Retos del sindicalismo democrático
Todo mundo coincide en que el tema del empleo es fundamental en la agenda nacional, la fuente que permite satisfacer nuestras necesidades personales y familiares. En él tenemos cifrado nuestro presente y futuro, es el espacio donde nos educamos y establecemos relaciones personales y lazos de cooperación. Identificamos claramente su valor cuando carecemos de él, no hay seguridad social, se afectan nuestra relaciones familiares y la angustia frente a necesidades insatisfechas nos agobia.
Una característica de nuestro tiempo ha sido la precarización de este valor social expresada en la inseguridad y el creciente ejército de indocumentados laborales, como son los propineros, los sujetos a contratos de honorarios, los falsos empleados de confianza, supuestos trabajadores por cuenta propia, subcontratados y muchas otras formas de simulación que tienden a despojar a hombres y mujeres de la posibilidad de vivir con elemental dignidad.
Los trabajadores requieren de la organización colectiva para impedir ser despojados de este derecho esencial, y sus formas asociativas deberían ser los sindicatos, que como en muchos otros países son actores fundamentales en el diseño de políticas públicas, en las concertaciones dentro y fuera de las empresas y en la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. Sin embargo, nuestra realidad transita en una vía opuesta: el sindicato se percibe en general como un coto de poder que opera en un auténtico submundo, como un negocio a favor de personajes que a toda costa mantienen la opacidad en sus actos, como obstáculos para el desarrollo de la sociedad.
Recuperar el sindicalismo y su actuación como representante de los trabajadores requiere reconocer que sus vicios son producto de un viejo modelo de complicidades de carácter corporativo, promovido y consentido no sólo por los líderes objeto de crítica, sino por las propias empresas y autoridades que lo consideran un "mal necesario". En consecuencia, la tarea de recuperación corresponde a la sociedad en su conjunto y no a los representantes corporativos de los sectores, que siendo parte del problema jamás aceptarían renunciar a sus privilegios. Se trata de un reclamo que debería ocupar un espacio fundamental en el seno de las organizaciones políticas, que en tiempos electorales plantean un tipo de sociedad diferente. No se puede hablar de democracia olvidando el mundo del trabajo.
Las organizaciones sindicales democráticas, como el Frente Auténtico del Trabajo, han luchado durante décadas por el saneamiento sindical. Sin embargo, se enfrentan a obstáculos difíciles de superar. Apenas inician la representación, educación o defensa, los mecanismos de represión se hacen sentir, mediante despidos, actos de violencia, casi siempre cobijados por la autoridad laboral. Basta recorrer cualquier estado de la República y confirmar la imposibilidad práctica de hacer respetar el derecho de asociación libre y de contratación colectiva de trabajo. Se consiente y se promueve la práctica viciosa de que el patrón escoja su sindicato, decida por los trabajadores e impida que los mismos cambien hacia otra organización de su preferencia.
La agenda del sindicalismo democrático se orienta a varios planos: en el interno, se necesita democracia y transparencia en todos los actos, particularmente en la rendición de cuentas; la libertad sindical se convierte en un requisito para esta renovación, si bien no suficiente. Una política permanente de formación sindical es el mejor instrumento para ello. En el vínculo con los empleadores, la clave está en favorecer mecanismos de concertación legítima y de responsabilidad recíproca, mediante una contratación colectiva de amplio alcance, que permita de manera informada diseñar modelos competitivos que sean a su vez satisfactores en el plano salarial y de condiciones de trabajo. El cambio de las reglas que rigen la celebración, revisión y terminación de los contratos colectivos es esencial. Hasta hoy subsiste una contratación colectiva con una agenda limitada y, lo que es peor, sin vinculación con las cadenas productivas ni instrumentos profesionales que la enriquezcan y la conviertan en el espacio privilegiado de entendimiento en el trato obrero-patronal.
Frente al Estado es menester superar los lazos de control que ahogan la autonomía sindical. El papel de la justicia laboral es esencial. Muchos esfuerzos serían inútiles si persiste el control de registros, tomas de nota y el falso tripartismo que, a través de las juntas de Conciliación y Arbitraje, encubre complicidades e impide contar con árbitros confiables que diriman las controversias laborales o sindicales.
Si consideramos que la recuperación gremial es una exigencia social, convendría convocar a la participación ciudadana en tareas que favorezcan la agenda de democratización. Dos medidas parecen evidentes: en primer lugar, promover la transparencia de información pública en la materia, para exhibir y denunciar los mecanismos de control, desentrañando las cavernas de la contratación colectiva de protección, junto con los apoyos que ejercen los liderazgos que se benefician de la corrupción laboral. La transparencia servirá por tanto para evaluar y calificar los comportamientos de los actores en estos procesos y, de una vez por todas, distinguir entre quiénes defienden intereses legítimos y quiénes solamente buscan preservar privilegios indebidos. Es urgente además que Estado y sociedad promuevan una educación sindical que permita potenciar la acción de los sindicalistas democráticos.
Lo fundamental es reconocer que del éxito de estos esfuerzos depende en buena medida no solamente el futuro democrático de nuestro país, sino la resolución de los grandes problemas y desafíos para lograr que sea más justo y competitivo.
Al Frente Auténtico del Trabajo en sus 45 años