Falta modificar leyes para tipificar delitos punibles por la Corte Penal Internacional
México, Estado 100 del Estatuto de Roma; piden ONG a Fox desmarcarse de EU
México se convirtió ayer en el Estado número 100 que forma parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), la primera instancia permanente que investigará y llevará ante la justicia a individuos no a estados, responsables de cometer genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Organizaciones defensoras de derechos humanos en México expresaron su satisfacción y pidieron al gobierno que se mantenga firme en el apoyo al estatuto y rechace la firma de un acuerdo bilateral de inmunidad con Estados Unidos.
Irma Pérez-Gil, integrante de Amnistía Internacional (AI), instó al gobierno del presidente Vicente Fox a reformar las leyes para que se tipifiquen los delitos perseguidos por la corte y garantizar que los jueces sean capaces de juzgarlos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció ayer que fue depositado ante la oficina de tratados de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, el instrumento de ratificación del Estatuto de Roma que estableció la CPI, adoptado el 17 de julio de 1998.
El tratado internacional fue firmado por México en septiembre de 2000, y aprobado por el Senado el 21 de junio de 2005. El estatuto tendrá vigencia a partir del 1º de enero de 2006.
Paulina Vega, coordinadora para América Latina de la Coalición por la Corte Penal Internacional, señaló que este hecho marca un hito en la lucha para poner fin a la impunidad en el caso de los delitos más graves posibles comprendidos en el derecho internacional.
Fabián Sánchez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que este hecho representa un logro de la sociedad civil, que impulsó la ratificación de la Corte Penal Internacional.
Pérez-Gil señaló que Amnistía Internacional acogió también con satisfacción recientes informes según los cuales México se ha negado a firmar un acuerdo ilegal de impunidad con Estados Unidos.
Al rechazar tal acuerdo, dijo, México se suma a los más de 50 países que también lo han hecho, comprometiéndose así a cumplir el principio fundamental de que ninguna persona debe gozar de impunidad en el caso de los peores delitos que conoce la humanidad.
La representante de AI explicó que ahora es esencial que el país reforme su legislación interna para garantizar que sus tribunales nacionales pueden iniciar investigaciones y enjuiciamientos por los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra y para hacer posible la cooperación plena con la CPI.
Explicó que para garantizar que no hay obstáculos a la cooperación, México debe ratificar y aplicar también el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la corte, que protege a quienes hacen las investigaciones.
Actualmente, la CPI desarrolla tres investigaciones sobre delitos cometidos en la República Democrática del Congo, Sudán y Uganda.
El 13 de octubre de 2005, dictó sus primeras órdenes de detención contra cinco miembros del Ejército de Resistencia del Señor de Uganda, a los que se acusa de crímenes de lesa humanidad y de guerra.