Se restituiría el patrimonio de afectados en 2003: dirigente
Labriegos exigen al gobernador de Nuevo León expropiar predio
Monterrey, NL, 14 de diciembre. El dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista, Max Correa, exigió al gobernador José Natividad González Parás expropiar "por causa de utilidad pública" un predio de 263 hectáreas del que fueron despojadas 308 familias de la colonia agropecuaria Emiliano Zapata, del municipio de El Carmen, por el empresario Alfredo Villarreal Elizondo.
Dijo que la expropiación sería "una forma viable" de restituir el patrimonio de los afectados y además respondería al mandato del juzgado segundo de distrito, que este miércoles resolvió amparar a los quejosos contra la omisión de González Parás en atender una solicitud de expropiación que le presentaron los colonos el 26 de agosto de 2004.
La asesora jurídica de los colonos, Diana Hernández Aguilar, explicó que González Parás debió dar una respuesta sobre si procedía la expropiación en un plazo de 45 días, pero no lo hizo; por lo que violó el derecho de petición.
Añadió que el gobernador replicó que el juzgado segundo de distrito consideró la solicitud insuficiente y extemporánea la petición, ante lo cual promovieron un juicio de amparo el 23 de septiembre pasado, que se resolvió a favor de los inconformes.
Hernández Aguilar añadió que las 308 familias desalojadas hace más de un año, en un operativo donde cientos de policías auxiliaron al actuario enviado por el juez tercero civil, Raúl Farfán Bocanegra -sin que los colonos fueran oídos ni vencidos en el proceso judicial-, promovieron cinco juicios ordinarios para que Villarreal Elizondo les devuelva sus terrenos y pague los daños causados a su patrimonio, ya que más de 250 casas fueron destruidas con maquinaria pesada y explosivos.
El problema, dijo la abogada Hernández Aguilar, se originó porque los colonos compraron los predios en disputa en 1991 al dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Ramón Aguilar Guevara, quien no entregó las escrituras, que luego dio en garantía por un préstamo bancario que no liquidó.
Un empresario compró los derechos del litigio inmobiliario y posteriormente solicitó el desalojo en contra de Ramón Aguilar y no de los colonos.
Dijo que durante la diligencia de desalojo el actuario del juzgado tercero civil asentó que los predios estaban desocupados y no había construcciones, lo que fue desmentido en juicios que promovieron los colonos, quienes esperan que las autoridades resuelvan a su favor.