SRA y conflictos agrarios: hechos y discursos
El día 12 de octubre pasado La Jornada publicó un artículo del licenciado Gilberto José Hershberger Reyes, subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), en el cual el funcionario busca desmentir mi afirmación de que esa institución ha fracasado en la solución de los conflictos agrarios y me acusa de falso, ignorante e irresponsable. Dice que "sin duda" desconozco los avances que se han obtenido en Oaxaca y que me equivoco al afirmar que el convenio-finiquito firmado entre la SRA y el comisariado ejidal de San Pedro Yosotatu es ilegal, debido a que no fue firmado por el secretario del comisariado, ya que la ley faculta a las asambleas generales para otorgar poderes; además, sin que venga al caso señala que abandoné la asesoría de San Pedro Yosotatu para irme al extranjero, cuando de todos es conocido que la asesoría no la tenía yo, sino un grupo colegiado de abogados.
Mucho debió molestar mi afirmación para que sea el mismo funcionario encargado de ese programa a nivel nacional el que salga a contradecirme, aunque en su descargo hay que decir que no es la primera vez que lo hace. El año pasado hizo lo mismo por vía privada, ofreciendo incluso información por lo que considera sus avances. Pero el punto en debate no es si han tenido o no resultados en otras partes del estado, que desde mi punto de vista no los han tenido, y así lo he argumentado en este mismo diario y en su suplemento Ojarasca. El punto es que en el caso específico del conflicto agrario por la invasión de las tierras ejidales de San Pedro Yosotatu por San Sebastián Nopalera, desde 1998, la SRA ha fracasado. Fracaso, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa algo malogrado, resultado adverso al esperado. Eso es lo que afirmo que ha sucedido.
Mi opinión, que el subsecretario rebate, se funda en la resolución del tribunal unitario agrario de Huajuapan de León, dictada el 2 de septiembre pasado, donde se declaró nulo el convenio con el cual la SRA pretendía dar por terminado el mencionado conflicto, no sólo porque faltara la firma el secretario del comisariado ejidal, como dice el subsecretario que afirmo, que no es cierto, sino porque lo firmó la representación de la SRA sin ser parte en el conflicto y, por tanto, sin personalidad jurídica ni interés legítimo para hacerlo, además de que con ese convenio se despojaba al ejido de San Pedro Yosotatu, dejándolo sin su patrimonio ejidal y sin que se siguieran los procedimientos legales establecidos para el caso. Ese fue, entre otros, el argumento del tribunal unitario agrario para anular el convenio, no el mío. Todavía más, el registro agrario nacional ha informado al mismo tribunal que el presidente del comisariado ejidal con quien se firmó el convenio no es ejidatario legalmente reconocido.
Además de su contenido, la resolución tiene importancia por otras razones, que en realidad son las que causan la molestia del subsecretario. Se trata de uno de los conflictos que el gobierno mexicano se comprometió a resolver el año pasado, cuando dio respuesta al informe del relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas. La otra es que desde el 28 de diciembre de 2004, en una gira por el estado de Oaxaca, el secretario de la Reforma Agraria, tal vez mal informado, anunció el conflicto como un asunto solucionado. A pesar de eso fue en marzo de este año cuando la unidad de comunicación social de esa dependencia anunció la ratificación del convenio, mientras los ejidatarios inconformes, que son la mayoría, solicitaban la protección de la justicia federal, al tiempo que iniciaban un juicio de nulidad contra el convenio que ahora ha sido declarado nulo.
Ahora el subsecretario afirma que la asamblea general del ejido "San Sebastián Nopalera" acordó entregar al ejido "San Pedro Yosotatu" 65 hectáreas de las 499 en disputa y así seguir construyendo un puente más de entendimiento entre ambos núcleos agrarios y, al mismo tiempo, atender las observaciones del tribunal unitario agrario. En otras palabras, los invasores ponen las condiciones y la SRA les da forma legal: los invadidos no cuentan. Pero hay que decir que el tribunal no hizo observaciones al convenio: lo declaró nulo de pleno derecho.
Existen otras cosas que se pueden comentar, pero no es mi intención debatir estérilmente mi punto de vista con el del subsecretario. Creo en la crítica y el diálogo constructivo. En mi artículo pasado terminé deseando que se rectificara la política que no ha funcionado. Ahora lo reitero. Ojalá y se haga. Por el bien de los campesinos. No por informar que se ha solucionado un conflicto cuando no es cierto.