Descubren en Uruguay 35 tumbas secretas
Montevideo, 14 de diciembre. El Partido Comunista de Uruguay (PCU) informó hoy el descubrimiento de 35 tumbas clandestinas (NN) en el norte del país, que se suman a los hallazgos de restos de desaparecidos, mientras el gobierno resiste presiones para anular la Ley de Caducidad, que impidió juzgar a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
El PCU, que integra la coalición oficial de izquierda Frente Amplio, informó de la existencia de 35 tumbas NN en el pequeño cementerio de la localidad de Vichadero, en el norteño departamento de Rivera.
El senador comunista Eduardo Lorier indicó que las "tumbas datan de la dictadura" y los cuerpos allí inhumados fueron trasladados desde Montevideo por camionetas del ejército. Consideró que "hay elementos" que indican que podrían estar relacionados "con los vuelos de la muerte".
Un informe presentado por la fuerza aérea en agosto pasado al gobierno del presidente Tabaré Vázquez reveló la existencia de un segundo vuelo clandestino -se sabía de uno- que trasladó detenidos desde Buenos Aires y cuyo paradero se desconoce.
El traslado ilegal de secuestrados de un país a otro era corriente en los años 70 en el contexto de la Operación Cóndor, puesta en práctica por las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para capturar y eliminar a opositores.
La información sobre las 35 tumbas se suma al hallazgo en las últimas semanas de restos de dos desaparecidos en una finca cercana a la localidad de Pando (30 kilómetros al norte de Montevideo) y en un cuartel del ejército en las afueras de la capital.
Mientras, crecen las presiones de sectores y organizaciones afines al gobierno para anular la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y ratificada por la ciudadanía en 1989, que evitó juzgar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, pero habilitó a investigar lo sucedido.
Ante esas presiones y declaraciones del ministro del Interior, José Díaz, que dijo que el gobierno estudiaba la posibilidad de anularla, el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa y la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, afirmaron el martes que el Poder Ejecutivo no tenía planes en ese sentido.
Fuentes de la presidencia dijeron al diario El Observador que Vázquez está firme en su posición de cumplir la Ley de Caducidad y que "bajo ningún concepto estudia su anulación", que además no permite la Constitución, según el catedrático de derecho constitucional Rubén Correa Freitas, en declaraciones a radio El Espectador.