Busca la comunidad remedios a los problemas originados por la empresa
Causa una minera daños a la salud y el ambiente en Aquila, acusan representantes
San Miguel de Aquila, Mich. Aunque algo se avanzó en los acuerdos económicos mediante los cuales los indígenas nahuas de esta comunidad levantaron, en enero de este año, el bloqueo de 18 días que mantuvo inactiva a la minera Las Encinas, propiedad de la empresa Hylsa-Ternium, los graves problemas de contaminación que produce la extracción del hierro siguen afectando la salud de la población y sus recursos naturales, denunciaron el presidente del comisariado de bienes comunales, José Sánchez Díaz, y los representantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) en la región, Jesús Ramírez Verduzco y Teresa López Abúndez.
Entrevistados en la oficina del comisariado, acompañados por otros comuneros, exigieron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dejen de hacerse de la vista gorda y obliguen a la empresa a evitar y remediar el daño ambiental que ocasiona, ya que continúa echando sus residuos químicos en un hoyo "que ni siquiera está recubierto, cerca de la mina, y cuando se llena lo bombean al río", lo que afecta también las aguas subterráneas, no sólo las superficiales, y el suelo.
Un problema similar se denunció en Minatitlán, Colima, donde se informó a La Jornada que "la presa de jales de la minera Peña Colorada está a 7 kilómetros de Minatitlán, rumbo a Manzanillo, y cuando se derrama en las lluvias contamina el río Marabasco y hace una matazón de peces, porque la contaminación llega hasta Zihuatlán".
Además, señalaron las y los comuneros de Aquila, decenas de camiones que transportan mineral circulan todos los días por el río, contaminándolo de aceite y diesel, batiendo el lodo, y han destruido árboles y vegetación diversa enterrándolos bajo toneladas de tierra con la explotación minera, informaron.
Hylsa es propiedad de la trasnacional italiana Ternium. La empresa tiene también problemas con los ejidatarios indígenas de Ayotitlán, Jalisco, que frenaron sus trabajos de ampliación en la mina Peña Colorada, en los límites con Colima.
En su página en Internet la firma presume su "acción social empresaria": Ternium Hylsa, dice, "ha desarrollado una fuerte relación con las comunidades vecinas a sus centros productivos. Siguiendo los principios de estar en armonía con el medio ambiente y de ser solidario con el entorno, ha emprendido una serie de iniciativas de acción social empresaria", entre las que enumera la protección a las tortugas marinas que arriban a las costas de Colima; la promoción de la preservación ecológica y la limpieza "por medio de visitas a escuelas de las localidades donde tiene operaciones industriales"; colaboración con equipo y personal en labores de auxilio en casos de urgencia.
El pasado 17 de enero, comuneros de Aquila iniciaron un plantón en la carretera que va a Coalcomán sin permitir el paso de los camiones que transportan el hierro, para exigir un incremento en el pago de las regalías por la extracción de mineral y que cese la contaminación del río y del suelo y la destrucción de sus recursos naturales.
Denunciaron entonces que la empresa estaba pagando sólo 600 mil pesos al año por la explotación del mineral de hierro de la comunidad y la determinación de la asamblea había sido que el monto del pago se incrementara a 30 millones al año, dado que el convenio original, firmado con la minera en 1988, preveía que la empresa trabajara con 20 tráileres que hacían cinco viajes diarios, cada uno, con una carga de unas 40 toneladas, "pero luego la empresa aumentó a 70 tráileres y ahora está trabajando con 130".
Con ayuda del gobierno de Michoacán -que el 28 de enero desbloqueó con un centenar de agentes del Grupo de Operaciones Especiales el paso de los transportes de la empresa- la minera negoció pagar no los 30 millones al año que exigía la comunidad, sino, indicaron, 3 millones de pesos -de los cuales 1.5 millones los aportará el gobierno estatal-, además de que se creó un "fideicomiso comunal privado" por 16 millones de pesos -de los cuales el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel aportó la mitad-, "para proyectos productivos estratégicos" que beneficien a los 469 comuneros y sus familias, además de un pago único de 2.5 millones para proyectos productivos de infraestructura de ganadería y comercio.
Mencionaron que entre dichos proyectos estratégicos están considerando la adquisición de una flotilla de 20 tráileres de 45 toneladas cada uno (con lo que ellos mismos prestarían el servicio de acarreo de mineral a la minera) y una gasolinera.
Una agüita fresca
En una asamblea comunal efectuada el 11 de enero pasado, además de desconocer a las autoridades del comisariado, "por ser ellos los encargados de mediar en el saqueo de la comunidad con engaños, dolo, alevosía y ventaja", se convocó a las autoridades de la Profepa y la Semarnat a realizar un diagnóstico del impacto ambiental "que irresponsablemente la empresa ha causado, al usar químicos prohibidos para facilitar la obtención del mineral del cerro El Tenamaztle, contaminando el agua del río que provee a las comunidades de Aquila, Maquilí y La Placita de agua potable y especies que sirven para alimentación".
Se invitó también a los grupos ecologistas a participar en dicho diagnóstico y a ser "testigos de la cantidad de maderas preciosas que se han talado y enterrado en los terrenos que está ocupando la empresa, para que hagan un estudio de las especies que existían y las que ahora hay".
Denunciaron la apertura de brechas sin la autorización de los comuneros, sin la indemnización correspondiente y "sin una autoridad que los detenga en su saqueo tan perfecto y lleno de engaños", así como su inconformidad por despidos injustificados en contra de comuneros que trabajaban como choferes u obreros, "cuando éstos participan en beneficio de la comunidad o votan por determinado partido político o a favor de lo que en la asamblea comunal se consensa".
En las negociaciones lograron que se instalara una mesa ambiental, en la que se acordó que la empresa aportaría 2.5 millones de pesos para reparación de daños, un millón para indemnizar a afectados directos y 1.5 millones de pesos para creación de viveros forestales y brigadas comunales de reforestación.
Se acordó también con la empresa realizar un monitoreo al río, que hará la Semarnat, dependencia que tiene pendiente la instalación de un sistema de monitoreo del río.
"Nosotros trajimos una comisión de biólogos de la Universidad Michoacana, que vinieron de Morelia, al mando de Javier Robles, de la Facultad de Biología. El trajo 40 biólogos que tomaron muestras y en todo encontraron contaminación. Fuimos a una reunión con la Profepa y ésta dijo que el agua es pura. Entonces les dijo Carlos Ramos (dirigente nacional de la CNPA) que los espera acá para hacerles una agüita fresca y rompimos el diálogo en esa mesa y ya no tuvimos acuerdos", informó Ramírez Verduzco.
Mencionó por otra parte que la comunidad -que posee 23 mil 600 hectáreas- va a realizar un amojonamiento para determinar si realmente la mina tiene las 383 hectáreas convenidas; "nosotros creemos que tiene como 500, por eso vamos a contratar topógrafos que van a hacer una medición con GPS".