Teme por su seguridad, acusa a funcionarios locales e informa del caso a la DEA
Hostigan a vecina de Irapuato que denunció presunta venta de drogas
Irapuato, Gto., 6 de diciembre. El 3 de noviembre, 72 horas después de que la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN) de este municipio inició operaciones, recibió su primera denuncia contra presuntos vendedores de drogas que actuaban en la calle Carlos Ruvirosa, colonia Rodríguez. Las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) aseguraron que no hallaron actividad ilícita en ese domicilio y hoy la denunciante enfrenta un proceso judicial ''por difamación y lo que resulte''.
Angélica Mendoza dijo que sufrió agresiones, hostigamiento y persecución desde que presentó su acusación. Las autoridades municipales ''no están haciendo nada. La misma policía municipal me ha perseguido para espantarme y me han pedido que pare las denuncias''.
En entrevista, Angélica dijo estar contrariada por ''hacer valer mi derecho ciudadano a la denuncia. Porque pedí a la PGR que hiciera su trabajo de investigación ahora estoy pagando el pato: tengo una denuncia por difamación (averiguación previa 6184120/05) y estoy obligada a enfrentarla. ¿Cómo supieron que yo denuncié, si se supone que las denuncias son anónimas?''
Y va más allá: ''Pareciera que los narcomenudistas, si es que son, reciben trato especial; parece que tuvieran protección porque las mismas autoridades dicen que la denuncia la hice por pleito entre vecinos, cuando las agresiones en mi contra empezaron después de que puse mi denuncia.''
El 16 de noviembre Angélica Mendoza envió una carta al secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, con quejas contra servidores públicos. También solicitó que se investigue la actuación de los responsables de la UMAN para determinar si protegen a los presuntos delincuentes.
En su escrito, pidió que se investigue a Guidobaldo Zamarripa, ''titular del Ministerio Público Federal de la PGR en Irapuato, quien dijo a los medios de comunicación que yo puse una denuncia (cuando debió investigarse en secreto) por un pleito de vecindad; al delegado de la PGR en Guanajuato, Martín Diego Salido, quien dijo en una estación de radio que mi asunto es un pleito de vecinos''.
Días antes, el 12 de noviembre, mandó una carta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quejarse de que ha sido atacada por la denuncia. ''Las agresiones físicas que he recibido fueron perpetradas por los mismos narcos antes denunciados'', sostuvo.
''Después de esta amenaza, una mujer desconocida me siguió a la parada del autobús en la colonia donde vivo, y comentó que nunca los iban a detener a pesar de tantas denuncias, porque los estaban protegiendo altos funcionarios de la PGR, del estado, del municipio y autoridades municipales en esta ciudad, como el licenciado Aarón Irving Cárdenas Larios (secretario del ayuntamiento en Irapuato)'', añadió.
Mendoza informó en su mensaje que cambió de domicilio ''porque grafitearon las paredes de mi vivienda y me amenazaron para que pare la denuncia''.
Asimismo remitió una carta -fechada el 19 de noviembre- al procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, en la cual relató: ''A mi domicilio llegaron unas personas. Tocaron y una persona me gritó que estaban sus cuatro viejas para pegarme''. Agregó que en el expediente SIEDO/CCA/DGACA/72/2005 se da cuenta de que hay una investigación contra los habitantes de la casa 1149 de la calle Carlos Ruvirosa por supuestos delitos contra la salud.
''Tengo miedo. El mismo miedo me ha llevado a denunciar lo que sucede. Tengo mucho miedo porque sé de lo que es capaz esa gente y no quiero que, por denunciar, mi vida corra riesgo'', señaló.
Angélica Mendoza insistió en que al denunciar a presuntos narcomenudistas ''no acusé ni acuso a nadie, sólo pido que la PGR haga su trabajo; si encuentran algo, que los detengan porque son un riesgo para la colonia, para el municipio, para el país, pero si no, pues entonces ya se elimina la duda que tenemos varios vecinos. El caso es que en lugar de dar una respuesta profesional me exhibieron''.
Mendoza envió el expediente a la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para ''que todos estén enterados de que por denunciar salí denunciada, hostigada, amenazada y sin vida porque tengo que huir, y de hecho me voy a tener que ir de la ciudad porque, según las autoridades, yo tengo un asunto personal con los narcotraficantes. Esto es absurdo''.
La delegación de la PGR no quiso dar su versión, con el argumento de que para su titular, Diego Salido, el asunto ''ya está cerrado''.