínea en los 23 ingenios administrados por el Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA).

El secretario de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda, ofreció además buscar que los propietarios de los ingenios no expropiados también instalen esos comités, los cuales, de acuerdo con la Ley para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, forman parte del mecanismo para el reconocimiento de las organizaciones cañeras y la definición del precio del insumo.

Carlos Blackaller Ayala, de la CNPR, y Daniel Pérez Valdés, de la CNC, manifestaron su confianza en que el director de FEESA respete el acuerdo. Horas antes de que se confirmara lo pactado, el titular de Agricultura había asegurado que la zafra 2005-2006 no estaba en riesgo, ya que se había logrado un arreglo macro con los productores.

En las primeras horas de este jueves, cientos de cañeros que se instalaron en plantón frente a las instalaciones de Sagarpa la madrugada del miércoles se retiraron a sus respectivas regiones, donde mantendrán bloqueos sólo frente a los ingenios que no cumplan con la instalación de los comités.

En conferencia de prensa en Los Pinos, el titular de Sagarpa dijo que con la instalación de dichos comités y el reconocimiento de otras organizaciones, además de la CNC y la CNPR, se daba pie a la "solución" del conflicto cañero, que estalló en julio, luego de que el Ejecutivo impugnó la ley en la materia.

El funcionario puntualizó que continuará el análisis de la ley en la mesa que se instaló en la Secretaría de Gobernación, en la que participan legisladores, productores e industriales.

Lo importante, insistió, es arrancar la zafra el próximo mes y contar con una ley aceptada por todas las partes para poder iniciar los cambios estructurales para tener un sector competitivo.

''Estamos asistiendo al parto de una nueva relación entre cañeros e industriales; no hay que seguir empantanados en esta discusión", agregó al referirse a la protesta cañera por el atraso en la instalación de los comités.

Agricultura informó en un comunicado de prensa que ayer se instalarían los primeros seis comités en los ingenios Zacatepec y Casasano, Morelos; Atencingo, Puebla; Bellavista, Jalisco; San Cristóbal, Veracruz, y Margaritas, Oaxaca, y "en los próximos días se continuará con el proceso, hasta completar los ingenios que administra FEESA", acotó.

Lázaro Arias Martínez, de la CNC, confió en que en esta ocasión ''sí se trabajará en la instalación de los comités; incluso ya se empezó a cumplir con el acuerdo".

Carlos Blackaller Ayala, de la CNPR, comentó que la ley cañera estipula que el comité nacional de producción y calidad deberá ser un organismo público descentralizado, y ese procedimiento lleva casi 120 días, "por lo que estaremos a mitad de la zafra si se cumple con el procedimiento. Para evitar caer en la ilegalidad y que sea impugnado se podría acordar que sea un organismo de carácter consultivo".

La conformación de comités en cada ingenio, abundó, no vulnera los derechos de amparo, por lo que los funcionarios públicos deben ajustarse a la ley vigente e instalarlos sin pretexto. ''Esto es un deber y un compromiso que se hace sin presión'', expresó.

El también diputado e integrante de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados informó que hoy los legisladores que respaldaron la ley cañera entregarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un documento en el que argumentan que esa legislación no violenta la Constitución, como lo afirma la Procuraduría General de la República en la controversia que presentó.

 
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