Editorial
Aduanas, turbiedad oficial
En su edición del pasado sábado, este diario informó de los avances en el hasta entonces silencioso proceso de privatización de las aduanas nacionales, el cual se ha realizado a espaldas de la opinión pública, al margen ya no de la legalidad, sino hasta de la decencia, y cuya beneficiaria oculta es, al parecer, la familia de la esposa del presidente Vicente Fox.
Debe considerarse, por principio de cuentas, que el control de las aduanas ha sido, desde hace mucho tiempo, un pilar de la corrupción imperante en la administración pública y un negocio multimillonario para las mafias de la economía informal y el contrabando. En un espíritu de transparencia gubernamental, esa circunstancia ameritaría, por sí misma, que cualquier decisión en esta materia fuera escrupulosamente sometida al análisis, la discusión y el escrutinio públicos. Sin embargo, las disposiciones orientadas a otorgar "títulos de autorización para prestar servicios de facilitación del reconocimiento aduanero de mercancías" (sic), fueron publicadas de la manera más discreta posible en el Diario Oficial de la Federación del pasado 11 de octubre, sin que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de ésta, dijeran una palabra. Por lo demás, es revelador de la intención furtiva el que una decisión de esta magnitud haya sido atribuida a una instancia ínfima del organigrama: la Administración General de Innovación y Calidad.
La desincorporación aduanal es un tema de interés público, además, por la importancia de los recursos que esta actividad representa para las arcas públicas y por el elevado monto de las ganancias que obtendrían los concesionarios particulares. Funcionarios de la Administración General de Aduanas (AGA) estiman que ese negocio de operación aduanera podría representar a sus beneficiarios utilidades de entre 2 mil y 3 mil millones de dólares anuales.
Adicionalmente, para una sociedad agraviada desde hace tres sexenios por el saqueo de bienes nacionales disfrazado de procesos de privatización, cualquier medida que ponga bienes o actividades reservados a la nación en manos privadas, ya sea nacionales o extranjeras, debe ser minuciosamente considerado y condicionado a un consenso. De otra manera, la administración actual da la razón a quienes la acusan de continuar al pie de la letra las líneas económicas depredadoras, la arrogancia tecnocrática, la insensibilidad política y la corrupción que caracterizaron a las presidencias de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
Por añadidura, la maniobra mencionada podría traducirse, si la sociedad no la impide, en el atropello de los derechos laborales de unos 8 mil trabajadores de la AGA, los cuales serían despedidos y remplazados por personal contratado por las personas físicas o morales beneficiadas por las concesiones que ofreció el SAT.
Es imprescindible, por la salud de la República, que el Congreso de la Unión tome de inmediato cartas en el asunto y esclarezca este nuevo episodio turbio de una administración la foxista que a estas alturas naufraga en la incoherencia, la falta de transparencia, la ausencia de propósitos nacionales y, según múltiples indicios, la corrupción inveterada.