López Bárcenas: recoge demandas históricas del sector
La nueva Ley Agraria impediría proliferación de los latifundios
La propuesta de la nueva Ley Agraria no tiene un sentido privatizador de las tierras, pero tampoco es una reforma de fondo para la situación nacional del sector. Es una legislación equilibrada y obedece a las fuerzas políticas, consideró Francisco López Bárcenas, del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas.
Con esta propuesta se acota a las sociedades mercantiles, ya que se expresa que su objetivo debe ser impulsar la producción en el campo y asienta que las tierras no podrán permanecer ociosas más de dos años.
De 1992 a la fecha sólo se han constituido 49 de esas sociedades mercantiles, pero la mayoría está orientada a cuestiones inmobiliarias. El propósito es evitar que la integración de estas figuras se convierta en una forma de ocultar la titularidad de la propiedad y la proliferación de latifundios improductivos. Además no podrán tener una superficie mayor a 7 mil 500 hectáreas.
En esta propuesta de ley, que hoy será discutida en el pleno de la Cámara de Diputados, se establece un procedimiento especial al que ejidos y comunidades podrán acogerse en caso de que deseen declarar ante los tribunales agrarios que sus propiedades son indígenas. Por ello las parcelas serán imprescriptibles, inembargables e inalienables, y se reconocerá que los recursos naturales son de su propiedad y se protege los lugares sagrados de las comunidades.
López Bárcenas consideró un avance que las expropiaciones se paguen a precio de mercado y que el proceso sea sujeto a consulta de los pueblos, además de que se les informe cómo se repararán los daños y la posibilidad de participar en los beneficios.
Ese procedimiento permitirá que los acuerdos internaciones en favor de los pueblos indígenas, como el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, puedan aplicarse en beneficio de las comunidades.
La propuesta de ley puntualiza que en el caso de las expropiaciones de las tierras se procederá siempre y cuando se demuestre fehacientemente el interés general de la nación y la inviabilidad de las opciones de asociación para la aportación de tierras del ejido o la comunidad al proyecto de que se trate.
El abogado indígena consideró que la propuesta de ley -en la que también se establece la diferencia entre poseedor y posesionario- fue elaborada con cuidado para evitar controversias tan fuertes como las que causó la reforma al artículo 27 constitucional, que se llevó a cabo en 1992.
Dicha propuesta de ley otorga independencia a la Procuraduría Agraria, por lo que dejaría de depender de la Secretaría de la Reforma Agraria, ya que sería un organismo con autonomía operativa, presupuestal, técnica y administrativa, y contaría con una junta de gobierno como órgano colegiado de máxima autoridad.