Revés judicial los obligaría a desalojar predios en que reconstruyeron la empresa
Se perfila fallo de la Corte contra Pascual, señalan cooperativistas
Peligran 2 mil puestos de trabajo; hoy realizarán manifestación en defensa de su patrimonio
La Cooperativa de Trabajadores de Pascual denunció ayer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría emitir este martes un fallo en su contra para obligarla a desocupar los predios en que hace 23 años reconstruyó sus dos principales plantas, lo que la obligaría a cerrar sus centros de producción en el Distrito Federal y afectaría más de 2 mil empleos.
En conferencia de prensa, el presidente del consejo de administración de Pascual, José Luis Ruiz Cerda, sostuvo que en una inexplicable, arbitraria y "amañada" acción legal, varios ministros de la Corte se han pronunciado en contra del decreto de expropiación de los terrenos que el Gobierno del Distrito Federal otorgó en febrero de 2003 a la cooperativa.
Acompañado por el pleno de este consejo, anunció que una vez más lucharán por su fuente de trabajo, que no están dispuestos a desocupar los predios, que irán ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que acudirán a otras instancias de representación mundial. Buscarán otros recursos legales e incluso hoy realizarán una manifestación, y ya tienen el apoyo del Frente Sindical Mexicano, organizaciones campesinas y muchas más, que los respaldarán en las movilizaciones y demás acciones que emprendan.
Ruiz Cerda explicó que hasta ahora cinco ministros se han pronunciado sobre este asunto, de los cuales, extrañamente y sin fundamentos sólidos, cuatro lo hicieron en su contra; agregó que los han tachado de ser un "minigrupo", han confundido el concepto de empresa con el de cooperativa y han desconocido toda la historia de lucha de los trabajadores de Pascual.
Añadió que únicamente la ministro Olga Sánchez Cordero ha reconocido el beneficio colectivo de esta industria, que no sólo genera 5 mil 500 trabajos directos -2 mil en el Distrito Federal-, sino más de 50 mil indirectos; incluso todo la producción de algunos ingenios es adquirida por la cooperativa -no usa alta fructuosa, sino azúcar- y cientos de productores dependen de la venta a Pascual, que adquiere 75 por ciento de la producción de mango manila del país y en total compra 50 mil toneladas de fruta al año y 35 mil de azúcar.
Sin embargo, todo indica que en la sesión de hoy de la SCJN se fallará en contra de la cooperativa, por lo que el peligro del desalojo es real e inminente, según expuso a su vez Salvador Torres, ex presidente del consejo de administración.
Quince años de esta demanda
Por laudo emitido por la Junta de Conciliación y Arbitraje el 30 de octubre de 1984, la Sociedad Cooperativa Pascual inició operaciones con los bienes adjudicados a su favor en los inmuebles de las dos plantas de producción ubicadas en las colonias Tránsito e Insurgentes.
Pero cinco años después, en junio de 1989, Victoria Valdez Cacho de Jiménez -esposa del antiguo propietario de la empresa- demandó a la cooperativa por "juicio reivindicatorio", que significa la solicitud de devolución de los bienes inmuebles donde se encuentran asentadas las plantas de producción.
El 8 de marzo de 1999 el juez de primera instancia declaró infundado el incidente de liquidación, y a partir de esa fecha Valdez Cacho se dedicó a agotar otros recursos legales mediante amparos y apelaciones.
Incluso cuando la cooperativa hizo contacto con ella para negociar la situación de los terrenos y le propuso pagarle una renta mensual de un millón de pesos o comprarle los inmuebles, no aceptó ninguna opción, no quiso arreglo.
En 2003, después de un amplio estudio jurídico basado en el análisis del caso, el jefe del gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, expropió los inmuebles.
El asunto llegó hasta la SCJN, que ahora da la espalda a los trabajadores, de acuerdo con el consejo de administración de la cooperativa, que advierte que si se falla en su contra y es obligada al desalojo de los bienes expropiados, la cooperativa "se vería en la necesidad de cerrar sus centros de producción en el Distrito Federal y, por consiguiente, de prescindir de la fuerza de trabajo en esta entidad, aumentado el desempleo y afectando directamente a las familias de más de 2 mil trabajadores", dijo Ruiz Cerda.
El presidente de la Unión de Juristas, Eduardo Miranda Esquivel, señaló que en primer lugar esta cooperativa ya es propietaria de los inmuebles porque ha estado en posesión de los mismos desde hace 23 años.
Añadió que independientemente de que el gobierno podría volver a plantear otro decreto de expropiación, se buscarán otras salidas jurídicas, como llevar el caso a las cortes internacionales; por ejemplo, a la OIT, e incluso se estudiaría la posibilidad de demandar legalmente a los ministros.