Las comunidades indígenas han perdido hasta tres cuartas partes de sus territorios
Buscan destrabar los conflictos por la tenencia de la tierra en la Tarahumara
Chihuahua, Chih., 30 de diciembre. En un esfuerzo por desbloquear viejos y nuevos conflictos de tenencia de la tierra de pueblos rarámuri y ódame en la sierra Tarahumara, representantes indígenas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y autoridades firmaron aquí un compromiso para incluir estas querellas agrarias que llevan décadas -algunas hasta 70 años- atoradas en los tribunales en la agenda del Acuerdo Nacional para el Campo.
Como resultado del foro Problemas agrarios en territorios indígenas, que concluyó hoy, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural y la Procuraduría Agraria estatal acordaron que el gobernador José Reyes Baeza gestione directamente con el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, la atención y solución de los cinco casos de afectación de territorios indígenas más urgentes: Pino Gordo, Wawatzérare, Bakeachi, Huicórachi y Mala Noche. En cada uno de estos expedientes, las comunidades indias han perdido hasta tres cuartas partes de sus respectivos territorios por historias de despojo de caciques mestizos, con frecuencia ligados a la narcosiembra y favorecidos por los tribunales agrarios y las acciones de autoridades. Otra veintena de casos también serán objeto de seguimiento prioritario.
En los resolutivos firmados por todas las partes, la Secretaría de Desarrollo Social estatal y la SRA figuran como "garantes" para asegurar que todas las instancias involucradas en los conflictos cumplan los fallos legales que otorguen a los pueblos de la sierra derechos sobre sus territorios.
Bordando sobre asuntos muy críticos de pugnas por las tierras que en el pasado cobraron cuotas de sangre y que amenazan constantemente con desbordar los cauces legales, el foro pretendió, precisamente, "evitar que estos conflictos lleguen a encender focos rojos" en el estado, señaló en la clausura la abogada Estela Mondragón, veterana defensora de asuntos agrarios, de la organización Bowerasa, que significa en rarámuri "haciendo camino". Lo que no queremos, dijo, "es que tenga que correr sangre ódame o rarámuri para que finalmente impere el derecho en esas tierras".
"No vamos a poner los muertos"
La frase de la abogada sobre los focos rojos vino a colación por la respuesta que hace no mucho les dio un funcionario de la SRA cuando, después de interminables trámites que tomaron años, devolvió el expediente a los indígenas de Wawatzérare, que reclaman el reconocimiento de su propiedad sobre una dotación original de 42 mil hectáreas, de las cuales sólo les reconocen una cuarta parte, ya que el resto ha sido invadido, talado y escriturado por inmigrantes mestizos; chabochis, como les llaman en la sierra.
"¡Uy! - dijo el funcionario de la ventanilla de la SRA cuando Patrocinio, gobernador de la comunidad, reclamó porque la devolución del expediente hacía retroceder el proceso a su punto de partida-, este caso no tiene para cuándo. Ni siquiera está en focos amarillos. Y aquí sólo atendemos cuando hay focos rojos".
"¿Focos rojos? ¿Cuáles?", preguntó el indio. "Muertos, al menos un muerto para encender los focos rojos".
Indignado, Patrocinio, que llegó a dominar el castellano gracias a sus lides con leyes y autoridades, le contestó: "Pues si quieren un muerto, pónganlo ustedes".
Wawatzérare es un caso emblemático de la arbitrariedad. Data de 1955, cuando por resolución presidencial se dotó de 42 mil hectáreas a los pobladores originarios, que son nómadas. En verano siembran y cosechan en lo alto de las barrancas y en los crudos inviernos se refugian en las partes bajas.
La resolución no se ejecutó hasta 1972, pero cuando los pobladores recibieron sus actas de propiedad contenían escrituras por 22 mil hectáreas, apenas la mitad, porque ganaderos invasores habían escriturado a sus espaldas los predios restantes. Treinta años de trámites infructuosos culminaron con una demanda del pueblo contra la SRA en 2004. Entre tanto, esta misma comunidad perdió otra mitad de su territorio fragmentado cuando otro tribunal concedió a un ejido vecino, Pahuichique, otras 10 mil hectáreas en una "sobreposición de acciones agrarias".
En enero de este año el Tribunal Unitario Agrario falló en favor de los indígenas; la SRA impugnó y seis meses después la sentencia fue revocada por un tribunal superior. De modo que las resoluciones que "beneficiaron" a los indios terminaron por despojarlos de tres cuartas partes de su territorio. La situación se ha agravado con las amenazas del visitador de la Procuraduría Agraria con sede en Cuauhtémoc, quien les advirtió que si no desocupan las tierras que han habitado desde tiempos inmemoriales serán desalojados por el Ejército.
Cuando se habla de violencia en los pueblos tarahumaras, la gente se lo toma en serio, aunque en Reforma Agraria y en el gobierno estatal no tengan encendidos los focos rojos. Ahí está el caso reciente de la gente de Bakeachi. Los ganaderos que pretenden quedarse con sus tierras por la vía de fallos agrarios sesgados envenenaron en marzo los pastizales. Pudo ser una catástrofe, ya que un día de fiesta la comunidad mató una vaca. Algunos perros se adelantaron al banquete y devoraron las vísceras. Seis canes murieron en el acto.
También está entre los participantes Isidoro Valdenegro, de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo. El padre de Isidoro, Julio Valdenegro, organizó una de las primeras huelgas contra la tala ilegal de su ejido. Fue asesinado en 1986. El hijo siguió sus pasos. En marzo de 2003 fue víctima de un cuatro de la judicial estatal, que le sembró droga y armas. Pasó casi un año en la cárcel. La familia del cacique local, Artemio Fontes, conocido narcotraficante de la región, lo tiene amenazado de muerte. Valdenegro recibió este año el premio Goldman por su defensa de los bosques; el mismo que años antes fue entregado a Teodoro Cabrera, Rodolfo Montiel y Felipe Arriaga, campesinos ecologistas de Petatlán, Guerrero.
Fontes también hace otro tipo de amenazas. Es Adelina, una mujer de la comunidad que participó en el foro, la que explica: "Don Artemio, el señor cacique, nos dijo: no vayan a Chihuahua, no se muevan. De todos modos no va a servir de nada. Y si van los van a encerrar, les van a quitar sus credenciales".
De todos modos vinieron 150 representantes de más de 20 pueblos con graves problemas de tierras. Expusieron sus casos en el palacio de gobierno, asombrados de ser los murales que en ese recinto ilustran la cruenta colonización del tarahumara en manos de los españoles. Y negociaron en corto, caso por caso y con las ONG como testigos y asesores, el curso de sus querellas legales. Al final lograron que el gobierno estatal les ofrezca ser "garante" de que la ley se va a cumplir. "Aunque lo malo -comenta el gobernador de Bakeáchic, Patricio Chávez- es que es ley chabochi. Mejor sería si fuera nuestra ley."
El foro fue organizado por activistas de derechos indígenas, Consultoría Técnica Comunitaria, el grupo de defensa legal Bowerasa, ANIPA y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), con la asistencia de la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la diócesis de la región.