No ha cejado la comunidad en su lucha judicial

Le deben 15 mil hectáreas a Ayotitlán, Jalisco, desde 1963

ROSA ROJAS /II ENVIADA

Ayotitlán, Jalisco. En 1963 a esta comunidad nahua la dotaron de 50 mil hectáreas, pero sólo les entregaron 35 mil. "Eso fue muy amañado porque en las 15 mil hectáreas que faltaban está ubicada la empresa minera Peña Colorada", señalan los indígenas. En 1971, después de un largo pleito judicial, lograron que la Suprema Corte de Justicia confirmara un amparo que habían ganado para que se ejecutara en sus términos la resolución presidencial. Treinta y cuatro años después sigue sin ejecutarse ese amparo.

"El expediente lo congelaron los jueces por un problema de quién tenía la competencia, pero ahora, el pasado 14 de noviembre, el juez quinto de distrito sale con que ya caducó el procedimiento, es decir que esa ejecutoria, que debería haber significado la cárcel para los funcionarios que no la cumplieron, la quieren archivar", informó Jaime Hernández, jefe de justicia de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara.

Entre tanto, luego de una semana de que los ejidatarios de Ayotitlán detuvieran los trabajos de apertura del camino que está construyendo la minera Peña Colorada para acceder al yacimiento de mineral ferroso localizado en el paraje Piedra Imán y realizar las pruebas que determinen si es o no rentable su explotación -para lo cual sostiene que debe extraer 50 mil toneladas-, la empresa invitó al consejo de mayores y a las autoridades del comisariado ejidal, encabezado por Jesús Michel, empleado de la minera -cuya elección está siendo impugnada por una buena parte de los ejidatarios-, a una negociación en la presidencia municipal de Cuautitlán de García Barragán.

Al respecto Rogelia Justo, una de las personas comisionadas por la asamblea del consejo para llevar a cabo los trámites de impugnación de la citada elección, informó en entrevista telefónica que "la gente no está dispuesta a negociar hasta no ver la legalidad de los actos de la minera", porque hasta donde se sabe "ni el ayuntamiento de Cuautitlán había dado el permiso de construcción del camino (que ya llevaba casi cuatro kilómetros construidos), ni Semarnat ha autorizado el estudio de impacto ambiental que presentó la empresa. Vamos a revisar el estudio que presentaron y ver cómo lo impugnamos para que no se autorice", indicó.

Hay confusión entre los propios indígenas de Ayotitlán sobre las acciones de la minera Peña Colorada. Hay quienes afirman -como el representante legal del consejo, Gaudencio Mancilla Roblada- que no hubo autorización de la asamblea de ejidatarios para que la empresa realice los trabajos de exploración, pero otros aseveran que sí se habría autorizado. Rogelia Justo comentó que hace unos cuatro o cinco meses, en la anterior administración del comisariado de bienes ejidales, se realizó una asamblea extraordinaria a la que acudió muy poca gente, en la cual se habría dado permiso a la minera de hacer los trabajos de exploración, y que "se está buscando cómo impugnar también" dicha asamblea.

Mancilla Roblada señaló que la prioridad del consejo de mayores es lograr la ejecución completa de la resolución dotatoria del ejido, luego de que por maniobras relacionadas con la creación de la minera, los funcionarios del entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) les dotaron la tierra como ejido. "Tenemos un amparo que lo ganaron los comisariados y hasta la fecha no se ha ejecutado y tenemos orden de la Corte y todo. El consejo propone que primero se ejecute; ya hay una sentencia y eso está pisoteado.

-¿Eso tiene que ver con la empresa?

-Tiene que ver con la empresa porque son ellos a los que no les conviene que se ejecute la comunidad.

-¿La empresa está en las tierras que no se le han ejecutado a la comunidad?

-Así es, pero ya ahora con la medición del Procede ya quedó totalmente adentro...

Jaime Hernández, por su parte, explicó en entrevista que cuando se creó el ejido Ayotitlán lo dotaron de 50 mil 332 hectáreas y solamente les entregaron 35 mil. Ayotitlán era comunidad indígena, era la cabecera y los dividen en tres: crean la comunidad indígena de Cuzalapa, la comunidad indígena de Chacala y a Ayotitlán no le reconocen sus títulos primordiales y lo dotan como ejido el 28 agosto de 1963. Pero en Ayotitlán sigue habiendo comuneros que no tienen el reconocimiento de sus tierras, aunque sí la posesión, y hay más comuneros que ejidatarios, que son mil 434. No se sabe cúantos comuneros hay ni cuánta tierra tienen, apuntó.

Cuando se hizo la ejecución, agregó Hernández, "les hicieron la entrega muy amañada, principalmente del lado de Colima, donde está la mina... En el 68 se interpuso el amparo 935/69 contra los actos del presidente de la República, del jefe del DAAC y de otras autoridades más, contra la negativa de ejecutar la resolucion presidencial. Ese juicio está vigente. Se dictó sentencia, el juzgado tercero de distrito el 15 de octubre de 1969, concediendo el amparo para que se ejecute en sus términos la resolución presidencial; el jefe del DAAC interpuso revisión y la segunda sala de la Suprema Corte, en sesión del 9 de julio de 1971, confirma este amparo para que se ejecute la resolución. Fue hasta el 18 de marzo de 1977 cuando el juez tercero de distrito requirió a la responsable para el cumplimiento del fallo protector, se tardó seis años para requerirla, y la SRA ha dicho que hay imposibilidad jurídica y material, que no se localizan las tierras".

Mencionó que en un momento dado, "el expediente lo congelaron dos jueces porque no decidían quién tenía la competencia en el asunto... Lo llevaba el juez primero de distrito en materia civil; sin embargo, recientemente se crearon los juzgados en materia administrativa en Jalisco, no existían, y por cuestión de competencia le toca a los juzgados administrativos conocer este tipo de asuntos, por ser un amparo en contra de autoridades administrativas; entonces el juzgado primero en materia civil lo remitió al juzgado quinto de distrito en materia administrativa y éste rechazó la competencia, se creó un conflicto competencial que terminó resolviendo el tercer tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito, determinando que le correspondía al juez quinto de distrito llevar el juicio".

El amparo quedó radicado ante este juzgado con el número 1271/2004, que antes era 935/68, y el 8 de julio de 2005, el juez quinto de distrito, Miguel Lobato Martínez, "determinó que había caducado el procedimiento tendiente a dar cumplimiento a la ejecutoria del amparo, señalando que durante 300 días había estado inactivo el expediente y no había existido promoción de parte de los quejosos; sin embargo el juicio estaba parado porque existía el conflicto competencial, y antes una queja en contra de la SRA por no dar cumplimiento a la ejecutoria; entonces determina la caducidad y el archivo del expediente".

Se interpuso una queja en contra de este auto, la queja se gana y le dicen al juez que cuando decretó la caducidad no le notificó a la comunidad para que ofreciera pruebas, que reponga el procedimiento para determinar la caducidad y le permita al ejido presentar pruebas, y aun así el 14 de noviembre de 2005 el juez vuelve a resolver que ha caducado el procedimiento y que debe archivarse. Ahora sigue otra queja en contra de esa resolución ante los tribunales colegiados en materia administrativa para efecto de que el tribunal diga que no ha caducado el procedimiento. Hasta ahí va la no ejecucion de la resolución.

Pero, además, agregó, los ejidatarios tienen posesión de sólo unas 5 mil hectáreas de las 15 mil que no les han entregado, y las otras "es lo que hay que acreditar, por eso se aceptó que midieran el polígono del ejido para el Procede, porque no tenían el plano definitivo". Ahora están analizando los planos que entregaron los del Procede.

Otra cuestión es que la SRA le entregó a Ayotitlán, en 1974, una ampliación de 10 mil hectáreas, pero éstas quedaron en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de Manantlán cuando se creó en 1974. Los indígenas las usaban sólo para sacar tejamanil, así que se acabó el tejamanil. "Pero el problema con las instancias federales es que les quieren contar las 10 mil hectáreas que les dieron de la ampliación como si fuera lo que les deben de la dotación, y con los planos que presentaron quieren hacer cuentas alegres de que ya nomás les deberían 5 mil hectáreas y aquí en la asamblea acordaron que solamente les recibirían los planos si hacen la división de la parte que se supone que es de la ampliación y la parte que es de la dotación", explicó Hernández.