Editorial
La perpetuación de la economía foxista
El presidente que resulte de los comicios de julio de 2006 podría tener una mano atada a la espalda en materia de política financiera si los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) logran aprobar un proyecto para reformar los artículos 25 y 31 de la Constitución. Estas reformas le otorgarían al actual jefe del Ejecutivo el poder para nombrar a los funcionarios que encabezarán la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CMBV), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) durante el próximo sexenio, prolongando la presencia del foxismo más allá de este mandato.
Si bien estos partidos argumentan que dichas modificaciones a la Carta Magna tienen el objetivo de dar "estabilidad al sistema financiero en su conjunto, seguridad al ahorro nacional así como al desarrollo económico en general", en realidad se trata de candados para imponer al próximo presidente la política económica foxista. Y es que de acuerdo con el proyecto, que se discute en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y en el Senado, y que será sometido a una votación fast track el martes entrante, el presidente Vicente Fox tendrá la facultad de designar a los titulares de la CNBV, la Consar, la CNSF y el SAT, quienes terminarían sus periodos en 2014, 2012, 2010 y 2009, respectivamente. Esto implica que el candidato triunfador de las elecciones de 2006 sólo podrá colocar a su gente en la CNSF y el SAT hasta la mitad de su mandato; los otros dos importantes organismos estarían fuera de su esfera de influencia.
Queda claro que estas medidas minarán la capacidad del próximo presidente para construir su gabinete conforme a su plataforma de gobierno y condicionarán su estrategia en asuntos económicos y financieros. Asimismo, los cambios constitucionales despiden un tufo antidemocrático, ya que burlan la voluntad popular que se manifiesta cada seis años en la elección del jefe del Ejecutivo: al final de cada sexenio, la ciudadanía hace una evaluación de la administración saliente y, con base en un balance entre las promesas cumplidas y las que quedaron pendientes, decide su voto en las urnas. En ese sentido, dada la sensación generalizada entre la población sobre el fracaso del gobierno de Fox, hay gran posibilidad de que un candidato con un plan económico alternativo al foxista llegue al poder. De hecho, si se tiene en cuenta que el aspirante del Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador, es el mejor colocado en las encuestas sobre preferencia electoral, tal parece que las reformas buscan limitar su margen de acción en caso de que gane los comicios presidenciales. En pocas palabras, se trata de dar continuidad al actual modelo económico sea cual fuere el resultado de las elecciones de julio del año entrante. Como denunció el diputado perredista Alfonso Ramírez Cuéllar, las medidas le quitarían al Ejecutivo "la operación financiera, la regulación bancaria y el manejo de más de 500 mil millones de pesos que se encuentran concentrados en la cuenta de ahorro de millones de trabajadores".
Resulta inaceptable que un gobierno que asumió el poder con la bandera del cambio, ahora maniobre para cerrar el paso a cualquier golpe de timón en la conducción económica del país, como exige una gran parte del electorado. Si se pretende edificar un México cimentado en pilares como la democracia, la soberanía popular, la equidad y el respeto a la opinión de otros, es indispensable dejar vía libre a otros proyectos de gobierno y no sabotearlos mediante disposiciones restrictivas y antidemocráticas.