¿Es la solución un acuerdo migratorio?
El presidente Bush ha vuelto a poner la migración en el centro del debate, pero no plantea ninguna propuesta que permita pensar que busca solucionar el fenómeno. Retoma el mismo discurso de la parte más conservadora del Partido Republicano, el mismo que se pronuncia marcadamente por políticas policiacas mediante el reforzamiento de elementos de la Patrulla Fronteriza y de todo un conjunto de instrumentos sofisticadísimos para tratar de detener a los migrantes indocumentados.
La situación no es nueva, lamentablemente, pues ha sido la estrategia que desde hace bastante tiempo se ha puesto en marcha para frenar a estos hombres y mujeres sin ningún resultado positivo. Por el contrario, ha profundizado la precarización de esos trabajadores y, peor todavía, ha generado la muerte de mu-chos de ellos en la frontera.
El problema es que ni los legisladores ni la opinión pública quieren aceptar que estos migrantes responden en forma masiva a la oferta de trabajos que el país vecino otorga, oferta subrepticia y no abierta a los caminos legales.
Es decir, regulan este mercado de trabajo mediante una muy turbia vía que es la de dejar que muchos de estos trabajadores indocumentados vayan pasando en la cantidad que conviene. Es un juego macabro que debe terminar, pues muchos sufren violaciones a sus derechos humanos y otros mueren.
Pero lo que es un hecho es que no hay contingentes internos para llenar esas vacantes, es por eso que el volumen de indocumentados en Estados Unidos ha alcanzado un número extraordinario: 11 millones, de los cuales 5.7 millones son mexicanos.
Los factores de atracción están a la vista. Estados Unidos presenta una tasa de desempleo menor a 5 por ciento y su economía muestra signos de recuperación creciente, factores ambos que han hecho que la muy baja calificación que habían estado otorgando los estadunidenses a su presidente ahora esté remontando, además, por supuesto, de hablar nuevamente del control de la migración.
Por otro lado, autores como Bill Frey señalan que ese país enfrentará graves problemas en un futuro próximo a menos que tome medidas urgentes, pues el número de trabajadores por cada jubilado disminuirá de 4.6 en 2005 a 2.1 en el año 2050.
La Administración de la Seguridad Social de Estados Unidos también ha puesto al descubierto el impacto positivo de la migración internacional en la reducción de la imposición adicional. Con una migración neta anual de 900 mil personas, el fondo de depósito de la Seguridad Social se haría insolvente en 2037 y sería necesario un incremento de 1.89 por ciento del impuesto de nómina para mantenerlo a flote hasta 2075.
Si la inmigración neta anual fuera de 655 mil trabajadores, la insolvencia se adelantaría al año 2036 y el incremento requerido en los impuestos sería de 2.01 por ciento.
Los migrantes tienden a ser netos contribuyentes del fisco, pues en conjunto lo que pagan por gravámenes es mayor de lo que cuestan al Estado en relación con programas de beneficio social y educación. Como además se encuentran en las edades productivas, liberan al fisco de las futuras generaciones en países de baja fertilidad. Estados Unidos, por ejemplo, que ya no llega al nivel de remplazo de su población.
Los trabajadores indocumentados si bien favorecen las finanzas públicas del país vecino con sus impuestos, al final de sus días laborales no pueden gozar de los beneficios que cualquier trabajador merece, pese a haber cotizado todo el tiempo al sistema de seguridad social. Lo que quiere decir que el Estado no sólo se queda con los impuestos de los indocumentados que no solicitan su rembolso -por razones obvias-, sino que no se siente obligado a darles un centavo por derechos de jubilación.
Por eso, cuando se habla de un acuerdo migratorio hay que poner en el centro la amnistía para los trabajadores indocumentados para que puedan ejercer sus derechos plenos, pues llevan muchos años trabajando en Estados Unidos.
Además, un acuerdo migratorio debe permitir obtener la residencia permanente para aquellos que lo soliciten. De no ser así lo único que se lograría es poner las bases para que se convierta nuevamente en semillero de trabajadores indocumentados.
Los trabajadores migrantes legales e indocumentados son seres humanos, con derechos plenos que deberían poder ejercer como ciudadanos en cualquier Estado que se llame democrático.