La decisión, esta semana
En riesgo, 5 mil empleos si se falla contra Pascual
De mantenerse el sentido expuesto en la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), efectuada el pasado jueves, cuando se inició la discusión del decreto expropiatorio en favor de la Cooperativa Pascual, el máximo tribunal del país daría la razón a la propietaria del inmueble.
Sólo los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza apoyan la legalidad del decreto expropiatorio, expedido el 19 de febrero de 2003 por el entonces jefe de Gobierno capitalino Andrés Ma-nuel López Obrador, mientras el ministro ponente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, además de Genaro Góngora Pimentel, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Ramón Cossío y José de Jesús Gudiño Pelayo, han manifestado que el decreto expropiatorio es inconstitucional.
La Corte podría dictaminar este asunto hoy en caso de que la discusión de los asuntos pendientes así lo permita.
Lo que deberá resolver el máximo tribunal es si el decreto expropiatorio que favorece a Cooperativa Pascual es legal, o bien concede la razón a la propietaria de los predios que ocupa la empresa en el Distrito Federal, lo que implicaría el desmantelamiento de sus instalaciones.
La decisión de la Corte en contra del decreto expropiatorio pondría en riesgo el empleo de 5 mil trabajadores, además de contratos de Pascual con proveedores y recursos fiscales que recaudan los gobiernos federal y del Distrito Federal.
"Razón a la quejosa"
El análisis elaborado por el ministro Ortiz Mayagoitia plantea conceder la razón a la propietaria del inmueble, Victoria Valdés Cacho viuda de Jiménez, lo que obligaría a la cooperativa a entregar a esta persona nueve predios y edificaciones ubicados en las delegaciones Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
El proyecto considera que el decreto no demuestra que la expropiación tenga utilidad pública y, por tanto, debe darse la razón a la quejosa, postura que apoyan, entre otros, Genaro Gongora Pimentel, quien rechaza que la decisión obligaría a la empresa a cerrar sus plantas en la capital.
En cambio, Sánchez Cordero considera que está plenamente fundamentada la utilidad pública en favor de Pascual, no sólo por la cantidad de familias beneficiadas, sino porque se trata de una empresa nacional que genera empleos.
La cooperativa "es de trascendental importancia y de verdadera utilidad pública en un país como el nuestro, en el que las políticas públicas de generación de empleos son todavía limitadas y no satisfacen los requerimientos de la población".
La ministra considera que dada la situación económica, el Estado debe hacer un esfuerzo por conservar la mayor cantidad de fuentes de trabajo. En tanto, añade, la necesidad de la sociedad de tener más personas empleadas es más importante que el beneficio particular de una persona, en este caso la propietaria.
La ministra Sánchez Cordero subraya que Cooperativa Pascual es uno de los "últimos resquicios" de la industria netamente mexicana en el sector cooperativo, lo que implica la protección de la propia industria nacional del ramo.