Ministros, elite desclasada e insensata: legisladores

La tendencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de favorecer a la esposa de un propietario afectado por una expropiación legal en el Distrito Federal, con la consecuente afectación a la empresa refresquera Pascual, la cooperativa de trabajadores de México más exitosa, generó el rechazo de diputados federales y senadores, así como de las dirigencias nacionales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT). Los legisladores acusaron a los ministros de ser una "elite desclasada, insensata y defensora de intereses personales".

Mientras senadores de PRI, PAN y PRD consideraron que la Corte debe valorar a fondo su resolución en torno a este asunto, ya que de decidir en favor del particular que demanda los terrenos expropiados en los que se asientan las instalaciones de la cooperariva, afectaría a miles de trabajadores y a una lucha obrera histórica que merece todo respeto y consideración.

Por su parte, las dirigencias del PRD y del PT subrayaron que si los ministros fallan en contra de la legalidad de la expropiación de los terrenos que actualmente ocupa la cooperativa -ordenada en 2003 por Andrés Manuel Lopez Obrador, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal- confirmarán una decisión que beneficia "intereses privados por encima de causas sociales", además de que el litigio se inscribe en una estrategia neoliberal que busca el debilitamiento de las vías sociales para privilegiar los grandes intereses privados.

Francisco Saucedo, diputado del PRD y presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo, argumentó que aquella expropiación se fundamentó en la utilidad pública, porque la cooperativa garantizaba la creación de empleos, y así lo hizo, porque en 2004 se generaron mil nuevas fuentes de empleo.

Su compañero de bancada Miguel Alonso Raya consideró una perversidad de la SCJN que con criterios leguleyos pretenda resolver un conflicto sin importarle el impacto para las familias de los cooperativistas.

Cuestionó que con el "superfluo argumento" del cumplimiento irrestricto de la ley, los ministros pretenden favorecer a una persona que ni siquiera fue la dueña original, porque su pareja -ahora finada- fue la titular de los predios ubicados en Insurgentes Norte y la colonia Tránsito.

"Me parece que esta casta que ocupa la Corte es insensible, insensata y defensora de intereses personales, sin importar las historias que hay detrás de la Cooperativa Pascual; nadie está planteando que violen la ley, sólo se está pidiendo que hagan una interpretación adecuada de ella", indicó.

El coordinador del grupo parlamentario del PT, Alejandro González Yañez, reveló: "La información que tenemos es que hay gente cercana al PAN y a la Presidencia de la República, así como a la esposa de Vicente Fox, involucrada en el asunto de la Cooperativa Pascual; parece que esos terrenos eran propiedad de un familiar de alguien que hace encuestas al PAN y a la Presidencia, por lo que creemos que es una decisión completamente sesgada, fundamentada en consideraciones políticas y, obviamente, con objetivos de lucro. Es inaceptable que la Corte se haya convertido en ventanilla y oficialía de partes de la Presidencia de la República".

"Estamos hablando -añadió- de que a la mala, por la vía del argumento leguleyo, pretenden acabar con este éxito, y su objetivo es evitar que sigan avanzando, porque ponen en jaque a las refresqueras con perfil capitalista y a las trasnacionales que han hecho de México el país número uno en consumo de bebidas gaseosas".

Para el legislador priísta Carlos Flores Rico, la lucha de la Cooperativa Pascual "es una historia de esfuerzo, y me parece que lo menos que requiere es el apoyo y la comprensión de la sociedad. La ley debe estar encima de todos, pero habrá que revisar si detrás de la resolución no hay vicios, interés o zonas oscuros que pudiera ser competencia desleal de otra empresa comercial".

A su vez, el senador priísta Carlos Rojas expuso: "Ojalá la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome en cuenta que la Cooperativa Pascual surgió de una huelga en la que hubo incluso sindicalizados que perdieron la vida, y que después se luchó durante años para levantar esa empresa refresquera, luego de un esfuerzo notable", y que un fallo en favor de los herederos, "de quien masacró a los trabajadores, sería una puñalada para ese proyecto, que es ejemplo de lo que puede lograrse cuando los trabajadores se organizan".

Por su parte, el panista Francisco Frayle, secretario de la Comisión de Trabajo del Senado, dijo confiar en que el máximo tribunal del país fallará en favor de los trabajadores de Pascual, pero de no ser así, el Estado mexicano tiene que encontrar un mecanismo para que la refresquera no salga del mercado y continúe operando.

Igualmente, la senadora perredista Leticia Burgos apeló al criterio jurídico de la SCJN. Sostuvo que no se entendería un fallo en contra de quienes han protagonizado una de las principales luchas obreras de los tiempos recientes, que luego tuvieron que enfrentarse a las grandes trasnacionales refresqueras para sobrevivir como lo han hecho.

A su vez, el Comité Ejecutivo Nacional perredista planteó que en los últimos tiempos las determinaciones de la Corte no se han inclinado del lado de los grandes intereses nacionales, sino que "fortuitamente" han recaído en beneficios para unos cuantos. Agregó que la máxima instancia del Poder Judicial de la Federación perdió credibilidad de manera sustancial cuando, mediante su presidente Mariano Azuela, avaló el proceso de desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, el PRD aclaró que si la decisión judicial es contraria a la cooperativa, se entablará una lucha solidaria con los trabajadores para lograr el restablecimiento de intereses mayoritarios, más allá de una decisión que privilegiará a unos cuantos.

Al respecto, José Narro Céspedes, integrante de la directiva nacional petista, señaló que consumar una acción de esta naturaleza sería muy grave para el movimiento cooperativista que ha sido severamente golpeado por los gobiernos neoliberales de los últimos años. Se trata de una empresa que ha trabajado exitosamente, dijo, aunque ponderó que no extrañaría que la Corte validara una decisión que abonará en favor de la política neoliberal en boga, en detrimento de la clase trabajadora.

Georgina Saldierna, Roberto Garduño y Renato Dávalos