El gobierno federal ha incumplido compromisos firmados en 2004
Estrategia gubernamental divide lucha de mazahuas en el Edomex
La Conagua sólo introdujo redes de agua potable en seis comunidades y dejó fuera a cinco
Ampliar la imagen
La comunidad mazahua de San Idelfonso, estado de M�co, protesta por las afectaciones que sufri� secarse el manantial que los abastec�de agua, y que atribuyen a la tala indiscriminada autorizada por la Semarnat FOTOS Agencia MVT/Mario V�uez de la Torre
Foto: S Agencia MVT/Mario V�uez de la Torre
Villa de Allende, Mex., 4 de diciembre. La unidad con la que el Frente para la Defensa de los Derechos Humanos y Recursos Naturales del Pueblo Mazahua (FDDHRNPM) luchó durante año y medio, para conseguir que las autoridades federales indemnizaran por daños causados a cultivos y por dignificar la vida en comunidades indígenas, quedó atrás.
El FDDHRNPM, originario de esta localidad, hoy está dividido no sólo por cuestiones de dinero, sino por una estrategia gubernamental que ha ahondado las diferencias al privilegiar a unos sobre otros.
Los más de 500 campesinos que se manifestaron ante la planta potabilizadora de Berros, perteneciente al Sistema Cutzamala, con la amenaza de cerrar las válvulas que suministran agua a más de 20 millones de habitantes en el centro del país, ahora están enfrentados.
El gobierno federal ha capitalizado la situación para no cumplir con los compromisos firmados para dotar de infraestructura a las comunidades de la microcuenca conformada en Villa de Allende, Villa Victoria y Donato Guerra.
De aquella organización unida que arrebató a la Secretaría de Gobernación un acuerdo para dignificar la vida en más de una docena de poblados de esos tres municipios, ahora existen dos fracciones.
Por un lado está el Frente Mazahua, integrado por 10 de las 11 comandantas que el 15 de septiembre del 2004 formaron el Ejército de Mujeres Mazahuas Zapatistas, y por otro, el Movimiento Mazahua, dirigido por Santiago Pérez Alvarado, quien fue representante legal del frente, y por Victoria Martínez Arriaga, la principal comandanta del ejército indígena.
El inicio de la lucha
En septiembre de 2003, más de 300 hectáreas cultivadas en diversas comunidades de Villa de Allende quedaron inundadas por el mal manejo de la presa de Villa Victoria, parte del Sistema Cutzamala. Los labriegos exigieron a la autoridad durante meses indemnización por los daños en sus siembras, reclamos que no tuvieron eco.Luego de un año sin respuesta, las mujeres mazahuas de Villa de Allende decidieron asumir el control de la lucha y formaron el Ejército de Mujeres Mazahuas Zapatistas.
Con apoyo de los poblados Donato Guerra y Villa Victoria, hicieron diversas movilizaciones en la ciudad de México, hasta que la Secretaría de Gobernación aceptó dar entrada a sus reclamos.
Así, en octubre de 2004, la autoridad federal se comprometió a pagar a los mazahuas por sus hectáreas dañadas en los ciclos 2003 y 2004, año este último en que no pudieron sembrar por falta de recursos.
Además, la dependencia ofreció dotar de infraestructura a esas comunidades e impulsar su desarrollo, al introducir sistemas de agua potable en caseríos de Villa de Allende, que carecieron del servicio durante 20 años, a pesar de que de esa región se extrae la mitad del agua que se destina al centro del país. Se les apoyaría también, según se dijo, con insumos agrícolas para mejorar la producción de maíz, avena y cebada, y se impulsarían proyectos productivos, como invernaderos, con el propósito de desarrollar cultivos alternativos rentables, como el de hortalizas.
La división
Pasaron dos meses luego de la firma del acuerdo sin que Gobernación cumpliera lo pactado. La paciencia de los campesinos se agotó. El desgaste era evidente tras un año de lucha. El gobierno federal entregó, en diciembre de 2004, 111 cheques para cubrir la afectación de cultivos, pero los documentos no tenían fondos.
Los afectados pudieron cobrar la indemnización dos meses más tarde, a razón de 5 mil 700 pesos por hectárea para el ciclo 2003, y 2 mil 700 para el ciclo 2004. Uno de los acuerdos internos en la organización era que los ejidatarios sólo recibirían el pago correspondiente a 2003, y que el beneficio de 2004 se destinaría a sostener el movimiento, así como a proyectos productivos.
Y con esto se dio el primer diferendo, porque muchos ejidatarios, ya con dinero en mano, no aceptaron cumplir el trato exigido por su representante legal, Santiago Pérez Alvarado, quien, dicen algunos, también pretendía quedarse con 20 por ciento del monto de las indemnizaciones que obtuvieron, como pago por sus servicios legales.
Campesinos de San Isidro, Berros, El Jacal, Salitre del Cerro y Mesas de San Martín, se negaron a pagar.Pero la división se concretó cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) empezó la introducción de redes de agua potable para las comunidades de San Isidro, San Cayetano, Soledad del Salitre, El Jacal, Salitre del Cerro y Los Berros, todas ellas bajo el control del Ejército de Mujeres Mazahuas Zapatistas. Dejó fuera a Loma de Juárez, El Aventurero, San Felipe Santiago, San Jerónimo y Tres Puentes, última comunidad en integrarse a la lucha, y bajo la tutela del asesor Santiago Pérez Alvarado.
Las comunidades beneficiadas no sólo obtuvieron agua potable e invernaderos, sino algunas, como San Isidro, lograron la pavimentación de varias calles, lo cual no estaba pactado en el convenio de octubre de 2004.
Todo ello causó más encono en la organización. Y se sumaron nuevos diferendos por el manejo de la maquinaria agrícola que les entregó el gobierno, y por sus rendimientos, entre otros, hasta que se escindieron y cada fracción consiguió un asesor. Entró entonces en escena Manuel Araujo, de San Isidro, quien es ahora el asesor del Frente Mazahua.
El gobierno federal sólo cumplió sus compromisos con una parte de la organización, y marginó a la otra. Sigue pendiente la introducción de agua potable para más de 15 mil personas, de San Jerónimo, San Felipe Santiago, Loma de Juárez, San Miguel Xontepec y el Aventurero, de Villa de Allende, y Tres Puentes, de Donato Guerra. Manuel Araujo, ahora contrario a Pérez Alvarado, reconoce que el gobierno federal "hizo lo suyo" para ahondar las diferencias.