La democracia mexicana cuesta mucho en términos absolutos y en función de los beneficios reales que genera para la sociedad. De este hecho no se desprende un argumento en contra de las instituciones que tienen que ver con el sistema democrático, sino una crítica a su modo de funcionamiento y de las prerrogativas para los funcionarios responsables y quienes se dedican a la actividad política y la administración pública. Presupuestos millonarios, grandes gastos de operación, ingresos muy elevados y partidas especiales parecen ser la norma en muchos casos. Hay quien aduce que estos puestos deben ser remunerados de manera suficiente para evitar la corrupción y, además, que quienes trabajan en las funciones públicas de alta responsabilidad deben tener salarios equiparables a los ejecutivos del mismo nivel del sector privado. Este es un tema debatible pero que, en todo caso, exhibe las condiciones en que se definen las responsabilidades de gobierno. El fortalecimiento de la democracia no tiene que ver sólo con las instituciones del ámbito electoral, de la legislación o la impartición de justicia, sino que incluye la manera en que se administran y se asignan los recursos públicos, tal y como ocurre en el sistema bancario o en cuanto a la explotación de los recursos petroleros, de los cuales depende una tercera parte de los ingresos del gobierno §