El conflicto de Aviacsa: un problema forestal
Alfredo Domínguez Araujo contaba una anécdota de su pueblo natal, en la sierra de Chihuahua, referida a un comandante de la policía rural que utilizaba toda clase de pretextos para evitar cumplir con su deber. Cuando acudían ante él para denunciar algún delito, se excusaba alegando que su caballo estaba enfermo, que su pistola estaba en reparación y, si era necesario transportarse a otro lugar, argumentaba que no tenía viáticos. En una ocasión acudieron a él avisándole de un homicidio en una de las cañadas; los denunciantes, sabedores de las argucias del comandante, se prepararon y acudieron con un caballo, una arma de fuego y viáticos suficientes. Cuando el comandante agotó sus excusas y al ver que no podía evadir las exigencias ciudadanas, preguntó molesto: ¿cómo fue asesinado el occiso? "A hachazos, mi comandante", le respondieron. En ese momento nuestro personaje reaccionó contestando: "me lo hubieran dicho antes; no puedo hacer nada, no soy competente, se trata de un problema forestal".
Viene a nuestra memoria esta anécdota a raíz de la resolución dictada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a pesar de todas las evidencias acreditadas, se negó a revisar la decisión que impidió a los pilotos de Aviacsa asociarse en el sindicato de su elección, argumentando que no se trataba de un asunto de su competencia. Los ministros adoptaron un criterio formalista que elude el tema de fondo relativo al alcance de la libertad sindical en las tripulaciones aeronáuticas, dejando impunes todas las tropelías cometidas en contra de los pilotos de esta línea aérea y convalidando por omisión la estrategia empresarial aplicada en contra de los sindicatos democráticos en el sector, medida que afectará la calidad y seguridad de las operaciones de este especializado personal.
El caso de Aviacsa es ilustrativo de la enorme dificultad que existe en nuestro país para organizarse sindicalmente. Los pilotos tuvieron que esperar un juicio de casi seis años, sufrir el despido de más de un tercio de su plantilla de personal, padecer el robo de urnas en sus votaciones y distintas agresiones físicas cometidas ante los ojos de los propios funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en un recuento sindical, quienes se hicieron de la vista gorda ante los hechos. Para darnos idea de la actitud de la empresa, ésta llegó al extremo de promover una demanda civil por supuestos daños y perjuicios en contra de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) por casi 700 millones de pesos, fundando su reclamación en que esta asociación había dado a conocer los hechos ante la opinión pública. La consigna de la empresa fue muy clara: "nunca admitir un sindicato real".
A pesar de todas las presiones, los pilotos aviadores se mantuvieron en sus convicciones. En el último recuento, superaron con valentía las amenazas y presiones realizadas por la empresa y el sindicato impuesto por ella; de viva voz votaron mayoritariamente por ASPA ante la presencia del patrón y la gente que éste designó en su representación. Debieron sufrir previamente el acoso de ser acompañados uno a uno por los representantes de la empresa al lugar donde se efectuaba la votación del recuento, siendo amenazados en el trayecto con su despido si optaban votar por ASPA. Después de este accidentado recuento ASPA obtuvo el reconocimiento legal como representante de su profesión en Aviacsa.
Las cosas cambiaron en contra de los pilotos cuando el conflicto pasó a la competencia del Poder Judicial federal. El sexto tribunal colegiado en materia de trabajo de esta ciudad reconoció que la voluntad mayoritaria de los pilotos se expresó a favor de ASPA, sin embargo consideró que era intrascendente esta decisión, en razón de que los pilotos no podían ser representados por un sindicato gremial, y por tanto debían conformarse con el sindicato que tenían en un principio. Tomando en cuenta los alcances de esta particular interpretación de la libertad de sindicalización, ASPA impugnó esta resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que le competía decidir si era o no válido este criterio. La petición sindical estaba plenamente sustentada, no sólo por el hecho de que se realizaba una interpretación directa a la Constitución sino por el propio criterio manifestado por los mismos ministros de la segunda sala en la jurisprudencia IX-2004, que sostiene que la misma debe resolver los agravios de legalidad cuando se encuentren vinculados con aspectos de constitucionalidad. Fue necesario que transcurrieran casi dos años para que prevaleciera el proyecto del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien sostuvo insistentemente que debería desecharse la impugnación de ASPA por no tener vinculación alguna con una interpretación constitucional en materia de libertad sindical.
A pesar de que a los pilotos de Aviacsa se les impidió en esta etapa su decisión de ser representados por ASPA, su lucha por la dignidad profesional no ha cesado. La pelea de los pilotos por su derecho a una sindicalización libre continuará, tanto en el ámbito nacional como internacional. Existen convenios internacionales en materia laboral y de derechos humanos que son claramente aplicables al caso.
Uno de los grandes temas dentro del esfuerzo de reforma judicial en que está involucrada la propia Suprema Corte tiene que ver con la cercanía de los impartidores de justicia a la realidad cotidiana y con la tolerancia al escrutinio público de sus actos. El proceso de transición democrática que vive nuestro país debe reflejarse en una visión más comprometida de los juzgadores con los valores de justicia social que tanto reclama nuestra sociedad.