Retroceso, las modificaciones a la Ley General de Salud aprobadas por diputados
Critica Canifarma cambios al esquema de control de precios de medicinas
La modificación al esquema de control de precios de medicamentos aprobado por los diputados representa un retroceso hacia fórmulas que en el pasado no sirvieron, resultaron inviables y quedaron superadas, afirmó Patricia Fazi Villalobos, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).
Afirmó que los cambios a los artículos 29, 31 y 74, de la Ley General de Salud, y 77 de la Ley Federal de la Propiedad Intelectual aprobados el pasado primero de diciembre sólo agravian a la industria, generan incertidumbre jurídica y da la impresión, a inversionistas, que no existe en el país una línea clara ni procesos transparentes.
León Halkin, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), señaló que los diputados legislaron al vapor. Los asuntos relacionados con la responsabilidad médica y la salud de los mexicanos no debería ser un botín de partidos, consideró.
En entrevistas realizadas durante el Congreso de la Industria Farmacéutica Nacional, Fazi y Halkin destacaron que las diferentes cámaras industriales son, por ley, organismos de consulta de los miembros del Congreso de la Unión, quienes están obligados a tomar en cuenta sus puntos de vista, lo cual no ocurrió en esta ocasión.
De pronto, dijo Fazi, apareció una iniciativa que había sido presentada el 24 de noviembre pasado por el Partido Verde Ecologista . "Nadie de nosotros la conocía, no fue turnada a subcomisiones de la comisión de salud" y en unas cuantas horas fue aprobada por el pleno.
Comentó que los cambios a dichas leyes son contradictorias, redundantes con algunas otras disposiciones ya existentes y, por lo tanto, dañinas para los laboratorios farmacéuticos.
Al referirse a las afectaciones que resentirían los fabricantes de medicamentos, la presidenta de Canifarma recordó que recientemente fue modificada la Ley de Propiedad Industrial para establecer las situaciones en que el Consejo de Salubridad General podría determinar la suspensión de los derechos de patente de los medicamentos. El artículo 77 de dicho ordenamiento señalaba que esto podría ocurrir en caso de enfermedades graves que sean causa de emergencia o de riesgo para la seguridad nacional.
Ahora, los diputados aprobaron que se agregara el "desabasto de fármacos y medicamentos" como otra causa para solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública, con lo que otros laboratorios podrían fabricar medicamentos genéricos intercambiables.
Respecto a los precios de los fármacos, Fazi Villalobos comentó que ya existe un esquema de control en el Programa de Modernización de la Industria Farmacéutica en Materia de Precios (Promif) que regula la Secretaría de Economía.
Este sistema corresponde con la evolución de una economía de libre mercado, por lo que volver a un mecanismo como el que se plantea en el proyecto de reforma al artículo 31 de la Ley General de Salud (LGS) sería un retroceso, el regreso de algo que no funcionó ni es viable en la actualidad.
Al respecto, Fernando Díaz Lombardo, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), explicó que Promif es un sistema voluntario que funciona con base en fórmulas convenidas entre autoridades y cada una de las empresas. El precio de medicinas se establece con base en indicadores macroeconómicos que toman en cuenta la inflación y el tipo de cambio, entre otros factores.
Comentó que en el caso de los lanzamientos de nuevos productos que carecen de antecedentes en el mercado, sus precios son elevados, mientras en el mercado de genéricos el control de su valor es innecesario pues la tendencia natural es hacia la baja. Y es que los diputados también aprobaron modificar el artículo 31 de la LGS para que "la Secretaría de Economía, con la opinión de la Secretaría de Salud", asegure la adecuada distribución y comercialización, y fije precios máximos de venta al público de los medicamentos patentados, genéricos intercambiables e insumos.
También la Ssa mantiene una posición de rechazo a las reformas en cuestión porque son ambiguas, su redacción se presta al manejo discrecional y confunden el uso de términos, indicó Mercedes Juan, secretaria del Consejo de Salubridad General.
Igual que los empresarios, la funcionaria de la Ssa exhortó a los senadores -a quienes ya les fue turnada la minuta de San Lázaro- a realizar un análisis cuidadoso del proyecto y corregirlo.