El ilícito provoca pérdidas por 110 mil millones de pesos anuales, afirma Concamin
Concesión de operaciones en aduanas a la IP no ha frenado el contrabando
Hacienda se niega a revelar nombres de empresas que buscan nuevas autorizaciones
El contrabando de mercancías, que provoca pérdidas por aproximadamente 110 mil millones de pesos anuales, no ha sido frenado a pesar de que la Secretaría de Hacienda ha otorgado la concesión al sector privado para realizar operaciones de apoyo, control y dictamen para el "segundo reconocimiento" de mercancías en las aduanas.
Informes proporcionados por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que encabeza León Halkin, señalan que el contrabando y la piratería han provocado el cierre de más de 700 mil plazas. Sólo durante 2001 y 2002 el contrabando logró colocar en el mercado interno productos con valor superior a 70 mil millones de dólares, lo que ha significado pérdidas multimillonarias a la industria nacional.
Además, en la industria de los discos compactos el ilícito genera la evasión de impuestos al gobierno federal por 800 millones de pesos anuales, según reportes de la Asociación Protectora de los Derechos Intelectuales Fonográficos y de la unidad contra la delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República.
Las nuevas concesiones que otorgará la Secretaría de Hacienda para operar en las aduanas se mantienen en el misterio, porque las autoridades hacendarias rehusaron dar a conocer el nombre de las empresas y sus consejos de administración que participan en la licitación, cuya resolución se publicará el primero de noviembre. Indicaron que el nombre de la firma ganadora se divulgará oportunamente, así como el de los empresarios que la conforman.
Indicadores de la Concamin señalan que a consecuencia de la comercialización de productos piratas y de contrabando, así como de mercancía robada a escala nacional, las empresas de electrodomésticos, equipos de computación, textiles, calzado, juguetes, fonogramas, videos, vinos, licores y libros registran pérdidas por 110 mil millones de pesos.
Según el reporte de los industriales, el consumo de productos ilegales favorece la corrupción, la delincuencia y el deterioro tanto de las finanzas personales como de la economía nacional.
Frente a este fenómeno es necesario mejorar la infraestructura aduanera y lograr su mejor equipamiento y sistematización, para agilizar los procedimientos que realizan. En estas tareas deben participar los usuarios, los agentes aduanales y las autoridades, para que los cambios sean concretos.
La información que tiene el sector privado indica que en el mercado de juguetes, 80 por ciento son de procedencia china, pero tienen certificación legal. Eso quiere decir que por lo menos 20 por ciento son introducidos de manera ilegal.
Los representantes de la iniciativa privada plantearon la necesidad de que las autoridades federales entren de lleno al problema, como ya lo han hecho con la industria textil y del vestido, porque el contrabando no se limita a un camión, una aduana o una brecha.
Es necesario consignar a proveedores, transportistas y distribuidores que operan en puntos de venta que es evidente que son ilegales y participan en esta cadena de ilícitos. Sólo de esa forma se protegerá a la planta productiva y se incrementará la recaudación de impuestos.
De acuerdo con un estudio de la comisión de seguridad de la Concamin, hay más de ocho millones de mexicanos dedicados a la economía informal, y la mayoría distribuyen mercancía pirata, de contrabando o robada.
Los industriales precisaron que los contrabandistas y la piratería no sólo dañan económicamente al país, sino también generan una lesión aún más grave y difícil de corregir: socavan los fundamentos morales de la sociedad, porque hacen un gran negocio de un ilícito y aniquilan las fuentes de empleo de miles de mexicanos.