Editorial
Presupuesto, otra vez en medio de la tormenta
La mesa directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados podría haber provocado un enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo al modificar el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. Esa decisión, que por ley no corresponde a la mesa directiva sino al pleno de la Cámara, implica un desequilibrio del gasto público por unos 26 mil millones de pesos, una situación que afecta principalmente a los recursos destinados a la seguridad social, en especial al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El pasado 15 de noviembre, la diputación aprobó un presupuesto total por un billón 973 mil 500 millones de pesos con tan sólo la oposición del Partido Acción Nacional (PAN). Sin embargo, la mesa directiva de la comisión, integrada por una mayoría de legisladores del PAN y del Partido Revolucionario Institucional, incrementó ese monto a 2 billones 72 mil 400 millones de pesos, lo que significa un aumento del déficit público. Uno de los sectores más perjudicados será el de la seguridad social, el cual fue recientemente fuente de conflictos ante el diagnóstico del estado actual del IMSS y las propuestas para reformar dicha entidad.
El proyecto original contemplaba un gasto programable del IMSS por unos 235 mil 766 millones de pesos, de los cuales el gobierno federal aportaría 38 mil 708 millones y otros 38 mil 810 millones 600 mil pesos para cubrir el pago de pensiones. Pero ahora, con las modificaciones, el instituto obtendrá para su gasto programable unos 209 mil 194 millones 600 mil pesos, con una participación del gobierno federal de unos 38 mil 708 millones para los seguros y 65 mil 383 millones para jubilaciones.
Los cambios decididos de último momento por la mesa directiva constituyen una transgresión de las reglas de la Cámara de Diputados, ya que el pleno de ese órgano legislativo es el único con la facultad de definir el presupuesto. Adicionalmente, las modificaciones son, en los hechos, una flagrante violación de las reglas del juego republicano. ¿De qué sirve que las leyes establezcan con claridad las obligaciones y facultades de cada rama del Estado si un pequeño grupo de políticos impone su propia agenda sobre los consensos alcanzados por la mayoría? Asimismo, esta imposición revela que en México los principios democráticos en la toma de decisiones dentro de la legislatura pueden ser vulnerados por una minoría y quedan relegados ante intereses oscuros y particulares.
Este caso podría desatar una nueva crisis entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, en muchos puntos similar a la que se vivió el año pasado con la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005. Hay que recordar que en esa ocasión, la Cámara de Diputados rechazó varias observaciones hechas por la Presidencia de la República al proyecto de presupuesto, lo que motivó que el Ejecutivo presentara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual generó una agria polémica sobre la competencia de cada una de las ramas del Estado. En aquel entonces se le recriminó al presidente Vicente Fox haber olvidado su frase "el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone". Ahora, el diputado panista Juan Molinar, advirtió que el único que podrá corregir esta situación es el gobierno federal y ya no la Cámara de Diputados, con lo que abre otra vez la polémica entre poderes.
Ante esta situación, que amenaza detener la aplicación del presupuesto, tal y como ocurrió en 2005, es urgente que el pleno de la diputación dé marcha atrás a la usurpación de funciones perpetrada por la mesa directiva de la Comisión y ejerza su derecho exclusivo de modificar el presupuesto. En una democracia sana basada en el respeto a los principios republicanos, no es posible que las decisiones de un pequeño grupo tengan prioridad sobre los acuerdos alcanzados por la mayoría.