Fallo de la justicia de Córdoba posibilita que unos 100 indultados sean enjuiciados
Ordena fiscal argentino detener a 295 ex militares y ex policías represores
Es el mayor número de acusados por delitos de lesa humanidad que se haya ordenado aprehender
Actualmente hay 160 efectivos presos; la cifra podría elevarse a más de 500 con las nuevas causas
Buenos Aires, 27 de octubre. Sorpresa, incredulidad y lágrimas de alegría fue la reacción que se vivió entre las madres y abuelas de Plaza de Mayo y familiares de detenidos desaparecidos al conocer la decisión del fiscal federal Eduardo Taiano, quien ordenó este jueves la detención de 295 ex militares, ex policías y otros implicados en secuestros y desapariciones de 614 personas en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) durante la pasada dictadura militar (1976-1983).
Se trata del mayor número de responsables de delitos de lesa humanidad que se haya ordenado detener después de la anulación, en junio pasado por la renovada Corte Suprema, de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1986-1987) que significaron la impunidad para los crímenes de la dictadura y un golpe al corazón a los familiares de las víctimas que, sin embargo, continuaron luchando por la verdad y la justicia.
En este contexto, la Cámara Federal de Córdoba declaró la inconstitucionalidad del indulto firmado por el ex presidente Carlos Menem que evitó que el ex jefe del tercer cuerpo del ejército Luciano Benjamín Menéndez fuera juzgado en 1989 por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Además, dictó la misma medida a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, con lo que al menos un centenar de militares, policías y civiles sospechosos podrían ser perseguidos penalmente.
En la causa contra Menéndez hay comprendidos 433 casos de detenidos desaparecidos, a los que podrían sumarse otros 413, se informó en Córdoba.
El fiscal Taiano solicitó al juez Sergio Torres que tome declaraciones a los ex represores, lo que incluye en la lista a 256 marinos, seis prefectos, 17 policías federales y cinco miembros del Servicio Penitenciario involucrados en la causa del centro de torturas de la Esma, de las más abultadas por la cantidad de casos, documentos y pruebas existentes, ya que se calcula que allí desaparecieron al menos 5 mil personas.
Los acusados participaron en el secuestro, tortura, muerte y desaparición de 614 personas, que están siendo juzgadas ahora al reabrirse las causas después que la Corte Suprema anuló en junio pasado las leyes de impunidad.
La orden de este día siguió a la que el miércoles pasado dictó el juez Torres, la captura de 18 ex militares y miembros de organismos de seguridad por la detención y desaparición del escritor y periodista Rodolfo Walsh, símbolo de la resistencia contra la dictadura cuando en su carta abierta a la junta militar (1977) denunció ante el mundo lo que estaba sucediendo en el país sudamericano.
En este mes, entre otros casos de acciones de la justicia argentina, el 13 de octubre el Consejo de la Magistratura suspendió al juez integrante de una cámara, Tomás Inda, acusado de haber defendido junto con la también magistrada María Beatriz Fernández a los militares responsables de la ejecución sumaria de 22 detenidos desaparecidos en la localidad de Margarita Belén, en El Chaco.
Ambos realizaron maniobras para liberar a los militares y policías involucrados en esa matanza.
También están siendo juzgados en El Chaco los fiscales Carlos Flores Leyes y Roberto Mazzoni, por haber asistido a centros clandestinos de torturas durante la pasada dictadura, según denunciaron algunas de las víctimas, cuando actuaban como secretario del juzgado federal y fiscal, respectivamente, en la capital chaqueña.
El 18 de octubre también fueron detenidos dos ex policías, el ex subcomisario Luis Chas y el ex comisario Carlos Carballo, acusados de haber participado en el traslado de 22 detenidos asesinados, y el 25 de octubre otros seis ex agentes del lugar, acusados por torturas, volvieron a prisión después de haber sido liberados con treta jurídica en esta misma causa de Margarita Belén.
También en esos días la Cámara Federal ordenó el procesamiento de la chilena Mariana Callejas y Cristoph Georg Willeke, dos ex agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), la policía política de Augusto Pinochet, por el asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, realizado en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974 en el contexto de la Operación Cóndor, coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur.
Ambos participaron junto con Michael Townley -agente de la Dina y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)-, el mayor responsable del atentado y quien vive en Estados Unidos como testigo protegido de la justicia de su país. Callejas era su esposa.
El pasado 21 de octubre, el juez federal Daniel Rafecas procesó a 15 miembros de los grupos de tarea acusados por la privación ilegítima de la libertad y tormentos aplicados a decenas de detenidos desaparecidos en los centros clandestinos de reclusión El Atlético, El Banco y El Olimpo, que dependían del primer cuerpo del ejército argentino.
Entre ellos figuran el ex subcomisario Samuel Miara, quien además se apropió de dos niños gemelos, hijos de detenidos desaparecidos, y al finalizar la dictadura los llevó a Paraguay, donde los encontró la justicia.
También Juan Antonio del Cerro y Julio Simón, quienes inclusive relataron su "experiencia como torturadores" ante las cámaras de televisión, están comprometidos en otras causas.
La noticia ayer de la orden de detención de los 18 acusados por el asesinato y desaparición de Walsh fue otro indicio de avance fuerte de la justicia después de 29 años de persistente trabajo de las organizaciones Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares e Hijos de Detenidos Desaparecidos y otros entes humanitarios, que habían sido defraudados por las leyes de impunidad ahora anuladas.
Ramón Torres Molina, abogado de familiares de detenidos desaparecidos, consideró "un gran avance" de la justicia la orden de detención de los 295 responsables de "crímenes aberrantes".
En declaraciones a La Jornada, afirmó que los mayores avances se están produciendo en esta capital y en la provincia de Buenos Aires, y que en estos últimos dos años de procesos abiertos", debido a que varios jueces habían declarado inconstitucional las leyes de impunidad", se pudieron adelantar varios casos, que se dinamizaron con la decisión de la Corte Suprema.
El mismo criterio con que se luchó contra aquellas dos leyes se aplica para tratar ahora, de que finalmente sean declarado inconstitucionales los indultos a los jefes de la junta militar.
El abogado recordó que hay 160 detenidos desde hace tiempo por distintas causas, a los que se agregan ahora los nuevos en una cantidad que elevará muy rápidamente las cifras a más de 500.
"Se fue avanzando por etapas ya que hay que instruir sumarios, recolectar nuevas pruebas para agregar a los juicios que, por la impunidad, se habían paralizado. Se retomó todo lo que había, pero al revés de lo que sucede en lo penal, que con el tiempo se pierden las pruebas, en este caso ellas aumentan pues se descubren nuevos documentos y aparecen más testigos que al principio tenían miedo de hablar", dijo el abogado de los familiares de detenidos desaparecidos.
Intervención de la CIDH
El trabajo tenaz de los organismos humanitarios se vio fortalecido cuando en 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que Argentina había violado el Pacto de San José con las leyes de impunidad.
Luego vinieron los juicios contra el plan sistemático de sustracción de menores, en 1996, casos que no estaban comprendidos en el esquema de las leyes de impunidad, y terminó llevando a prisión a los integrantes de las juntas militares.
Entre los antecedentes importantes, el abogado Torres Molina cita el establecimiento del criterio de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, que los responsables deben ser juzgados por la justicia civil y no militar y "que no existe finalmente el tema de cosa juzgada con relación a lo que no se ha juzgado".
La decisión de la Corte Suprema hizo prever que se venía una catarata de juicios, a lo que se añadió el descubrimiento de más fosas comunes y la identificación de cadáveres que exponían ante mundo el horror de lo sucedido.
El casi increíble hecho de que se hayan identificado los cadáveres de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, de una monja francesa y otra víctima desaparecida en esa misma operación y en la Esma, dio fuerza moral a todos los luchadores "como un milagro de vida que vino de la mano de la muerte", dicen los familiares de casi 30 mil desaparecidos aquí.