El caso ya fue denunciado ante el congreso de la Federación Sindical Mundial
Prevén crear una red internacional de apoyo a la Cooperativa Pascual
Se creará una red internacional de solidaridad en apoyo a los trabajadores de la Cooperativa Pascual, ya que se prevé denunciar el caso ante organizaciones sindicales y laborales de diversos países, aseguró el abogado de la mutualidad y presidente de la Unión Nacional de Juristas, Eduardo Miranda Esquivel, quien sostuvo que el asunto ya se presentó ante el 15 congreso de la Federación Sindical Mundial, que tuvo lugar la semana pasada en La Habana, Cuba.
En ese foro, Darío Rojas Macías, director de la Universidad Obrera de México, denunció -a nombre de la cooperativa- las violaciones a los derechos laborales, económicos, sociales y culturales de los trabajadores de Pascual, cometidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo órgano del Poder Judicial de la Federación del Estado mexicano.
En ese foro, al que asistieron representaciones sindicales de toda América Latina, se advirtió que la resolución emitida el 17 de noviembre de 2005 por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue contraria a los trabajadores de Pascual y en favor de la viuda del anterior dueño, "pone en inminente riesgo la existencia de la asociación y del sector cooperativista del país, al orillarnos a desalojar y desmantelar nuestra empresa social", dijo Rojas Macías.
Durante 20 años, la Cooperativa Pascual ha mantenido una constante acción jurídica en los tribunales para mantener su derecho a la posesión de los predios que ocupan sus plantas de producción en el Distrito Federal y la expectativa de compra de los mismos, obteniendo en uno y otro casos duros reveses por la intransigencia de los "dueños". Esa actitud motivó que en febrero de 2003, a solicitud de los propios cooperativistas, el Gobierno del Distrito Federal interviniera y decretara la expropiación de los inmuebles en favor de la cooperativa, mediante el pago de una indemnización a los "propietarios", por causa de utilidad pública.
Sin embargo, la resolución de la Corte echó abajo el decreto expropiatorio, lo que pone en riesgo dos mil empleos y la existencia misma de la refresquera, lo que significan actos de "una extrema injusticia social", que solamente beneficiará al capitalismo rapaz y a las grandes empresas trasnacionales, en detrimento de los trabajadores y las empresas mexicanas.
El Congreso de La Habana emitió un pronunciamiento de apoyo a la cooperativa y una condena a la política antiobrera y lesiva del actual gobierno mexicano.
Por otra parte, Eduardo Miranda señaló que a 57 años de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las garantías básicas laborales en México "no se respetan ni cumplen".