"Busca mantener en posiciones clave a quienes impidan investigación de temas sensibles"
Designaciones transexenales solaparían "operaciones dudosas": Di Costanzo
Las transacciones irregulares cuestan cada año al erario más de 50 mil millones de pesos, afirma
Estaría atado de manos el próximo presidente, señala el analista
La propuesta de reforma al sector financiero, que de ser aprobada en el Congreso permitiría al actual gobierno nombrar a los funcionarios que se desempeñarían en el área en los siguientes seis años, busca por un lado garantizar la estructura de operación del modelo económico, pero también asegurar la puerta para impedir la investigación de operaciones dudosas que cuestan cada año al erario más de 50 mil millones de pesos, indicaron analistas privados y reportes oficiales.
"Lo que en el fondo buscan las iniciativas es mantener en posiciones clave a los actuales personajes que han de garantizar que no se investiguen temas sensibles", comentó el analista financiero Mario di Costanzo.
Datos oficiales ubican la transferencia de fondos públicos para dar servicio a diferentes operaciones de salvamento financiero en 50 mil millones de pesos, que son aportados principalmente a bancos privados.
Este sábado, La Jornada reveló que los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), así como Convergencia impulsan una reforma a varios artículos de la Constitución que, de ser aprobada, permitiría al presidente Vicente Fox Quesada nombrar a los responsables de áreas clave del sector financiero para el próximo sexenio.
Ello ataría de manos al responsable de la siguiente administración federal para decidir sobre los dirigentes de órganos como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encargado de la recaudación de impuestos y una parte de las operaciones de aduana; Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el órgano regulador y supervisor del sistema financiero; Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el regulador del sistema privado de pensiones, y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).
"La propuesta va todavía más allá", comentó Di Costanzo, asesor de varias comisiones legislativas en el Senado y ex secretario técnico de la comisión que investigó en la Cámara de Diputados el rescate bancario. "Incluso se pretende reformar la ley de la Auditoría Superior de la Federación (ASF, el órgano de supervisión de la Cámara de Diputados)", que es la entidad que el próximo sexenio auditará las cuentas de la gestión de Fox Quesada.
La propuesta de PAN, PRI, PVEM y Convergencia para reformar los artículos 25 y 31 de la Constitución es impulsada a menos de dos semanas de que concluya el penúltimo periodo ordinario de sesiones del Congreso y en momentos en que la contienda por la Presidencia de la República ubica en la punta al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
"Andrés Manuel López Obrador (el precandidato presidencial del PRD) ha expresado voluntad por investigar los delitos financieros cometidos en el pasado, así como la operación discrecional de los fideicomisos que maneja el gobierno federal, en los cuales se mueven recursos por casi 500 mil millones de pesos", opinó Di Costanzo.
La propuesta de reforma a las instituciones del sector financiero apunta a dotar de "autonomía" a entidades como la CNBV, el SAT o la CNSF y la ASF. De ser aprobada, el control de esas instancias sería tomado por las fuerzas que hoy dominan el poder político y que, en el sector financiero, mantienen el control de las instituciones desde hace dos décadas.
Di Costanzo dijo que para defender esta propuesta, los impulsores de la iniciativa de reforma han utilizado argumentos técnicos que si bien podrían ser ciertos, dado que nadie cuestiona que la transparencia y la rendición de cuentas deber ser un requisito fundamental en cualquier gobierno, "lo que de fondo pretenden las iniciativas es mantener en posiciones claves a los actuales personajes que han de garantizar que no se investigarán temas sensibles para el interés de los funcionarios que han actuado de manera negligente e ilegal durante las pasadas y la presente administraciones".
De esa manera, añadió, el gobierno que entrará en funciones el 1º de diciembre de 2006 no podría mover de sus cargos a los actuales titulares de las dependencias y así se cortaría la posibilidad de investigación de los crímenes financieros cometidos contra el erario y el interés público.
Citó como ejemplo que, a su juicio, el poder fiscalizador de la CNBV se ha utilizado como un mecanismo de control político y financiero en beneficio de la "nomenclatura" que rodea al actual secretario de Hacienda. En este sentido, dijo, se observa la pasividad con que la CNBV ha procedido en asuntos como el lavado de dinero o el reciente caso de manejo de información privilegiada por parte de Bancomer en la operación de venta de Mexicana de Aviación.
El otro caso es el SAT, la entidad encargada de recaudar los impuestos, y que en el fondo es dirigida por Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda. A la fecha, este órgano ha presentado magras cifras en cuanto a recaudación: en la actualidad existen más de 130 mil millones de pesos en créditos irrecuperables para el fisco; el SAT sólo gana cuatro de cada 10 juicios en los que participa, y los créditos fiscales denominados como "controvertidos", es decir, los que presentan algún tipo de litigio, superan los 200 mil millones de pesos.
"Es razonable preguntarnos por qué razón se busca otorgar autonomía a estos órganos, que de obtenerla se haría posible que permanezcan en sus puestos los principales funcionarios de estas dependencias", dijo el analista.