Reformas sobre pedido
En el país de las improvisaciones, los diputados merecen un lugar especial. Como un mago saca conejos del sombrero, así en San Lázaro extrajeron una reforma a las leyes de Radio y Televisión y Telecomunicaciones que echa por la borda el serio trabajo de años realizado en el Senado para elaborar normas acordes con los nuevos problemas planteados por el cambio tecnológico y la aparición de necesidades rigurosamente inéditas en el maleable terreno de la información, sin por ello descuidar el carácter de servicio público y social, en definitiva la pluralidad que debería caracterizar a los medios, en consonancia con las oportunidades abiertas por la tecnología. En otras palabras, se trata de dar respuesta cabal a los temas de la llamada "convergencia" sin perder de vista el interés general de la nación. La rápida respuesta de numerosas personas y grupos interesados en el asunto, así como la reacción de los senadores Javier Corral y Manuel Bartlett denunciando la impostura, impidieron el madruguete en curso y pospusieron el debate decisivo hasta el mes de febrero.
Bienvenida esa prueba de sensatez, pues la tregua en este caso debería servir para ventilar públicamente qué tipo de ley necesita el país, más allá de los grandes intereses que se mueven tras bambalinas. Mientras esa fecha llega y se retoma el hilo de la discusión en el Senado vale la pena insistir en algunos de los puntos donde se manifiestan con claridad las divergencias más importantes. Quienes suscriben el desplegado "Rechazamos una reforma al vapor" (La Jornada, 12/12/05) afirman que se trata de una reforma insuficiente, riesgosa y que tendría consecuencias graves para la sociedad y la radiodifusión mexicanas. En primer término, porque promete abatir la discrecionalidad en materia de concesiones, pero lo hace a medias pues "los permisos para radiodifusión seguirían supeditados a las decisiones, aún más discrecionales que hoy, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes". En rigor, se privilegian los criterios mercantiles, como en el caso de las concesiones que estarían sujetas al resultado de una subasta, de modo que "quien tenga más dinero tendrá más posibilidades de transmitir por televisión y radio". Lo mismo ocurre con el asunto crucial de la convergencia. En el desplegado ya citado se afirma con claridad: "Una verdadera reforma tendría que atender la función social de la radiodifusión. Pero esta reforma, con el pretexto de propiciar la convergencia tecnológica, responde sólo a los intereses de las dos empresas más poderosas en la televisión comercial, a las que de manera automática se les permitirá utilizar, para ofrecer diversos servicios de telecomunicaciones, la porción del espectro radioeléctrico que les fue concedida a fin de que hagan televisión digital". Asimismo, prosigue el texto, "las opciones que abre la tecnología digital para la propagación de diversos servicios (telefonía, radiodifusión, transmisión de datos, etcétera) beneficiarían solamente a los concesionarios más poderosos y no a las radiodifusoras que operan bajo el régimen de permisos. Las dos principales empresas de la televisión comercial serían agraciadas con un negocio adicional a los que ya tienen". Dicho de otro modo, la minuta de los diputados consagra el monopolio ya existente con nuevos privilegios, de modo que las nuevas tecnologías, lejos de liberar las potencialidades de la sociedad, la acotan en forma miserable. Tan escandalosa resulta esta proclividad a la centralización que la misma Comisión de Competencia ha denunciado las tendencias a favor del monopolio que ahora, además, quedarían establecidas en la ley.
Es lamentable que algunos influyentes legisladores sigan a nuestros vecinos del norte en las peores prácticas parlamentarias, es decir, en el intento de vincular el dinero, la gestoría empresarial, con el trabajo de elaboración de las leyes. Pero en este caso hay demasiadas evidencias de que eso es exactamente lo que está ocurriendo. Si queremos construir una sociedad democrática no podemos partir de la protección de los intereses creados para que éstos se reproduzcan eternamente. Justo porque la presencia de los medios es consustancial a la formación de una conciencia social democrática, es preciso impedir que sea la lógica del mercado su única y última razón de ser. La sociedad mexicana no desea medios mas fuertes que el Estado o que ella misma. Tampoco desea pulverizarlos o negarles competitividad. Pero una cosa no implica la otra. Un sector poderoso de telecomunicaciones no es incompatible con la exigencia de hacer posible nuevos horizontes, mejores contenidos y una mayor diversidad en la oferta. La pretensión de tratar a los medios como simples objetos de intercambio, sin fiscalización pública, está en contradicción con su función social, y es sobre eso que el Senado tendrá que pronunciarse.