Argumentan que están imposibilitados de hacer reformas legales
Escasos acuerdos y propuestas en la reunión de impartidores de justicia
Querétaro, Qro., 1º de diciembre. Por primera vez en la historia se contará con un Anuario judicial que contendrá estadísticas sobre el número de juicios iniciados, en proceso y dictaminados por los juzgados y tribunales del país, tanto los del orden federal como los del fuero común.
Lo anterior forma parte de las conclusiones del primer Encuentro de impartidores de justicia que se desarrolla en esta ciudad, las cuales se oficializarán este viernes; además, los representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los 32 tribunales de justicia del país aquí reunidos anunciarán la creación de una asociación civil encargada de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados.
Sin embargo, en este encuentro se hará evidente también que ante la imposibilidad de los tribunales de justicia y de la Corte de hacer propuestas de reformas legales y constitucionales; la falta de presupuesto y las limitaciones que impone la legislación actual, será sumamente difícil que los buenos propósitos se cristalicen, por lo menos a mediano plazo, reconocieron los participantes de este acto.
Entre los asuntos que causaron mayor interés destacan: la necesidad de impulsar la transparencia y la apertura informativa en el quehacer de los órganos judiciales; instrumentar una mayor coordinación entre los poderes judiciales del país, reducir en lo posible la centralización del sistema judicial, aplicar de nuevas tecnologías en los procesos -como sería la aceptación del video como prueba en los procesos penales-, así como la eventual implementación de los juicios orales.
El ministro de la Corte José de Jesús Gudiño Pelayo comentó que si bien hay un clima de aceptación entre los juzgadores reunidos para la aplicación de los juicios orales, lo cierto es que es un tema bastante complicado que no depende únicamente de que se decida su puesta en macha por medio de una reforma constitucional, sino también tiene que ver con una modificación estructural del sistema judicial, la readecuación de los órganos jurisdiccionales y la capacitación de los juzgadores, redistribución de las cargas de trabajo y el incremento de órganos jurisdiccionales. Cuestiones que dependen en mucho de recursos suficientes, a los cuales los tribunales del país no tienen acceso.
También se analizó la demanda de los magistrados titulares de los tribunales de justicia del país, quienes consideran que debe "descentralizarse" la justicia y fijar límites al amparo directo, mediante el cual la inmensa mayoría de las decisiones de los juzgados y tribunales locales son resueltos en última instancia por el Poder Judicial de la Federación. Si bien hay ministros que consideran que la medida sería positiva, porque también incidiría en una reducción en el número de asuntos que revisan los juzgados federales, también existen serias dudas sobre la autonomía e independencia de los tribunales locales con relación a los ejecutivos locales.