Esta semana el fiscal decidirá sobre la divulgación del nombre de una agente de la CIA

Acción legal contra la Casa Blanca, posible principio del fin del gobierno de Bush

Creciente división en la cúpula política republicana; siguen críticas a la guerra en Irak

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 23 de octubre. Esta semana podría marcar el principio del fin del gobierno de George W. Bush, o por lo menos dejarlo gravemente lesionado para el resto de su mandato.

Todo Washington está a la espera esta semana de que el fiscal independiente que investiga el papel de la Casa Blanca en divulgar la identidad de una agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a los medios decida o no presentar una acusación formal contra uno, dos o tal vez más de los estrategas políticos y altos funcionarios claves de este gobierno.

Parece obra de teatro, entre tragedia griega y un thriller cómico, con un elenco que incluye a los "cerebros" del gobierno de Bush: Karl Rove y Lewis Libby (el primero principal estratega político del presidente y el segundo el jefe de equipo del vicepresidente Dick Cheney), al propio Cheney, a otros integrantes del llamado grupo de Irak, incluyendo al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y en particular a sus ex segundos Paul Wolfowitz (ahora presidente del Banco Mundial) y Douglas Feith, quienes diseñaron y promovieron la guerra contra ese país, a varios medios que de alguna manera participaron en la guerra de propaganda bélica y, tal vez en el papel de figura heroica, un hombre de integridad profesional, universalmente respetado en el mundo de las leyes, hijo de inmigrante irlandés que fue portero de edificios de lujo en Nueva York, y quien podría hacer temblar a esta Casa Blanca, el fiscal especial Patrick Fitzgerald.

Fin al silencio por lealtad

Mientras todos esperan, se exhiben cada vez más las crecientes divisiones dentro de la cúpula política republicana, con figuras tan reconocidas como Brent Scowcroft, ex asesor de Seguridad Nacional y fiel amigo del ex presidente George H.W. Bush, y varios ex funcionarios del gobierno de George W. Bush, decidiendo que es hora de agregar sus voces al coro de crítica contra la política bélica de este gobierno. O sea, hay rupturas públicas que parecen marcar el fin de un silencio por lealtad a este gobierno.

Aunque el caso bajo investigación se centra en si algún funcionario del gobierno de Bush cometió un delito al divulgar la identidad clandestina de Valerie Plame -esposa del embajador Joseph Wilson, quien criticó a Bush por distorsionar la inteligencia sobre armas de destrucción masiva en Irak, y que se sospecha que en un intento de la Casa Blanca para descalificarlo se filtró el nombre de su esposa a algunos medios-, algunos especulan que el esfuerzo para encubrir esta maniobra ahora podría ser lo que coloque en peligro legal a la Casa Blanca.

El noticiero de CBS News recordó en este contexto, con imágenes del presidente Richard Nixon abandonando la Casa Blanca al renunciar a su puesto, que fueron las maniobras para encubrir un posible delito lo que provocó el escándalo de Watergate. No sólo eso, también entrevistó a David Gergen, alto funcionario en los gobiernos de Bush padre y de Bill Clinton, quien consideró que si Rove o Libby son formalmente acusados, el gobierno de Bush perdería su "brazo derecho" en un momento en el que "necesita todas las extremidades" para salvarse del desplome en el apoyo popular.

A la vez, este caso ya no sólo gira en torno a que si alguien violó alguna ley al filtrar el nombre de Plame a los medios, o si alguien después encubrió el hecho o buscó obstaculizar la investigación sobre esto, sino que reabre todo el debate sobre la manera en que este gobierno llevó al país a una guerra desastrosa.

De hecho, los engaños, los argumentos, las distorsiones de "inteligencia" y la manera en que un pequeño grupo tomó el control de la política exterior y de seguridad para promover y llevar a cabo la guerra, están de nuevo en el centro del debate nacional, ya que toda la investigación del caso Plame finalmente tiene que ver con esta gran maniobra bélica, y con todos sus participantes.

Esto, a la vez, ha provocado -o tal vez es coincidencia- que un creciente grupo de ex funcionarios del gobierno de Bush y otras influyentes figuras republicanas ahora denuncien la manera en que Bush y su equipo llevaron al país a la guerra.

La semana pasada el coronel Larry Wilkerson, brazo derecho del entonces secretario de Estado, Colin Powell, decidió romper el silencio y denunció que el secretario de Defensa y el vicepresidente crearon una "camarilla Cheney-Rumsfeld" que secuestró la política exterior de Estados Unidos.

Wilkerson, quien fue jefe de equipo del Departamento de Estado hasta principios de este año, advirtió que la política exterior de Estados Unidos está destruida. "Si uno va a declarar unilateralmente que el (Protocolo de) Kyoto está anulado, si uno declara que las Convenciones de Ginebra no son operativas, si uno hace una serie de cosas con las cuales el mundo no está de acuerdo y uno lo hace flagrantemente... sin gracia, entonces uno tiene que pagar las consecuencias", advirtió en un foro de la New America Foundation en Washington.

Que un marine, con 31 años de carrera, de los cuales más de 16 trabajó con Powell, condene a este gobierno, es muestra de que el orden y la disciplina interna se están desmoronando con la crisis que enfrenta la Casa Blanca. Wilkerson señaló que cuando la "camarilla" de Cheney y Rumsfeld lograron marginar al resto del gobierno en la toma de decisiones, el resultado es que "hemos cortejado al desastre en Irak, en Corea del Norte, en Irán, y generalmente en torno a crisis domésticas como Katrina", y advirtió que si ocurre otra crisis de seguridad nacional o una epidemia mayor, se verá como nunca en la historia la "ineptitud de este gobierno", reportó el Washington Post.

Pero Wilkerson no es el primero en decidir que es hora de romper con este gobierno. El ex asesor de Seguridad Nacional del gobierno de Bush padre, Brent Scowcroft, en entrevista que será publicada en la revista The New Yorker, cuestiona una vez más la forma en que este gobierno procedió con su política exterior y en particular la guerra en Irak, y abiertamente pone en duda su larga amistad con el vicepresidente Dick Cheney.

"La verdadera anomalía en el gobierno es Cheney. Lo considero un buen amigo, lo he conocido durante 30 años. Pero en este momento ya no conozco a Dick Cheney", según extractos de la entrevista que aparecerá en el próximo número de la revista.

Hay otros. Robin Raphel, coordinadora de asistencia para Irak en el Departamento de Estado, funcionaria con 28 años de carrera en el servicio exterior y ex secretaria asistente de Estado, se atrevió a decir recientemente que la invasión a Irak fue resultado de "una clara presión política", y que los expertos sabían desde el inicio que "no estábamos preparados", y que no sólo se llegó de manera precipitada a Irak, sino que "deberíamos haber esperado hasta haber construido una coalición internacional", reportó el diario Los Angeles Times.

También Richard Haas, quien fue alto funcionario del Departamento de Estado de este gobierno y ahora es presidente del Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, junto con otros ex integrantes o simpatizantes de este gobierno están expresando sus dudas, e incluso críticas severas, sobre la manera en que este gobierno ha obrado en el ámbito internacional.

Mientras que dentro de la Casa Blanca se espera la decisión del fiscal, afuera la especulación es intensa sobre quién será acusado o no en esta investigación, y cuáles serán las consecuencias políticas. Según varios analistas, el enfoque del fiscal especial sobre Libby podría implicar al propio Cheney, ya que fue el vicepresidente quien encabezó el equipo que promovió la guerra contra Irak, y Libby, cumpliendo órdenes de su jefe, el encargado de elaborar los argumentos, incluyendo los presentados ante la Organización de Naciones Unidas, sobre la supuesta amenaza de las armas de destrucción masiva en manos del régimen de Saddam Hussein.

Pero en su gran esfuerzo por encubrir sus razones reales para la guerra contra Irak y defender las justificaciones que habían elaborado, sospecha el columnista Frank Rich del New York Times, los estrategas de la Casa Blanca podrían haber cometido un posible delito menor al intentar callar a un crítico que intentaba revelar sólo parte de la verdad. Con ese error podrían haber puesto en jaque su propio proyecto político.

Aun si el fiscal decide no presentar cargos formales -lo cual sorprenderá a muchos observadores después de dos años de investigación- las revelaciones sobre la manipulación de la opinión pública para promover la guerra continuará provocando problemas de credibilidad para este gobierno ante su propio pueblo.

Esta semana se verá si este juego acaba en jaque mate para algunos de los alfiles dentro de la Casa Blanca, lo cual podría significar el fin del juego político del presidente... por lo menos en el tablero de la seguridad nacional y la guerra en el cual, hasta hoy, ha jugado como rey.