Omisiones en Ensenada y daños al erario por $12 millones en Mexicali, aducen
ONG, Convergencia y regidores piden juicio político contra dos ex alcaldes panistas de BC
Mexicali, BC, 1º de diciembre. Organizaciones no gubernamentales, un partido político y regidores presentaron ante el Congreso local sendas solicitudes de juicio político contra los ex alcaldes de Ensenada, Jorge Catalán Sosa, y de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, ambos de filiación panista.
En el caso de Ensenada, son el Comité Ciudadano Estatal contra la Instalación de Plantas Regasificadoras y de Energía Multinacionales y la Red Ciudadana por la Protección de la Cultura y el Ambiente, las cuales acusaron a Catalán Sosa de otorgar un permiso de uso de suelo para la instalación de la planta de almacenamiento y procesamiento de gas natural licuado a la empresa estadunidense Sempra Energy.
Los grupos ambientalistas lo acusan de incurrir en omisiones al favorecer la instalación de la empresa trasnacional en la zona arqueológica de Costa Azul, ubicada al sur de Ensenada. "Sempra Energy necesita forzosamente distribuir gas natural barato a Estados Unidos desde Baja California, utilizando nuestro territorio como cuarto de máquinas", señalaron.
En tanto, el dirigente municipal de Convergencia, Jesús Reynoso García, presentó un recurso de juicio político y declaración de procedencia contra Catalán Sosa, el ex síndico procurador Abelardo Antillón y los 13 regidores del PAN, PRI y PRD, entre otros servidores públicos que trabajaron con el ex alcalde.
La solicitud se sustenta en la privatización y venta de una calle para construir una gasolinera, la destrucción de un monumento a Cuauhtémoc, el despido injustificado de 208 empleados municipales, la conformación de un fideicomiso para adquirir predios en San Antonio de las Minas, para luego venderlos subvaluados a particulares, lo cual ocasionó al erario daño patrimonial de 5 millones de pesos, "además de solapar la operación del Comando Negro -conformado por agentes policiacos-, que generó impunidad durante ese trienio", dijo Reynoso García.
Respecto del ex munícipe de Mexicali, fueron regidores priístas los que presentaron la solicitud de juicio político contra Díaz Ochoa, ahora precandidato panista al Senado, y su entonces síndico, Rubén Armenta.
La denuncia es por la desincorporación y venta a particulares a precios subvaluados hasta en 50 por ciento de 32 predios propiedad municipal, como el caso de Playa de Oro, cuyo avalúo fue de 4 millones de pesos, a pesar que el precio de los 512 metros cuadrados era de 9 millones. En total señalan daños patrimoniales por 12 millones de pesos.
Díaz Ochoa comentó que se encontraba tranquilo por su actuación, ya que todo se realizó conforme a la ley, y justificó estas acusaciones por el ambiente político que se vive, previo al proceso electoral de 2006.
El 30 de noviembre fue el último día que prevé la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos de Baja California para presentar recursos de procedencia.