Actualmente la PGJEM no tiene datos sobre avances en indagatorias: Navarrete
"Está roto" el caso Enrique Salinas de Gortari, dice el procurador mexiquense
Este lunes se cumple un año del homicidio del hermano menor del ex presidente
Tlalnepantla, Mex., 4 de diciembre. Al cumplirse este lunes un año del asesinato de Enrique Salinas de Gortari, el procurador general de Justicia del estado de México, Alfonso Navarrete Prida, quien un mes después del homicidio declaró que los resultados de la averiguación previa iniciada por el crimen del hermano menor del ex presidente de México serían "una gran sacudida para el escenario nacional", calificó el caso de "asunto roto".
Destacó que mientras no se tenga claro el móvil de la extorsión y quiénes participaban en ésta -investigaciones que están a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR)-, "no podremos resolverlo".
En conferencia de prensa, el funcionario hizo un balance del caso y sostuvo que si Eleazar Rubén Muñoz Valdez, subcomandante de la Agencia Federal de Investigación (AFI), e Hilda Deneken, pareja sentimental de Enrique Salinas, actualmente prófugos, "declararan quién les pidió que ordenaran a los agentes que fuera de sus actos de servicio presionaran al ingeniero Salinas, sabríamos quién esta detrás de todo".
Destacó que luego de que el juzgado segundo en procesos penales del Reclusorio Norte, ubicado en el Distrito Federal, atrajo el caso de los agentes de la AFI, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) integró un grupo de trabajo con la PGR.
Sin embargo, apuntó, actualmente la PGJEM no tiene dato alguno sobre los avances en las indagatorias en torno del móvil de la extorsión. "Estoy esperando que se compartan al seno del grupo de trabajo integrado por ambas procuradurías. Yo esperaré que aporten alguna investigación", agregó.
"El asunto está roto. Así desafortunadamente lo vemos. Nos hemos tenido que coordinar (con la PGR) y lo vamos a seguir haciendo", indicó.
De 2004 a 2005 hubo 270 declaraciones
Navarrete Prida explicó que durante el tiempo en que la PGJEM tuvo la responsabilidad jurídica del asunto, del 6 de diciembre de 2004 al 22 de julio de 2005, hubo cerca de 270 declaraciones de familiares, amigos, vecinos y empresarios en entidades como Nuevo León, estado de México y Morelos, así como en el Distrito Federal.
Además, se emitieron 77 dictámenes periciales sobre criminalística, análisis de llamadas telefónicas y sobre la necropsia, en el que se desmuestra que Enrique Salinas murió por obstrucción de las vías respiratorias altas.
Se determinó, indicó el procurador, que el ingeniero estaba siendo extorsionado y que en esa acción participaban personas cercanas a él, quienes se encuentran bajo proceso, entre ellas José de Jesús Medellín Pimentel y Eduardo Paredes Monroy, mientras Eleazar Rubén Muñoz se encuentra prófugo.
El titular de la PGJEM mencionó que también se estableció que "había una tramitación irregular de una petición del gobierno francés a la AFI e Interpol; que las declaraciones que tenemos demuestran y señalan que había agentes federales, llámese Interpol, que estaban ejerciendo presión sobre el ingeniero, lo que llevó a ejercitar acción penal en siete casos y que se dictaran seis autos de formal prisión; que se solicitara una detención provisional con fines de extradición por arraigo en contra de Hilda Deneken, el cual está insubsistente por un amparo".
Sobre esto último, aclaró que la dependencia a su cargo estudia el recurso jurídico que más convenga, con el propósito de contrarrestar el recurso de amparo.
Apuntó que si Muñoz Valdez e Hilda Deneken fueran detenidos, "se podría saber quiénes son los responsables de la extorsión, y con ello llegar al autor material del homicidio".
Asimismo, informó que aún no se determina el lugar exacto donde el 5 de diciembre de 2004 fue asesinado el hermano menor del ex presidente Carlos Salinas. "Fue entre los límites del Distrito Federal y el estado de México, entre la delegación Miguel Hidalgo y Huixquilucan. Hay cuatro casas identificadas, tres de las cuales son viviendas aseguradas por la PGR y una es particular", concluyó