El sistema de justicia impide que desaparezca, señala
Improbable, erradicar la tortura en México: HRW
Apremia al Senado a aprobar reformas legales en la materia
El actual sistema de justicia penal del país fomenta la tortura al permitir que las autoridades ministeriales utilicen las confesiones forzadas para lograr sus objetivos -entre ellos la obtención de condenas penales, el encubrimiento de actividades ilegales y el inculpamiento de inocentes-; en tanto eso continúe, "es improbable que la tortura en México desaparezca", sostiene José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW).
La tortura en México es un grave problema de violación a los derechos humanos, abunda Vivanco en una carta que envió a Sadot Sánchez Carreño, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.
HRW señala que analiza el paquete de reformas en materia de justicia que envió el presidente Vicente Fox, y agrega que durante años la tortura en México ha sido un secreto a voces.
Las reformas legales de principios de los años 90 no lograron erradicar esta práctica y, desde entonces, el país ha respondido a los sucesivos escándalos de tortura con medidas aisladas, tratando cada caso como un hecho ilícito independiente, en lugar de examinar esta práctica como síntoma de un problema crónico.
Vivanco reconoce que el gobierno actual ha puesto en marcha varios programas destinados a "reducir los casos de tortura", mejorando la capacitación y supervisión de policías e investigadores, pero al no abordar la causa principal del problema, México ha permitido que persista este fenómeno sin un efectivo control de parte de las autoridades.
El director de HRW envió la misiva a Sadot Sánchez para solicitarle que en el análisis de las reformas en materia de justicia que envió Fox es necesario y urgente que el tema de la tortura sea revisado a fondo, ya que es un grave problema de violación de derechos humanos.
Represión e impunidad
Human Rights Watch hace un rápido recuento de las reformas en el combate a la tortura a partir de 1991. Destaca que a pesar de los esfuerzos legislativos, la tortura sigue siendo un grave problema, y un ejemplo, destaca, son los escándalos recientes de Guadalajara, con la represión a los altermundistas y la impunidad por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
"A primera vista tienen poco en común, pero a pesar de sus diferencias obvias, ambos comparten una característica similar con innumerables casos de violación de derechos humanos les han precedido: el uso de la tortura."
Subraya la necesidad de una iniciativa más contundente contra la tortura, puesta de manifiesto en los años recientes por los lamentables hechos en Ciudad Juárez.
Y ante las presiones locales, nacionales e internacionales para que se aclaren los cientos de asesinatos de mujeres, así como las decenas de desapariciones, al parecer las autoridades estatales habrían recurrido a obtener confesiones bajo tortura.
La Comisión Nacional de Derechos Hu-manos, explica HRW, identificó 89 casos en los cuales los sospechosos de crímenes "habrían confesado espontáneamente ante el Ministerio Público (MP), y luego ante el juez se retractaron, alegando tortura".
El organismo considera que para superar el problema de la tortura en México es necesaria una reforma integral que impida en teoría y en la práctica el uso en los juicios de confesiones obtenidas con ese método.
"Un paso central es eliminar el valor probatorio de las declaraciones ministeriales que se toman en estas condiciones, ya que el Ministerio Público puede tener incentivos similares a los de la Policía Judicial para obtener una confesión forzada de un acusado y someterla a la consideración de un tribunal."
Rechaza los argumentos de que impedir a los agentes del MP tomar declaraciones que tengan valor probatorio entorpecerá su eficacia para realizar su trabajo.
"Este argumento es engañoso", porque el MP podrá interrogar, pero no forzar a los sospechosos a que hagan confesiones para "esclarecer" el caso.
Añadió que al interrogar el agente debe respetar los derechos del sospechoso, "no se le prohíbe que investigue, sino que se establece que una confesión rendida ante cualquier autoridad distinta al juez o ante éste sin la asistencia de un defensor, cuando se acredite la existencia de incomunicación, intimidación o tortura, carecerá de todo valor probatorio".
La defensa de que esas declaraciones ante el MP tengan valor probatorio reflejan "un gran desprecio por las obligaciones internacionales de México de combatir la tortura y proteger las garantías del debido proceso".
Human Rights Watch reconoce en la misiva que en el paquete de reformas en materia de justicia que envió Fox al Senado hay algunas propuestas relevantes, como la modificación al artículo 20 constitucional para que quien sea defensor penal cuente con título en derecho.
Asimismo, destaca la modificación al artículo 21 constitucional, que permite el trabajo comunitario como pena alternativa al arresto o multa, y la modificación al 18, que permite el intercambio de reos ante el gobierno federal y los estados.
Sin embargo, hace notar, existen puntos centrales que estudia el Senado y que "son uno de los problemas más graves de derechos humanos, como lo es la tortura".
Afirma que "es bien sabido que la tortura puede provocar un profundo y duradero daño sicológico en sus víctimas.
"Como el escándalo de Ciudad Juárez ha demostrado al mundo, las víctimas de tortura no son las únicas afectadas por este abuso. Si se condena a los sospechosos con base en testimonios forzados, podría negarse a las víctimas del delito y sus familiares el derecho a obtener justicia por los presuntos crímenes, dada la probabilidad creciente de una condena errada.
"Además, cuando los criminales violentos escapan de la justicia porque se ha condenado a personas inocentes en su lugar, la seguridad de la población se pone en peligro. Por último, cuando la sociedad pierde la fe en el sistema de administración de justicia penal, la víctima final es el propio estado de derecho."