Iniciativa de ley a modos de la burocracia cultural
Con posterioridad al Parlamento Nacional de Cultura (organizado por el Congreso de la Unión para supuestamente "consultar a la comunidad cultural") y violentando el criterio de prelación de las 40 iniciativas de ley en materia de cultura presentadas en las dos cámaras desde 1999, el Ejecutivo federal pretende que sea dictaminada en este periodo la controvertida iniciativa de ley de fomento y difusión de la cultura, que un conocido bufete jurídico considera más bien como "ley de defensa y justificación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes" (CNCA).
El tiempo y la forma de la presentación de dicha iniciativa -a posteriori de todas las discusiones sostenidas también en el Parlamento Alternativo de Cultura y en contra de la opinión de la academia y de la comunidad artística del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) - expresan el desprecio de la burocracia cultural, encabezada por Sara Bermúdez, a los procesos legislativos democráticos que toman en cuenta a la sociedad y a los especialistas.
La iniciativa ha provocado todo tipo de críticas desde diversas disciplinas y perspectivas. Jurídicamente se considera que centraliza aún más las atribuciones y competencias que de facto el CNCA ha venido usurpando tanto del INAH como del INBA. En la eventualidad de su aprobación, se incurriría en una violación de la Constitución, ya que se estarían delegando en el presidente del consejo funciones que corresponde ejercer en forma directa e indelegable al secretario de Educación Pública (como el nombramiento y remoción de los directores de los institutos mencionados, por ejemplo).
También debido a que el CNCA es un órgano desconcentrado, sin personalidad jurídica ni patrimonio propio, creado por decreto presidencial de Carlos Salinas, no puede coordinar a instituciones de largos alientos, bien constituidas y definidas por ley, como el INAH y el INBA.
A juicio de prestigiados abogados, la iniciativa mantiene y legitima el status quo (¡qué horror!); estructuralmente se presenta como un híbrido jurídico, ya que se define como ley federal, pero con mecanismos de ley general; su fundamento operativo es más económico que cultural, más administrativo que sustantivo; su ámbito personal de validez se dirige principalmente al gobierno federal, no al ciudadano; los órganos colegiados de coordinación institucional y con las entidades federativas que se proponen son una cobertura para legitimar decisiones unilaterales de la burocracia cultural e, igualmente, no crea mecanismos concretos de participación social, claros en la designación de miembros y vinculantes en la toma de decisiones. En suma, y en opinión de diferentes jurisconsultos, la iniciativa es autoritaria, antidemocrática, más semejante a un decreto administrativo que a una ley, un verdadero adefesio jurídico que debiera presentarse en las facultades de derecho como ejemplo de pésima técnica legislativa.
En el ámbito de las ciencias sociales, la iniciativa ha provocado un repudio que, siendo generalizado, no se puede considerar unánime. Néstor García Canclini manifestó su apoyo a la iniciativa y consideró a quienes se oponen a la misma como una izquierda anclada en el pasado, aferrada a un marco jurídico "anterior al video, a Internet y a las formas recientes de globalización del turismo y de las inversiones trasnacionales en cultura"; una izquierda que no se ha percatado de que México y el mundo han cambiado (¡es bueno saberlo!).
Paradójicamente, después de que la discusión sobre legislación y políticas culturales lleva más de 10 años desarrollándose dentro y fuera del INAH, en múltiples coloquios, mesas redondas, congresos y publicaciones, García Canclini declara el debate inexistente, lo considera un "no debate". Señala que "en los últimos años se ha desvanecido la discusión sobre qué políticas culturales necesitamos en México".
Tal vez García Canclini no se percató de la extraordinaria discusión pública que se dio hace pocos años, con motivo de la presentación el 28 de abril de 1999 de la iniciativa del senador Mauricio Fernández Garza para reformar la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política, misma que, al igual que ahora, violentaba el espíritu y la letra de la Carta Magna, promovía la privatización del patrimonio cultural, poseía una concepción de patrimonio cultural limitada y elitista, había sido elaborada sin tomar en cuenta a la comunidad científica, desmantelaba al INAH y al INBA y creaba incertidumbre laboral en estos organismos, promoviendo una reforma constitucional superficial, ociosa e intrascendente.
Gracias a la movilización de los gremialistas trasnochados, la reforma fue derrotada con argumentos y discusiones que trascendieron los ámbitos legislativos. A Canclini le parece un no espacio el Parlamento Alternativo, al grado de entrecomillarlo.
Si hubiera leído las ponencias presentadas en ese "foro de la izquierda" y las que en un número superior a la centena se presentaron en el cuarto Congreso de Investigadores del INAH (muchas sobre los temas que, según él, "la izquierda" desconoce o pasa por alto) se daría cuenta de que el debate está vivo y que las críticas a una iniciativa en particular -la de Bermúdez, la de la burocracia buscando legitimarse y legalizarse, la que exhibe una desmedida ambición por posesionarse de la política cultural del país para beneficio de los industriosos empresarios- están basadas en evidencias que deben rebatirse no con disquisiciones generales y descalificaciones a modo, sino en un análisis riguroso de las características de esta iniciativa de ley y del sector de clase que la sustenta.