PRI y AN avalan la creación de fideicomiso para la administración de justicia
Respalda comisión camaral fondos discrecionales del Poder Judicial
La mayoría de PRI y PAN en una comisión de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que conferiría un régimen de excepción favorable al Poder Judicial, al autorizar la creación de un fideicomiso por el cual los ministros podrían disponer de recursos sobrantes de su presupuesto y de aportaciones de terceros para recibir compensaciones y bonos especiales al buen desempeño.
La mayoría de integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con la oposición del PRD, dieron por bueno el dictamen que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el cual se autoriza la creación del denominado Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, que operaría a través de un fideicomiso. Tal hecho confirma la denuncia publicada en La Jornada hace tres meses, cuando se comprobó la existencia de 11 fideicomisos creados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para favorecer con sueldos millonarios a ministros y magistrados.
El martes la mayoría conformada por PRI y PAN se impuso en la comisión referida, en favor de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
A propuesta del diputado priísta José Alarcón fue aceptado en la comisión un fondo de apoyo a la administración de justicia, instancia contrapuesta al presupuesto de egresos de la Federación, porque las funciones de uno y de otro se duplicarían.
El citado fondo pretende sufragar los gastos que origine la administración del Poder Judicial de la Federación; adquirir, construir y remodelar los bienes inmuebles; comprar rentar, reparar o mantener el mobiliario y el equipo necesario para el funcionamiento de las sedes jurisdiccionales; otorgar estímulos económicos para el personal con motivo del desempeño relevante de sus funciones; proporcionar capacitación, mejoramiento y especialización profesional, y gastos que el consejo considere convenientes para la buena marcha de la administración de justicia.
Además de duplicar las funciones del presupuesto de egresos para el año 2006, el fondo también se convertiría en una administración alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya responsabilidad recaería en el Consejo de la Judicatura Federal.
En el dictamen se subraya la necesidad de que el pleno de la cámara lo apruebe, porque "la propuesta de creación de un fondo de apoyo a la administración de justicia es necesaria, toda vez que da vida a las reformas funcionales y orgánicas del Poder Judicial Federal que le permitan la facilidad de adscripción y nombramiento del personal judicial y administrativo para solucionar con eficacia administrativa los problemas de carácter jurisdiccional''.
Semanas atrás, La Jornada reveló los beneficios que se han adjudicado los ministros y magistrados a través de 11 fideicomisos, cuya operación era ajena a la ley. Se descubrió entonces que, en la cúpula judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtiene ingresos mensuales libres por un monto de 287 mil 696 pesos. También recibe ayuda para medicamentos, despensa, subsidio de renta, ayuda de gasolina, gastos de representación, ayuda de aportación por el seguro de separación individualizado y compensación por presidencia.
Mariano Azuela Güitrón, con los beneficios otorgados por los fideicomisos, también percibe una prima vacacional integrada por el 50 por ciento de 10 días de sueldo base por cada periodo vacacional, vacaciones por 20 días hábiles al año en dos periodos de 10 días cada uno; aguinaldo equivalente a 40 días de sueldo, ayuda para anteojos, equipo de telefonía celular, gastos de alimentos y dos vehículos.
Con esa serie de privilegios de por medio, las fracciones del PRI y del PAN en la comisión citada decidieron aprobar las reformas al titulo décimo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuyo artículo 242 se establece lo siguiente:
"El Poder Judicial de la Federación se auxiliará del mejor desempeño de las funciones que su ley orgánica le confiere, de un fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia que tiene como función resguardar y administrar los recursos que forman parte de su patrimonio".
En los artículos 243 y 244 se concede la administración del fondo al Consejo de la Judicatura Federal, instancia encargada de autorizar "el retiro de fondos para cubrir necesidades básicas urgentes que requiera el Poder Judicial; acordar el criterio general de operación y administración del fondo; expedir los reglamentos y autorizar las licitaciones y concursos conforme a lo dispuesto por la Constitución".
El fideicomiso, se estipula en el artículo siguiente (245), recibirá los recursos para operar de la siguientes fuentes: fondos propios, producto de donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros, y los provenientes de la enajenación de inmuebles, así como de los obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales.
También se beneficiará de los denominados recursos ajenos: intereses que se generen por las inversiones que se hagan de los depósitos en dinero o en valores; por la administración de valores por los depósitos en dinero, y "los remanentes del presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación".
De esta forma, la Cámara de Diputados abre la puerta a la discrecionalidad en la administración de los recursos destinados al Poder Judicial. ''La Suprema Corte de Justicia, con esto contribuye a generar la impunidad, al hacerse partícipe de los beneficios económicos que un poder distinto le retribuye. Magistrados y ministros deberían de aplicar la ley, como siempre argumentan que lo hacen, y desechar tal aberración", replicó Miguel Alonso Raya, presidente la Comisión de Seguridad Social.