Editorial
Dispendio inaceptable
El Consejo General de Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó ayer una suma global de 2 mil 133 millones de pesos para financiar, con fondos públicos, las campañas políticas para los comicios del año entrante. Desglosada por partidos, esa cifra se traduce en 632.7 millones para el Revolucionario Institucional (PRI), 573.3 millones para Acción Nacional (PAN), 372 millones para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 196.7 millones para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 139.3 millones para Convergencia, otro tanto para el Partido del Trabajo (PT), 41 millones para Nueva Alianza y una suma igual para Alternativa Socialdemócrata y Campesina.
Cada uno de esos institutos políticos podrá captar financiamiento privado por una suma equivalente a la que reciba del IFE, lo que implica que podrán destinar a proselitismo prácticamente el doble de lo que obtengan en prerrogativas públicas. El tope máximo de gastos en las campañas presidenciales fue fijado por la autoridad electoral en 651 millones 426 mil 441 pesos.
De entrada, tales cifras resultan ofensivas si se toma en cuenta el entorno social de pobreza mayoritaria en el cual serán gastadas. No hay forma de justificar que los institutos políticos y los aspirantes a cargos de elección popular usen en la promoción de sus propuestas fondos que podrían emplearse en la solución de carencias básicas de grandes sectores de la población. Y esta apreciación sería válida incluso si el sistema electoral del país contara con mecanismos estrictos de regulación, verificación y rendición de cuentas para controlar el destino del dinero público y privado de las campañas.
Pero si se considera que tales mecanismos no existen, el agravio es doble. Las sanciones por rebasar los topes de gastos son la excepción y no la norma; las investigaciones por la procedencia oscura de recursos privados a las actividades proselitistas suelen desembocar en la impunidad o en ninguna parte como demuestran los casos de Amigos de Fox y el Pemexgate, toda vez que no hay previsión legal que obligue en forma efectiva a los partidos a informar sobre el origen de sus donaciones. Resulta imposible, en consecuencia, garantizar que las cuentas de los aspirantes a cargos de representación no se alimenten con dineros mal habidos; para colmo, las lagunas legales permiten y hasta alientan el negocio particular o familiar de la creación de partidos políticos que operan con la lógica de las franquicias, como pudo constatarse con la proliferación de pequeños institutos que surgieron en vísperas de los pasados comicios presidenciales y desaparecieron detrás de ellos, sin dejar rastro ni testimonio de los cientos de millones de pesos que recibieron como prerrogativas, o como puede concluirse de la trayectoria del PVEM.
Independientemente de esas consideraciones, el desmesurado gasto electoral tiene dos clases de beneficiarios: los consorcios mediáticos, especialmente los televisivos, que recibirán, por concepto de ventas de espacios publicitarios, la mayor parte de los 2 mil 133 millones de pesos aprobados por el IFE, y la propia clase política, cuyo grado de probidad puede ilustrarse con las inversiones multimillonarias en bienes raíces que realiza Roberto Madrazo, por mencionar sólo un ejemplo entre cientos.
En estas circunstancias, sería deseable que esa misma clase política, cuyo desprestigio parece ser proporcional a las sumas desmesuradas que cuesta al país, empezara por aceptar que la democracia no puede calificarse de "cara" o de "barata": si los costos de los procesos electorales no son proporcionales a la economía del país, y si resultan agraviantes para la gran mayoría de mexicanos, no puede haber en ellos un sentido verdaderamente democrático.
Un primer paso en este sentido fue propuesto hace unas semanas por el todavía precandidato presidencial perredista, Andrés Manuel López Obrador, cuando sugirió que los institutos políticos destinaran una décima parte de sus prerrogativas a auxiliar a las víctimas de los huracanes Stan y Wilma. Fue sintomático y revelador que el resto de los partidos, y los propios consejeros electorales del IFE, respondieran con una furibunda y tajante descalificación a la propuesta del tabasqueño. Ahora que el monto total de subsidios aprobado por el órgano comicial generó críticas entre los propios partidos, sería deseable que la iniciativa de López Obrador fuera reconsiderada y apoyada por otros institutos y candidatos, así fuese para dar una mínima muestra de ética ante la opinión pública.