Jerarcas reincidentes
El artículo 404 del Código Penal Federal establece que se impondrán "...500 días de multa a los ministros de cultos religiosos que, en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar a favor o en contra de un candidato o partido político, o a la abstención del ejercicio del derecho a voto". Si el ordenamiento fuera efectivo no le alcanzarían a la Iglesia católica todos los ingresos de las últimas diez ventas de parafernalia guadalupana para pagar las multas de los muchos sacerdotes que nada más en este año, desde el púlpito o ante los medios de comunicación, expresan alegremente sus opiniones políticas con el ánimo evidente de influir sobre sus feligreses y ejercer un liderazgo que desvirtúa sus funciones esenciales. Es claro que las leyes vigentes en la materia son insuficientes para atacar el problema que supone la injerencia de autoridades religiosas en asuntos de orden político. De ahí que si no queremos que otra vez la legislación en materia de Iglesias sea letra muerta, como fue el artículo original 130 de la Constitución durante décadas, tendremos que modificarla a partir de la realidad. Y la realidad es que sacerdotes, obispos y cardenales están empeñados en participar en la vida pública en general, y en particular en la campaña electoral.
Por ejemplo, el pasado 28 de noviembre el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, en conferencia de prensa invitó a quien quisiera escucharlo a analizar a los candidatos, advirtió en contra de "leyendas negras" que se han construido sobre algunos, y criticó al candidato del PRD, López Obrador, por tratar de descalificar al IFE. "Se me hace una estupidez... Yo creo que es una tontería tratar de desprestigiarlos sin pruebas" (El Universal, 11/29/05). Si bien hay lugar para objetar la estrategia lopezobradorista que consiste en minar desde ahora la credibilidad del proceso y las instituciones electorales, no es atribución del obispo Cepeda externar estas opiniones, porque lo único que logra es politizar su magisterio y, por ende, desacreditarlo. Además, la política electoral es divisiva por definición. Mal hacen los religiosos que, en lugar de actuar como referentes de reconciliación, se comprometen con un partido, dejando en la orfandad a los fieles que no comparten sus intereses ni sus preferencias ideológicas.
Las declaraciones del obispo de Ecatepec son aún más escandalosas cuando anuncia que la Iglesia católica "respetará la tregua acordada por el Instituto Federal Electoral para no realizar proselitismo del 11 de diciembre al 18 de enero" (El Universal, 11/29/05). Nadie esperaba este compromiso, aunque se agradece. Sus palabras muestran que la intervención de los religiosos en la campaña electoral no es un asunto de interpretación, sino una línea de acción que ha sido acordada en el seno de la Jerarquía que en los últimos meses ha sido cálidamente confortada por el secretario de Gobernación.
La posición del obispo Cepeda no debe ser vista solamente como una más de sus extravagancias y ocurrencias. Es consistente con las posiciones que ha tomado el cardenal Rivera en semanas recientes. En su homilía dominical del pasado 16 de octubre en catedral, para justificar sus opiniones a propósito de asuntos públicos, no vaciló en ciudadanizar a Dios. Según el cardenal el C. Dios tiene derecho a "estar presente en todos los sectores de la vida", (www.arzobispadomexico.org.mx 11/30/05), leáse, en la política.
Una vez más, y como hacen cada vez que se les reprocha que están violando los límites de su competencia, el cardenal recurrió al episodio del Evangelio en el que a la pregunta acerca de los deberes civiles y religiosos, Jesús respondió: "Dad al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios". En este caso, a diferencia de lo que sucede con las palabras del obispo Cepeda, sí hay lugar para la interpretación. El cardenal entiende la respuesta de Jesús como una referencia a que la ley natural y el "proyecto de Dios sobre el hombre" son los límites con que se topa la autoridad del Estado. Sin embargo, otros entendemos la sentencia de Jesús solamente como una separación de esferas de responsabilidad y de competencia, en última instancia también como la identificación de límites a la autoridad de la Iglesia. Es decir, el Estado no debe inmiscuirse en asuntos religiosos, de la misma manera que la Iglesia no debe meterse con temas de orden político.
Si se va a reformar la legislación en materia de Iglesias y de religión, habría que eliminar las ambigüedades que se prestan a manipulación por parte de las autoridades religiosas. Por ejemplo, en el caso del artículo del Código Penal arriba citado, sería conveniente cambiar la frase "... actos públicos propios de su ministerio...": eliminar la segunda parte, "propios de su ministerio", pues la conferencia de prensa del obispo Cepeda es un acto público, aunque no es "propio de su ministerio". Para defenderse de pagar la multa el obispo de Ecatepec podría argumentar que cuando platica con los periodistas no está ejerciendo su ministerio; sin embargo, esas conversaciones son actos públicos que violan el espíritu de la ley que se propone delimitar las esferas de la política y de la religión. Lo que tal vez tendrían que tener en cuenta obispos y cardenales es que esta separación protege a una y a otra de las toxinas que pueden transmitirse entre sí. Tan mala es una política cargada de religión como una religión cargada de política. Seguro que el C. Dios lo comprendería.