Roberto González Amador

El principal activo del Instituto para la  Protección al Ahorro Bancario (IPAB) es la confianza del público en sus funciones institucionales. El organismo tiene dos tareas esenciales, definidas por la ley que lo creó: administrar el desastre financiero de 1995 y asegurar los depósitos de empresas y personas en el sistema bancario.

Desde que comenzó a operar, en 1999, el IPAB sufre una debilidad institucional. En su junta de gobierno no puede participar Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del Banco de México, uno de los reguladores del sistema financiero. Cuando el instituto fue creado, el Partido Acción Nacional (PAN), entonces en la oposición, pidió expresamente que se incluyera un artículo transitorio en la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) que vetaba a Guillermo Ortiz y a José Angel Gurría ­a la sazón secretario de Hacienda­ de participar en el órgano colegiado de decisión del organismo.

El condicionamiento del PAN fue planteado y defendido por Fauzi Hamdan, entonces diputado y presidente de la Comisión de Hacienda en San Lázaro. El argumento era que ninguno de los funcionarios involucrados en el rescate bancario, y Ortiz Martínez lo había estado como secretario de Hacienda hasta diciembre de 1997, podían participar en el organismo que sustituiría al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el instrumento usado por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo para enfrentar la crisis financiera causada por la devaluación del peso en diciembre de 1994. El supuesto de la bancada del PAN era que en el proceso de rescate bancario se habían cometido irregularidades que elevaron el costo para los contribuyentes. Un supuesto, por cierto, muy cercano a la realidad.

Hamdan, ahora senador y presidente de la Comisión de Hacienda en Xicoténcatl, cree que su argumento de hace algunos años ya no tiene sentido. Ha movido sus hilos para proponer una reforma a la LPAB que eliminaría el nombre de Ortiz Martínez de la lista negra y le permitiría participar en las juntas del búnker de Varsovia, calle de la colonia Juárez en la ciudad de México que alberga al IPAB.

El hecho no es menor y ocurre cuando la gestión del instituto vuelve a ser objeto de polémica, con las consiguientes muestras de hartazgo de los funcionarios involucrados que hacen todo tipo de piruetas para tratar de que la discusión sobre el rescate bancario sea vista como cosa del pasado, sin relevancia para el presente y con escasa importancia para el futuro.

La crisis financiera de 1995 costó al país 135 mil millones de dólares, cuatro veces más de los 33 mil millones de dólares que obtuvo el Estado mexicano por la privatización de empresas públicas en los años 90. Este es un dato del Banco Mundial incluido en su Informe del desarrollo mundial, publicado en septiembre pasado. "Existe evidencia de que deudores grandes con cercana relación con los bancos [rescatados] fueron especialmente favorecidos durante la crisis en México", señala el documento.

En 2006 el gobierno federal espera gastar 36 mil 972 millones de pesos en pagar el componente real de los intereses que genera la deuda del rescate bancario. Con ese dinero funciona tres años la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ramo 23 del presupuesto (provisiones económicas y salariales) se asignan, también para 2006, mil 126 millones de pesos al Fondo de Desastres Naturales. Así, la cifra que va al IPAB no es poca cosa. Más aún si se toma en cuenta que sólo reduce una parte de los intereses.

Además de administrar la confianza del público, el IPAB tiene otros activos en su haber. Son éstos los que han desatado la nueva crisis de confianza en torno al rescate bancario y los que cuestionan otra vez la forma en que el Estado asumió las deudas privadas para convertirlas en pasivos públicos.

Se trata de los bienes que tiene bajo su administración el IPAB. Es decir, la administración de los activos que heredó del Fobaproa para recuperar parte de los costos y que es una de sus dos razones de existir.

El IPAB, como reconoció su secretario ejecutivo Mario Alberto Beauregard, a principios de octubre al comparecer ante la Cámara de Diputados, efectivamente vendió algunos activos a por lo menos una empresa en la que tiene algún interés económico uno de los hijos de la esposa del Presidente de la República.

El argumento, que es válido para todos aquellos que se chupan el dedo, es que no se violó ninguna ley, que no hubo tráfico de influencias. El IPAB, encargado por ley de obtener el mayor valor de venta de los bienes que administra, ofreció propiedades a precios ridículos a esta empresa. Recuperó algo así como 12 centavos por cada peso. En algunos casos, dos centavos por cada peso. ¿Por qué no venderlas a los propietarios originales, a los que las perdieron durante el disparo de tasas de interés asociado con la crisis bancaria?

Tres ex vocales del IPAB ­Adalberto Palma, Bernardo González Aréchiga y Alejandro Creel Covián­ se entrevistaron con senadores de la Comisión de Hacienda el pasado 19 de octubre. El presidente de la comisión, Fauzi Hamdan, consideró que no era necesaria la presencia de la prensa en esa reunión. Senadores que asistieron al encuentro declararon que los vocales apuntaron algunas omisiones de la ley en el proceso de rescate bancario. Este tipo de apreciaciones no son nuevas. Algunas divergencias ha expresado en escritos González Aréchiga, por citar un caso.

Las dudas sobre la gestión pasada y actual del IPAB en la venta de activos que heredó del rescate bancario son de lleno un tema vigente, sobre todo en cuanto a la confianza que el público puede tener en el instituto. Recuérdese que es el responsable de asegurar los depósitos de la gente en los bancos que, además, hoy son en su mayoría de propiedad extranjera.

El activo de más valor que tiene ahora son las acciones de Cintra, la controladora de Aeroméxico y Mexicana de Aviación. El IPAB es propietario de 50.2 por ciento de los títulos representativos del capital de la empresa. Llegaron a su poder como parte de los activos de los bancos rescatados, que a su vez eran acreedores de las aerolíneas nacionales.

Si empresarios de poca monta económica pero con amplio poder político pueden obtener gangas, la pregunta es qué podrán lograr empresarios de enorme peso económico y excelentes conexiones políticas que participan en la puja por la joya de la corona del IPAB  §