Se les acusa de tortura, robo de vehículos, protección a asaltantes y secuestro
Ex policías corruptos manejan una firma de seguridad en Guanajuato
Operan desde octubre sin tener permiso; la procuraduría de Justicia del estado los investiga
Ampliar la imagen Juan Pablo V�uez Sotelo, ex coordinador de la polic�ministerial de Guanajuato Foto: Mart�Diego
Celaya, Gto., 14 de diciembre. Siete agentes que fueron dados de baja de la Policía Ministerial de Guanajuato, acusados de delitos como tortura y robo de vehículos, trabajan actualmente en la compañía privada Seguridad Empresarial De Anda González y Asociados, administrada por Juan Pablo Vázquez Sotelo, ex jefe operativo de la corporación estatal, quien también tiene abierto un expediente por presunto secuestro y por proteger a una banda de asaltantes de tráileres.
La Procuraduría General de Justicia de Guanajuato (PGJEG) descubrió lo anterior tras investigar a la empresa, que opera desde octubre pese a no tener permiso.
Uno de los requisitos que deben cubrir estos negocios es identificar a los custodios y, según el artículo 87 de la Ley de Seguridad Pública para el estado, ''en ningún momento podrán contratar a personas que hubieren sido dados de baja por delito o falta grave de los cuerpos de seguridad pública de la Federación, del estado o de los municipios, o personas que hayan sido condenadas por delitos graves''.
Cuando solicitó permiso para su empresa, Vázquez Sotelo entregó a la PGJEG los expedientes de Salvador Muñoz, Luis Angel Martínez y Miguel Valtierra, acusados de torturar a detenidos, además de Agustín Lozano Juárez, Saúl Avila Martínez, José Luis Hernández y José Juan Zamora, implicados en robo de vehículos, confirmaron fuentes de la Procuraduría de Justicia.
El propio Vázquez Sotelo tiene pendiente una investigación en la Contraloría Interna de la PGJEG por la presunta protección a una banda de asaltantes de vehículos de carga y por el secuestro de la hija de un empresario en Celaya, cuando era jefe operativo de la policía ministerial de Guanajuato.
Cuando los siete agentes ahora investigados trabajaban en la policía ''llegaron a formar parte del cuerpo de elite, que gozaba de privilegios. Había muchas dudas sobre la actuación de este grupo, al que llamaban los alegres compadres porque siembre les iba mejor que a los demás. Siempre pensamos que era porque, al ser amigos del jefe, tenían una retribución extra, pero luego salieron los trapitos al sol'', dijo una fuente consultada por La Jornada.
El 29 de abril el ex jefe policiaco renunció cuando los empresarios reclamaron al gobernador Juan Carlos Romero Hicks por el incremento en los delitos de secuestro y extorsión.
Sin embargo, en junio fue contratado por otro grupo de empresarios para que dirigiera una compañía que protegiera a industriales de la localidad.
Fue idea de Julián Malo Guevara (empresario de la construcción que pagó el rescate de una de sus hijas que permaneció raptada 10 meses) formar una empresa de custodios para enfrentar la ola de secuestros. Después se asociaron Héctor González y el ex alcalde Javier Mendoza Márquez para constituir la firma, que ni siquiera tiene local.
Vázquez Sotelo fue uno de los hombres cercanos al entonces procurador de Justicia Felipe Arturo Camarena García, quien en 2000 trabajó en la Procuraduría General de la República y dos años después fue nombrado procurador estatal, aunque al año siguiente fue dado de baja, acusado de proteger delincuentes.
La PGJEG ya integró una averiguación para girar sendas órdenes de aprehensión contra los acusados, dijo la fuente.