MEXICO SA
Excedentes petroleros y deuda financian el gasto corriente
Las metas del paquete fiscal, sin sustento
En el caso Montiel todos se lavan las manos
Las rebanadas del pastel:
POCAS SEMANAS ATRAS se escucharon airados reclamos de algunos empresarios y funcionarios gubernamentales por el despilfarro que el Ejecutivo federal ha hecho con los excedentes petroleros, al utilizarlos mayoritariamente para cubrir gasto corriente y no destinarlos a inversión productiva.
TODO INDICA, SIN embargo, que el despilfarro no se limita a los excedentes petroleros, porque en 2006 -por primera vez en cuando menos una década- el gobierno federal pretende financiar gasto corriente con deuda pública, a pesar de que la legislación vigente expresamente lo prohíbe.
DE ACUERDO CON un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en 2006 se estima una inversión física de 78 mil 201 millones de pesos y un endeudamiento interno neto de hasta 180 mil millones de pesos, que en términos del producto interno bruto representan 1 y 2 por ciento, respectivamente. "Técnicamente, esto equivale a financiar gasto corriente con deuda, no obstante que el marco normativo establece que (el débito) sólo se destinará a la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos".
SEÑALA EL ORGANISMO del Legislativo que según la Secretaría de Hacienda, las necesidades brutas de financiamiento del gobierno federal, que cubren tanto las amortizaciones de la deuda como el endeudamiento neto interno, se estiman en 8 por ciento del producto interno bruto. En particular, el endeudamiento neto del gobierno federal programado para 2006, equivalente a 1.7 por ciento del PIB, resulta menor tanto al techo de endeudamiento interno neto (2.04 por ciento del producto) solicitado en la Iniciativa de Ley de Ingresos, como al déficit del gobierno federal (1.81 por ciento del PIB) proyectado para 2006, sin que exista una explicación de dicha diferencia en los documentos del paquete económico 2006.
EL CENTRO CONTEXTUALIZA la situación: durante el periodo 1995-2004, la inversión física del sector público presupuestario fue superior al endeudamiento neto, pero dicha tendencia se verá interrumpida a partir del siguiente año fiscal. En 2005, el endeudamiento neto aprobado es de 97 mil millones de pesos y la inversión física, al cierre de agosto, ascendió a 126 mil 361 millones de pesos. Para 2006 la situación se revierte y por primera vez se financiará gasto corriente con deuda pública.
CUANDO EL "CAMBIO" se sentó en Los Pinos la inversión física del sector público equivalió a 2.5 por ciento del producto interno bruto, mientras que el endeudamiento neto alcanzó 1.3 por ciento. Cinco años después, la relación fue de 1.5 contra 1.2 por ciento y para 2006 el gobierno federal, sin más, plantea que sea de 1 contra 2 por ciento, algo inusitado si se considera que la Ley General de Deuda Pública establece que el Ejecutivo federal al proponer los montos del endeudamiento del ejercicio fiscal correspondiente deberá proporcionar los elementos de juicio suficientes para motivar la propuesta.
PARA 2006, EL proyecto de presupuesto de egresos de la federación establece un superávit público presupuestario de 17 mil 607.2 millones de pesos, compuesto por un déficit del gobierno federal de 158 mil 996.5 millones y un superávit de entidades y organismos paraestatales de control directo de 176 mil 603.7 millones de pesos.
A SU VEZ, la Iniciativa de Ley de Ingresos 2006 solicita un endeudamiento neto interno hasta por 180 mil millones de pesos, y solicita contratar endeudamiento interno adicional al autorizado, siempre que se obtenga una disminución de la deuda pública externa por un monto equivalente al del endeudamiento interno neto adicional. También solicita emitir títulos en el exterior para refinanciar obligaciones del sector público a efecto de obtener un monto de desendeudamiento neto externo de al menos 500 millones de dólares.
ENTRE LAS FACULTADES del Congreso de la Unión se encuentra la de autorizar las bases sobre las cuales el Ejecutivo podrá celebrar empréstitos para aprobarlos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional, así como aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos. (Art. 73 f. VIII constitucional).
EL CONGRESO DE la Unión podrá autorizar la contratación de empréstitos bajo los siguientes supuestos: para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos; los que se realicen con propósitos de regulación monetaria; para operaciones de conversión; los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. En ningún momento se autoriza deuda para financiar gasto corriente.
EN OTRO ORDEN, el Centro explica que de 1995 a 2004, la razón deuda a producto interno bruto disminuyó 20.7 puntos porcentuales, al pasar de 45.7 a 25 por ciento del PIB. En los últimos años este indicador se ha mantenido en un nivel promedio de 25.4 por ciento del producto.
LA ESTRATEGIA DE financiar el déficit a través de fuentes internas y la política de no endeudamiento externo dio como resultado un cambio en la estructura de la deuda pública, por lo que a partir de 2001 la interna superó a la externa. Del total de deuda pública al cierre de agosto pasado, 62.2 por ciento es interna y 37.8 restante externa.
EL COSTO FINANCIERO del sector público presupuestario ha disminuido en términos del PIB, al pasar de 4.5 por ciento en 1995 a 2.7 en 2004. El pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda pasó de 3.7 por ciento en 1995 a 2.1 del PIB en 2004. Sin embargo, al cierre 2005 y el proyecto 2006 la tasa de interés real proyectada repuntará a 5.8 y 6.1 por ciento, respectivamente.
EN 2006, LAS erogaciones para cubrir los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca aumentarán 6.9 por ciento y los recursos fiscales para el IPAB 47.4 por ciento, en términos reales.
ARTURO MONTIEL REGALO jabones por doquier, porque en el caso de su fortuna por demás explicable y la obligada investigación de la autoridad, la Presidencia de la República ("no nos toca"), Hacienda y la PGR ("a nosotros tampoco") se lavan las manos. ¿Qué no la primera ordena, la segunda documenta y la tercera demanda? ¿Será que cada una de las instituciones pertenece a gobiernos distintos?