Cogeneración en Pemex: ¿por qué la prisa?
Como otro más de los asuntos que se pretenden sacar a toda prisa en el Legislativo, se encuentra la minuta enviada por los diputados para permitir a Petróleos Mexicanos (Pemex), sus organismos subsidiarios y sus empresas, producir electricidad mediante la cogeneración. La minuta modifica un dictamen de los senadores en el que se obligaba a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) a firmar convenios para cogenerar electricidad y vender los excedentes a estas dos entidades. El pretexto para modificarla fue que se limita la autonomía de gestión y la capacidad técnica de Pemex al establecer un "plazo fatal" de ocho años para generar 4 mil megavatios y al determinar que los proyectos inicien en los estados más marginados y que posean refinerías. Así, se introdujeron cambios con el único propósito de abrir Pemex a los generadores privados, quitándoselo a CFE:
Los diputados, y ahora el dictamen que se pretende aprobar el próximo martes, busca hacer creer que Pemex, sus organismos subsidiarios y sus empresas filiales, podrán cogenerar con CFE y LFC, cuando saben que estas dos entidades sólo pueden dedicarse a brindar el servicio público de energía eléctrica y que, según la ley, la cogeneración no se considera parte del servicio público; por tanto, ninguna de las dos empresas públicas tiene la capacidad jurídica para realizar esa actividad. Por eso es que aprovechan la modificación para incluir a las empresas filiales que los cuatro organismos subsidiarios de Pemex suelen crear, fusionar o liquidar libremente, bajo la figura de sociedad anónima de capital variable. Algunas de estas empresas, al estar constituidas como privadas -incluso, bajo la legislación de otros países-, operan de manera autónoma, sin registro ante la Secretaría de Hacienda y sin poder ser fiscalizadas, son el instrumento de Pemex para asociarse con empresas privadas o para otorgarles contratos sin licitación y violentando la ley.
Estas empresas filiales, que operan en nombre de Pemex, lo hacen bajo la forma de inmobiliarias, financieras, comercializadoras, hasta encargadas de explorar y recuperar reservas. Entre ellas están COMESA SA de CV, que contrata a Schulberger para operar en aguas profundas; Kol Insurance Co., en las Islas Bermudas; Finance Ltd., en Islas Caimán; Integrated Trade System; PMI Comercio Internacional, SA de CV; e incluyen los complejos petroquímicos, en desincorporación. Así que con la aprobación del nuevo dictamen, Pemex tendrá la facultad para crear, fusionar o liquidar -con la sola autorización del consejo de administración de cada uno de los organismos subsidiarios correspondiente-, más empresas filiales, cuya única función será asociarse con generadores privados en las petroquímicas y refinerías o bien para adjudicarles directamente los proyectos.
Hoy, las siete empresas petroquímicas en desincorporación, que ya tienen el carácter de sociedades anónimas, al aprobarse este nuevo dictamen, serán utilizadas para cogenerar electricidad. A la fecha, no han logrado venderlas, porque los empresarios no le ven el rápido retorno a su inversión y menos a la consecución de ganancias. Cosa que deberá suceder al dotarlas del plus de la capacidad jurídica para cogenerar, sin la necesidad de obtener permisos de la Comisión Reguladora de Energía -que los productores privados consideran que no les otorga certidumbre jurídica-, lo cual haría más atractiva y rápida su venta, ya que además usarían recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para ejecutar los proyectos y asegurarían la venta de electricidad.
En efecto, el dictamen que se someterá al Senado permite que CFE y LFC se concreten a comprar, sin límite alguno, los excedentes. Este es un gran negocio para los generadores privados, pues en tres o cuatro años recuperarán su inversión y durante otros 25 años obtendrán cuantiosas ganancias. Pero para la CFE es un mal negocio pues deberá comprar los excedentes que no consuma Pemex, lo que la obligará a continuar cerrando sus propias plantas ante el exceso de oferta. Así, a la CFE se le arrebata Pemex, uno de los pocos grandes clientes, para dárselo a los productores privados, como ya sucede con otras grandes empresas que de manera simulada y mediante la figura del autoabastecimiento, le compran la electricidad a los empresarios, como lo demostró la Auditoria Superior de la Federación, que recomendó no otorgar más esta clase de permisos. La aprobación de este dictamen acrecentará el mercado paralelo privado, restará ingresos al erario y se avanzará en el proceso de desmantelamiento de CFE y LFC que se van quedando sólo con el pequeño mercado del servicio doméstico, el que se verá afectado con el incremento de tarifas.
La intención de la participación privada es evidente al señalar que el PEF deberá contemplar: recursos destinados a los proyectos de cogeneración; los recursos y esquemas de financiamiento -Pidiregas, contratos de servicios múltiples, etcétera- para realizar las obras; y los recursos para comprar los excedentes de electricidad a quienes realicen el proyecto, que puede ser Ibedrola, Endesa, etcétera. Lo incongruente es que el PEF para 2006 ya fue aprobado y será tarea de la siguiente legislatura y responsabilidad del próximo presidente decidir los proyectos que darán inicio hasta 2007. ¿Por qué la prisa? ¿Acaso urge terminar de perder la soberanía nacional y que México tenga nuevos dueños?, pregunta esta que alguna vez se hiciera Luis Donaldo Colosio, en paz descanse.