Las cuentas públicas de sus primeros años de gobierno ya fueron aprobadas, expone
Exonera Congreso mexiquense a Montiel de presunto enriquecimiento ilícito
Toluca, Mex., 25 de octubre. Luego de efectuar diversos análisis jurídicos sobre las facultades y las competencias en materia de fiscalización, el Congreso del estado de México se declaró incompetente para iniciar una investigación contra el ex gobernador Arturo Montiel Rojas por presunto enriquecimiento ilícito, y lo exoneró de responsabilidad en el manejo de los recursos del erario durante sus primeros cinco años al frente de la entidad, toda vez que ya fueron aprobadas las cuentas públicas de esos ejercicios.
De acuerdo con un informe que entregó Octavio Mena Alarcón, titular del Organo Superior de Fiscalización de la Legislatura a la Junta de Coordinación Política, se establece que la única forma en la que el Congreso puede intervenir es a solicitud de una autoridad fiscal, en este caso Hacienda, o mediante la petición de alguna procuraduría de justicia, por estar relacionado con una averiguación previa.
Ante este escenario, los diputados panistas ya estudian la posibilidad de presentar una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado o la General de la República por un presunto enriquecimiento ilícito del ex mandatario -sumido en el escándalo por los depósitos millonarios que efectuaron sus hijos durante 2000 y 2001 y las adquisiciones de inmuebles que realizó su esposa, Maude Versini, cuando Montiel era gobernador-, lo que obligaría al Ministerio Público a solicitar un dictamen contable al Congreso y a la Contraloría del estado, acerca de la imputación.
Octavio Mena Alarcón, titular del Organo Superior de Fiscalización, argumentó que el Poder Legislativo no tiene posibilidades de intervenir en la fiscalización de los recursos que ejerció la administración de Montiel Rojas en sus primeros cinco años de gobierno, ya que las cuentas públicas de 1999 a 2004 ya fueron aprobadas por los diputados.
Mena Alarcón también declaró que Montiel no tiene responsabilidad en caso de alguna irregularidad en el manejo del erario, ya que así lo establece el artículo 40 de la ley de fiscalización de estado, que indica que una vez "calificada por la Legislatura la cuenta pública del estado, cesa toda responsabilidad del gobernador respecto del contenido de la misma, subsistiendo en la que hayan incurrido los responsables directos del manejo de fondos y recursos que les resulte de la revisión de las cuentas parciales que cada uno haya rendido".
El informe sólo dejó satisfechos a los priístas, quienes desde un inicio habían referido que no se podría iniciar una indagatoria contra el ex mandatario, sino hasta que hubiera una solicitud de alguna autoridad federal o bien una denuncia por desvío de recursos.
El coordinador de los panistas, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, manifestó que buscarán alternativas para verificar si Montiel desvió recursos del erario durante los años en que sus hijos hicieron los depósitos millonarios a sus cuentas particulares.
El PRD no ha ofrecido una postura oficial, debido a que sus legisladores no asistieron a la reunión que se sostuvo con el titular del OSF.
Por comprobar, 5 millones
Mena Alarcón manifestó que de las observaciones que se hicieron a la cuenta pública de 2004, del orden de los 3 mil millones de pesos, el gobierno del estado ha solventado casi en su totalidad las presuntas irregularidades.
A la fecha, dijo, existen observaciones administrativas por 56 millones de pesos al gobierno del estado, que culminarán en recomendaciones, y sólo falta por comprobar el manejo de 5 millones de pesos por concepto de obra, del ejercicio fiscal pasado, lo cual sí puede generar acciones resarcitorias.
Por su parte, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de México "dio vista" a la Secretaría de la Contraloría mexiquense sobre el "incumplimiento" de la coordinación de comunicación social estatal, de difundir información sobre los gastos que Arturo Montiel realizó en publicidad, tanto en medios impresos como electrónicos, durante 2004 y 2005, adelantó el comisionado de ese instituto, Luis Alberto Domínguez.
Entrevistado en el IFAI, durante el anuncio sobre la realización del cuarto Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, destacó que el instituto mexiquense ya ordenó a esa coordinación hacer pública la información, porque "no hay razón alguna para clasificarla" como confidencial.