Editorial
Regreso de los migrantes, retorno a las raíces
Este fin de año, el gobierno federal espera la llegada de cerca de un millón 200 mil connacionales expulsados del país debido a un modelo económico que provoca desempleo y falta de oportunidades. Se trata de personas que no quieren perder el contacto con sus familias ni sus raíces, pero que enfrentan un vía crucis a la hora de regresar a casa. Y es que los integrantes de los diferentes cuerpos policiacos y agentes aduanales, entre otros, suelen despojarlos de su dinero, una situación que mina el deseo de los migrantes de regresar a sus lugares de origen, lo que se traduce en un menor ingreso de divisas. Para paliar un poco el robo y extorsión a los migrantes, las autoridades han establecido desde 2000 el Programa Paisano, cuyo objetivo es capacitar a los funcionarios públicos para mejorar el trato a los visitantes.
Según el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Lauro López Sánchez, este año se instalarán 113 módulos en los puntos de acceso al país, operados por unos mil 300 voluntarios encargados de orientar y atender a los migrantes. Sin embargo, el programa es insuficiente para proteger a esa gente, que huyó de un sistema que no les ofrece nada y que los castiga a su regreso: resulta inaceptable que esas personas tengan que enfrentarse a la rapiña de agentes corruptos, cuando su retorno a casa implica beneficios para sus familias y comunidades.
Es un hecho que la derrama económica que dejan los trabajadores que viven en Estados Unidos (unos 16 mil millones de dólares este año) aumenta cada año, a la par que la migración (unas 400 mil personas al año, de acuerdo con cifras oficiales) provocada por el deterioro económico del país. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) afirmó hace 10 días que la tasa de desocupación abierta se situó en 3.70 por ciento de la población económicamente activa, una cifra que no toma en cuenta a las personas subempleadas, la mayoría de las cuales viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Por otra parte, los trabajadores rurales padecen una mayor marginación que sus contrapartes de las ciudades: el INEGI revela que 85.4 por ciento carece de prestaciones y 50.7 por ciento percibe menos de un salario mínimo al mes. Con estos porcentajes, no es extraño que decenas de miles opten por migrar a Estados Unidos para buscar un mejor nivel de vida.
Los datos sobre la migración hablan por sí solos: el Centro de Estudios Fronterizos de Promoción de los Derechos Humanos informó recientemente que más de 20 millones de mexicanos viven en territorio estadunidense, y que 40 por ciento de ellos ingresó sin documentos, lo que coloca a México como el principal proveedor de mano de obra barata en Estados Unidos. Pero esta migración conlleva graves peligros: de 1995 a 2000, unas 500 personas fallecieron en su intento por cruzar la frontera, una cifra que ha aumentado drásticamente a causa del incremento de la vigilancia en la línea divisoria, lo que ha obligado a los migrantes a tomar rutas con mayores riesgos, a través de zonas desérticas y aisladas. Sólo en 2004, la Secretaría de Relaciones Exteriores reportó 272 muertes, aunque la Patrulla Fronteriza habla de 460 decesos en el mismo lapso. Adicionalmente, al menos mil 359 indocumentados fueron hallados cautivos en condiciones infrahumanas en casas de seguridad en Arizona, entre enero y abril de 2004. Estos datos indican que la migración no solamente se ha elevado sino que además se ha vuelto más peligrosa.
Programas como Paisano son iniciativas loables para proteger los derechos humanos de un sector de la población que aporta vitales recursos a la economía nacional dejando atrás sus relaciones familiares y su identidad cultural. Sin embargo, el gobierno mexicano tiene ante sí la difícil labor de negociar con Washington el respeto a los derechos de los migrantes en territorio estadunidense para evitar que mueran al cruzar la frontera, que sean víctimas de grupos racistas e intolerantes como los minutemen y que sean explotados por empleadores sin escrúpulos.