Stan, Wilma y la reforma electoral
Gran parte del territorio nacional vive una situación de tragedia. Su población, al golpe despiadado de los huracanes, ha sido diezmada por la muerte, ha visto cómo el agua ha hecho desaparecer sus hogares, arrastrado sus bienes y multiplicado sus males. La ayuda, a pesar de los apoyos y la solidaridad de la gente del resto del país, fluye con lentitud y ante la magnitud de la desgracia sigue siendo insuficiente.
Es preciso echar mano de todos los recursos que sea posible y existe una bolsa, cuantiosa, que debiera destinarse ya, con urgencia, a aliviar los males de los damnificados y a la reconstrucción de las regiones devastadas. Ya se ha hecho alguna mención de ella: se trata de los recursos asignados a los partidos políticos para que los eroguen en esta etapa electoral que ya arrancó.
Hace algunos días, cuando había golpeado Stan, pero aún no azotaba Wilma, se planteó con timidez -no fuera a ser que luego faltaran recursos para la publicidad de campaña- que un 10 por ciento del presupuesto de los partidos pudiera destinarse a enfrentar los efectos del desastre. La derivación de esos fondos para atender la reparación de los daños de los huracanes debiera ser no de 10 por ciento sino mucho mayor: de todo lo que usualmente se destina para promoción de candidatos y partidos en los medios electrónicos de información, esto es, de 80 a 85 por ciento del presupuesto asignado por el IFE a los partidos, alrededor de unos 3 mil millones de pesos, lo que resulta una cantidad nada despreciable. De paso, podría realizarse la verdadera reforma electoral -lo que buena falta está haciendo-, la que permitiera reducir tiempos y costos de las campañas, que ha sido demanda legítima de muchísima gente, con plena razón irritada ante los excesos de campañas, precampañas, candidatos y precandidatos.
Dar este paso sería importante, pues la reforma electoral ha ido avanzando a pequeños saltos y se encuentra todavía inconclusa. La gente reclama reducir y transparentar los gastos de las campañas, reclama se llame a las cosas por su nombre, empezando porque las supuestas precampañas se reconozcan como campañas y sean así consideradas por la ley en los cómputos de gastos y tiempos, pero precandidatos y candidatos y sus partidos se resisten a la más mínima supervisión de esa etapa de gastos excesivos y ofensivos y, desde luego, buscan evitar el más mínimo recorte.
Las medidas más efectivas, aquellas donde se encuentra la respuesta a las exigencias populares, esto es, la verdadera reforma electoral está 1) en establecer y acotar en la ley los tiempos en los que exclusivamente pueda hacerse propaganda político-electoral, y 2) en reducir los costos de las campañas.
Para disminuir los tiempos bastaría legislar estableciendo duraciones de las campañas oficiales que no rebasaran, por ejemplo, los 90 días en el caso de una campaña presidencial. Estos serían los tiempos únicos en los que estuviese permitido hacer campañas, tanto en medios electrónicos como de contacto directo con la ciudadanía.
Para bajar los costos de las campañas habría que tomar el ejemplo de las democracias más avanzadas, en las que no está autorizada la compra de tiempos comerciales en televisión y radio, que es el renglón en el que más gastan candidatos y partidos. Estos tiempos son asignados a los partidos por la autoridad electoral de manera equitativa; en varios países esos tiempos son iguales, en otros proporcionales de acuerdo con los votos recibidos en la elección anterior. Al adoptar este tipo de mecanismos, se evitaría que el partido o candidato con más dinero fuera el que tuviera mayor presencia en los medios electrónicos, como ofensivamente sucede en la actualidad.
En el caso de nuestro país, si se quiere verdaderamente llegar a una solución de fondo, la asignación de tiempos en televisión y radio para propaganda electoral podría establecerse como condición de las concesiones que el Estado otorga a los operadores de los medios. Con ello no habría costo adicional para nadie en los pocos meses o semanas en los que fuese válido realizar propaganda electoral.
Ante la desgracia y la necesidad de centenares de miles de damnificados, ante sus apremiantes y urgentes necesidades, ante la destrucción de viviendas y de importantes infraestructuras productivas y de servicios, bien podrían nuestros legisladores dar un paso que sería altamente apreciado por la población y llevar a cabo una reforma electoral de la mayor trascendencia, con lo que no volverían a darse los excesivos gastos de recursos aportados por los ciudadanos para propaganda electoral en los medios y, al mismo tiempo, dictar medidas para que se revisen los presupuestos de 2006 y para que los recursos que están ya destinados a los partidos políticos se asignen en su mayor proporción a la población afectada por los huracanes y a reparar los tremendos daños que han dejado como secuela en vastas regiones del país.