La gramática de las culturas
La iniciativa sarista y foxista -en ese orden- de ley de fomento y difusión de la cultura proyecta una imagen más en el espejo de la privatización de la vida, desde los genes hasta las artes, pero también reitera la posición hegemónica de formular la llamada cultura en singular a contrapelo de las muchas y muy diversas culturas que persisten en nuestro país, que no necesariamente pasan por el esquema burocrático que dicho proyecto postula ni tampoco son ajenas a los avances tecnológicos por más que sean originarias de lo que hoy llamamos México.
En el documento presentado a la Cámara de Diputados, en ese común uso discursivo "políticamente correcto", no se "olvidan" de enunciar elementos de las culturas indígenas y los pueblos "con rasgos y costumbres únicas asentados en la rica y diversa geografía del país". Así ubican que "En el campo de la cultura, estas manifestaciones en su forma material se conocen como bienes tangibles y comprenden a los bienes corpóreos, como las edificaciones y el mobiliario arqueológico e histórico, pinturas, esculturas, libros, sellos postales, fotografías, filmes y otros bienes artísticos. Las manifestaciones inmateriales se conocen como bienes intangibles, que son aquellas como los cánones estéticos, las lenguas, las tradiciones indígenas, rurales y urbanas, las costumbres generacionales, las creencias, la historia y la religión, entre otros".
Queda así asentada la tesis de que "las lenguas y tradiciones indígenas" son intangibles, pero los muy tangibles lugares sagrados de los pueblos conocidos como monumentos y "vestigios arqueológicos" no se vinculan con las culturas de los pueblos indígenas, además de tantos y tantos saberes que no entran en la consideración oficial de "la cultura".
La iniciativa dice poco del concepto y formas de fomento y difusión, cuya ausencia en materia indígena ha contribuido al muy explícito silencio e invisibilidad de los pueblos con su saldo de discriminación, del cual, por cierto, es ejemplo la propia redacción del texto. En cambio aparecen claramente las nada democráticas intenciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) de controlar instituciones que, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y en ciertos momentos el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), han representado espacios promotores de la investigación y la cultura vinculados expresamente a un concepto diametralmente opuesto a las llamadas "industrias culturales", de las cuales se dice poco porque poco se quiere decir: se trata sólo de legitimarlas como instrumento de política "cultural" en el cual caben iniciativas pequeñas, medianas y grandes, nacionales y trasnacionales.
Sin ambigüedad alguna, el CNCA delinea la parcela burocrática, cuya adjudicación pretende: "realizará la revisión y análisis integral de los proyectos de programas de los órganos desconcentrados y entidades del subsector cultura, para asegurar su congruencia global, la optimización de sus recursos y su evaluación, así como para llevar a cabo la gestión presupuestaria correspondiente", señalando además que deberá proponer el nombramiento y remoción de los titulares de éstas y de los órganos desconcentrados.
Por lo demás, esta propuesta legislativa retrata la línea ya común de convertir en ley cualquier ocurrencia de los funcionarios del Ejecutivo en turno en un curioso afán de perpetuarse y "trascender", pues son varias las leyes a modo que desplazan los ejes normativos para afectar incluso otras disposiciones constitucionales y legales. En este caso tranquilamente deciden suprimir facultades de la Secretaría de Educación Pública, sin que siquiera se proponga la consiguiente modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública o a la Ley General de Educación. También en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable "crearon" sus propias instancias por encima de lo que establece la Constitución en el caso de los municipios.
Ahora bien, esta intención legislativa "sarista y foxista" es factible porque el Congreso de la Unión ha consolidado los "usos y costumbres del mercadeo" y porque todo lo que implique sometimiento de instituciones democráticas y posibilidad de apertura de espacios del capital a funciones que antes eran públicas es favorecido por la hegemonía de la clase política representada, sobre todo en el PRIAN, y en cuyas redes, en ocasiones significativas, la representación de izquierda ha participado en aras de mostrar "vocación de poder", como razonaron los senadores perredistas al votar a favor de la contrarreforma indígena 2001. Y, como bien decía Mario Payeras, "en política no basta tener la razón": seguramente el sindicalismo democrático y el universitario, apoyados por sectores de la sociedad civil, se movilizarán para hacerla valer.