Autoridades incurrieron en fallas a normas en la capitalización y saneamiento
Multiplicidad de ilegalidades en el rescate bancario, revela informe de ASF
Un informe especial realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con la asistencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) encontró que durante el rescate bancario de hace 10 años existió una multiplicidad de irregularidades e ilegalidades que terminaron por incrementar el costo para los contribuyentes.
El informe fue entregado ayer por el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, a senadores que forman parte de la comisión que investiga la actuación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Entregado en una reunión privada convocada en la sede de la ASF, el informe sostiene que a la fecha el IPAB no ha solventado algunas de las observaciones del órgano fiscalizador del Congreso.
El rescate bancario tuvo un costo de un billón 200 mil millones de pesos, cuatro veces más que todo lo obtenido por la privatización de empresas públicas la década pasada, según publicó hace dos meses el Banco Mundial.
De acuerdo con la información conocida por este diario, el informe pone énfasis en que durante diferentes pasos del proceso de saneamiento y capitalización de los bancos, autoridades incurrieron en fallas a la normas de operación de los fondos y fideicomisos empleados por el gobierno federal para canalizar el multimillonario apoyo a los bancos.
Para la elaboración del informe, la ASF contó con la asistencia del IIJ de la UNAM, que fue formalmente contratado por el órgano de fiscalización para emitir una opinión jurídica con respecto al cumplimiento de la ley, en particular sobre la legalidad de las acciones llevadas a cabo por el IPAB para sustituir, en julio de 2004, las notas emitidas por el antiguo Fobaproa por las llamadas ''Notas IPAB''.
''Si el auditor González de Aragón se niega a proceder legalmente contra los funcionarios del IPAB sería cómplice en las irregularidades detectadas'', comentó ayer, después de la presentación del informe, Mario Di Costanzo, asesor de la comisión para investigar al IPAB en el Senado. ''El informe confirma las observaciones realizadas y contenidas en las cuentas públicas de 2000, 2001 y 2002 sobre el rescate bancario'', añadió.
En esos informes de la cuenta pública, la ASF había detectado irregularidades como la transferencia al rescate bancario de intereses moratorios -cuya inclusión en las subvenciones gubernamentales estaba expresamente prohibida- o que instituciones como Bancomer y Banamex tenían suficiente capital como para no recibir ayudas de capitalización o compra de cartera.
''Del documento se desprende que la deuda que el gobierno adquirió como consecuencia de la aplicación de los programas de capitalización y compra de cartera (que beneficiaron a Banamex, Bancomer, Bital -hoy HSBC- y Banorte) no debe ser considerada deuda pública'', comentó Di Costanzo, quien conoce el informe.