María de la Luz González

El buen juez por su casa empieza, reza un refrán que, sin duda, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) han puesto en práctica en los últimos 10 años, por lo menos al asignarse sueldos, prestaciones y otros beneficios laborales.

El ingreso anual de cada uno de los 10 ministros de la SCJN y de su presidente rebasa los 3 millones de pesos, pues, además del sueldo base, integra una serie de prestaciones que el PJF se ha otorgado, como ramo autónomo del presupuesto, cuyo monto aprueba la Cámara de Diputados.

Las prestaciones incluyen un generoso esquema de retiro, complementario al que les corresponde por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que les permitirá jubilarse hasta con 180 por ciento de su sueldo (más de 4 millones de pesos al año).

La facultad de determinar su presupuesto, que ejerce mediante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), su órgano administrador, le ha permitido al PJF pasar de un gasto de tres mil 617.4 millones de pesos en 1995 a más de 21 mil este año, y a plantear un considerable aumento para 2006, cuando se propone gastar 26 mil 537 millones 647 mil 398 pesos.

De esa cifra, la mayor parte corresponde al CJF, como administrador de tribunales y juzgados federales, con 22 mil 176 millones 384 mil 420 pesos. Le sigue en monto la SCJN, con 3 mil 118 millones 383 mil 285, mientras la propuesta para el tribunal electoral es de mil 242 millones 879 mil 695 pesos.

Los crecientes ingresos no han hecho más eficiente al PJF; ejemplo de ello son los procesos penales, en los que, de acuerdo con la Constitución, el juez debe emitir sentencia antes de un año, y que casi siempre exceden ese plazo, mientras los procesos civiles y administrativos son igualmente largos, pese a la constante apertura de juzgados y tribunales.

Eficiencia y autonomía, incumplidas

El crecimiento del gasto en el PJF se ha sustentado en el argumento de que es necesario, por un lado, garantizar independencia y autonomía a quienes imparten justicia y, por otro, incrementar los niveles de eficiencia en tribunales y juzgados federales, metas que están lejos de cumplirse.

El PJF aduce que enfrenta un aumento explosivo de litigios, y ha dado respuesta a la demanda ampliando la estructura de juzgados y tribunales; pero, en realidad, hay un problema serio de eficiencia relacionado con la composición de los asuntos que llegan a los tribunales y la forma en que se están resolviendo", consideró César Hernández, investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).

En opinión del especialista, el origen de este problema está en la admisión y trámite de amparos ante el PJF, de manera particular los denominados de casación, mediante los cuales se revisan las sentencias emitidas por tribunales locales.

"Esta figura, que no existe en otros países y en aquellos donde funciona se aplica en condiciones excepcionales, no sólo absorbe parte importante del presupuesto del PJF, sino que introduce en el juicio una tercera instancia y alarga de manera innecesaria el procedimiento, pues la mayor parte de las sentencias son confirmadas", explicó.

El amparo administrativo, que se interpone contra actos de autoridad, es otro freno al PJF, pues, de acuerdo con un estudio de Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dos terceras partes de los que se tramitan son sobreseídos, es decir, desechados, y otro 15 por ciento pudieron evitarse.

"Se ha caído en el abuso. Muchos litigantes le han tomado la medida al sistema y solicitan el amparo para obtener suspensiones provisionales, sin ser sancionados, como en otros países, por interponer recursos frívolos", sostuvo.

Para aumentar la eficiencia del PJF es necesario, por tanto, eliminar la visión de incapacidad de la justicia local y establecer reglas muy claras del procedimiento judicial en el amparo administrativo, y así disminuir la carga de trabajo en juzgados y tribunales.

Reformas constitucionales, único freno

Sobre los ingresos de los altos funcionarios del PJF, César Hernández y el diputado Miguel Alonso Raya consideraron que debe ponerse un límite, pues es un problema generalizado en el sector público, donde los sueldos son excesivamente altos comparados con los que obtienen servidores públicos de otros países con iguales responsabilidades.

"La inflación de los sueldos en el Poder Judicial Federal es una mezcla de la autonomía que ganó ­proceso en el que perdió responsabilidad­ y de la inercia que siguen los salarios en el Ejecutivo Federal, por lo que necesita un contrapeso y ejercer, también, un sentido de mesura", afirmó Hernández.

El legislador, por su parte, destacó que los generosos beneficios salariales no se quedan al nivel de ministros de la Corte y magistrados del CJF, sino que se extienden a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y, guardada la proporción de ingresos, a los magistrados de las salas regionales del tribunal, magistrados de circuito y jueces de distrito, en un gasto que absorbe hasta 90 por ciento del presupuesto del PJF.

Para otorgarse esos beneficios, los ministros de la Corte han recurrido incluso a procedimientos irregulares, como el acuerdo que originó su esquema de pensiones complementarias de retiro, aseguró Alonso Raya, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

El legislador explicó que la Corte integró 11 fideicomisos con los recursos sobrantes de sus presupuestos anuales para aumentar las pensiones de magistrados y jueces, violando los decretos de presupuesto aprobados por la Cámara de Diputados, que establecen el plazo de un año para gastar los montos asignados y que de no ejercerse deben reintegrarse a la Tesorería de la Federación.

Por ser un ramo autónomo, los legisladores han incrementado cada año el presupuesto del PJF, aunque no en la medida solicitada. Sin embargo, Alonso Raya admitió que es necesario establecer límites.

"Tenemos que corregir el desorden, fijar límites, definir los sueldos que perciben desde regidores hasta Presidente de la República para que nadie sienta la tentación de hacerse millonario en unos pocos años", manifestó.

Decirlo es una cosa, pero para lograrlo se requieren reformas constitucionales "y, sobre todo, voluntad política", concluyó §