En Berlín, Condoleezza Rice insiste en que EU no maltrata a sospechosos

Ciudadano alemán detenido "por error", demanda a la CIA por tortura

El abuso, instrumento del gobierno de Bush en su guerra contra el terrorismo: ONG

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 6 de diciembre. La secretaria de Estado Condoleezza Rice fue obligada a reiterar por segundo día consecutivo que "Estados Unidos no tortura", mientras un ciudadano alemán presentó hoy una demanda formal contra la CIA por tortura.

El gobierno de George W. Bush ha sido acusado por las principales organizaciones de derechos humanos aquí -Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Human Rights First y Center for Constitutional Rights, entre otros- de emplear la tortura como instrumento en su "guerra contra el terrorismo". Hoy, Khaled al-Masri, un ciudadano alemán, acusó formalmente a la CIA de secuestrarlo, trasladarlo a Afganistán y torturarlo el año pasado, luego de identificarlo erróneamente como cómplice de los responsables del atentado del 11 de septiembre de 2001.

En su demanda legal presentada en Washington por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), se detalló que Al-Masri acusa que fue secuestrado al intentar ingresar a Macedonia el 31 de diciembre de 2003, y fue trasladado a Afganistán. Durante sus cinco meses de detención, afirma su demanda ante el Tribunal Distrital de Estados Unidos, fue sometido a "tortura y trato cruel, inhumano y degradante".

Hoy su abogado reveló que el gobierno estadunidense rehusó permitir que Al-Masri se presentara aquí hoy, y en la conferencia de prensa habló por video-teléfono desde Alemania para anunciar su demanda, en la cual el ex director de la CIA, George Tenet, es el principal acusado. También acusa que sus derechos a un proceso legal fueron violados y que fue sujeto a una detención arbitraria y prolongada.

Que admita su error y ofrezca disculpas

"Estoy pidiendo al gobierno estadunidense admitir su error y disculparse por el trato que me dieron. Durante todo el tiempo en la prisión, solicité ser presentado ante un tribunal, pero me fue negado. Ahora estoy esperando que un tribunal estadunidense diga claramente que lo que me ocurrió fue ilegal y que no puede hacerse a otros", afirmó en un comunicado por escrito.

En Berlín, Condoleezza Rice rehusó comentar el caso con los medios, pero la canciller alemana Angela Merkel indicó que "hemos discutido este solo caso, el cual, por supuesto, el gobierno de Estados Unidos ha aceptado como un error".

Pero esta controversia no está limitada a este caso, y ahora forma parte de una disputa transatlántica entre Washington y Europa al revelarse cientos de vuelos clandestinos de la CIA por varios países europeos, y la existencia de centros de detención secretos donde se acusa del uso de tortura para detenidos en la "guerra contra el terrorismo".

En los últimos días, la práctica de "rendiciones" (el traslado secreto de detenidos sospechosos de "terrorismo" a terceros países para ser interrogados) ha sido defendida por el gobierno de Bush, más recientemente por la propia Rice, quien ayer y hoy insistió en que las rendiciones "han sacado de acción a terroristas y han salvado vidas".

Al defender la práctica de rendiciones como un instrumento efectivo y legal -y no nuevo (fue empleado también durante el gobierno de Bill Clinton)- el gobierno de Bush ha insistido en que la tortura no forma parte de estas operaciones. "Estados Unidos no condona la tortura... es contra la ley estadunidense y contra las obligaciones internacionales de Estados Unidos", reiteró Rice en Alemania. "No torturamos", subrayó, igual que lo ha hecho el presidente Bush y otros altos funcionarios de su gobierno durante los últimos años.

Pero organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional acusan que el gobierno está empleando una definición muy ambigua de la "tortura", una que no cumple con la definición bajo la ley internacional. Críticos recuerdan los intentos de los últimos tres años para redefinir la tortura y para reinterpretar las "obligaciones internacionales" de Estados Unidos, y por lo tanto disputan las afirmaciones oficiales.

Estas organizaciones denuncian que estas prácticas son lo que en otros países se llamaban "desapariciones" y que los detenidos son mantenidos incomunicados, sin recurso a los tribunales u otras instancias jurídicas y frecuentemente enviados a países en donde se ha documentado que practican la tortura. La CIA rehúsa comentar sobre el programa, y nadie sabe cuántos han sido "rendidos" a otros países; aunque Human Rights Watch calculó en mayo que por lo menos de 150 a 200 detenidos habían sido trasladados de otros países, incluso de Estados Unidos, a Egipto desde el 11-S.

De hecho, como ha reportado la periodista Dana Priest en el Washington Post, nadie sabe casi nada sobre los "sitios negros" de la CIA, los centros de interrogación donde son trasladados estos detenidos, ni la gran mayoría de los legisladores estadunidenses. "Virtualmente no se sabe nada sobre quiénes están en esas instalaciones, qué métodos de interrogación se emplean sobre ellos, o cómo se toman las decisiones de quiénes deben permanecer detenidos y por cuánto tiempo", escribió.

Vale recordar que el propio vicepresidente Dick Cheney intentó negociar una "excepción" para algunas operaciones clandestinas en una iniciativa de ley promovida por los senadores republicanos John McCain y Lindsey Graham que prohíbe explícitamente todo trato "cruel, inhumano y degradante" a detenidos.

Los intentos de Cheney de permitir la tortura en ciertos casos provocaron una furiosa respuesta de estos legisladores y otros, y el Washington Post tituló su editorial sobre el caso como "Vicepresidente por la tortura".

Peor aún, recientemente se divulgó la existencia de dos memorándums del Departamento de Justicia detallando métodos de interrogación permisibles, los cuales fueron considerados como "asombrosos" por una fuente que los vio, reportó la revista The New Yorker. La publicación informó que estos documentos "descartan virtualmente todas las leyes nacionales e internaciones regulando el tratamiento de prisioneros" y es "radical", al postular que en "tiempos de guerra el presidente puede combatir enemigos por cualquier medio que considere apto".

La semana pasada, un ex alto funcionario del Departamento de Estado acusó a Cheney de ser el responsable de promover estas políticas que violan las leyes tanto nacionales como internacionales, y comentó que el vicepresidente podría ser "culpable de un crimen de guerra". El acusador no es nadie menos que Lawrence Wilkerson, quien fue el segundo del ex secretario de Estado Colin Powell entre 2002 y 2005, y un ex coronel del ejército. En entrevista con la BBC, Wilkerson reveló que en el debate interno dentro del gobierno de Bush sobre las Convenciones de Ginebra, Cheney fue quien encabezaba el argumento "esencialmente de deshacerse de todas las restricciones".

Parte de la política oficial

Sigue siendo algo sorprendente que se esté debatiendo abiertamente la tortura como parte de la política oficial de Estados Unidos, y que se puede mostrar al mundo cada vez más pruebas de que el "trato cruel, inhumano y degradante" es un instrumento aceptable en la "guerra" como también la existencia de "desaparecidos", sin que provoque un escándalo mayor y una respuesta de denuncia y rechazo por la opinión pública aquí.

Sin embargo, la revelación de más abusos ha colocado al gobierno de Bush en una situación donde tiene que defenderse, y con cada defensa, se revela aún más que este gobierno ha tomado la decisión de que los derechos humanos y los principios fundamentales de jurisprudencia en este país pueden ser subordinados -incluso anulados- bajo la justificación de la "guerra" en nombre de la defensa de la "libertad", la "democracia" y la "dignidad".