Usted está aquí: viernes 16 de diciembre de 2005 Política Acusan a la SRA de promover la desaparición de ejidos y comunidades

Heladio Ramírez demanda a diputados no aprobar fast-track la ley agraria

Acusan a la SRA de promover la desaparición de ejidos y comunidades

La reforma abriría las puertas a la inversión extranjera sin límite, advierten cenecistas

MATILDE PEREZ U.

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) quiere desaparecer la propiedad social por medio de la nueva Ley Federal Agraria (LFA), ya que la reforma atenta contra ejidos y comunidades, advirtió el diputado cenecista Julián Nazar.

Con la propuesta, puntualizó, se abren las puertas a la inversión extranjera sin límite, y los comuneros y ejidatarios corren el riesgo de quedarse sin sus parcelas por falta de créditos y de apoyos a la producción agropecuaria.

Consideró que la ley requiere de una revisión más minuciosa, particularmente los artículos 48, 49, 50 y 155, que permiten la enajenación del patrimonio campesino. Sostuvo que la postura de los diputados cenecistas es impedir que se ponga en riesgo al ejido y a la comunidad. "La batalla para conservarlos se dará en 2006", apuntó.

Antes de salir a Hong Kong para acudir a la sexta cumbre de la Organización Mundial de Comercio, el presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Heladio Ramírez López, pidió a los legisladores del sector detener la aprobación de la reforma en el pleno de la Cámara de Diputados. "La ley no puede aprobarse fast-track. Se requiere tiempo para que se discuta con mayor profundidad en las 32 ligas agrarias", añadió. Indicó que no se consideraron todas las propuestas que se presentaron a la Comisión de Reforma Agraria, aunque el dictamen de dicha ley fue aprobado por los diputados Hilaria Domínguez -quien ayer se negó a realizar algún comentario- y Lamberto Díaz.

Ramírez López informó a los diputados cenecistas que el tema será analizado ampliamente el próximo 6 de enero y reiteró que la exigencia de la organización campesina es que el artículo 27 constitucional regrese a la redacción que tenía antes de la reforma salinista de 1992.

Por su parte, el secretario de Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, aseguró que los cambios propuestos a la ley agraria no se enfocan a la privatización de ejidos y comunidades. "Quienes han criticado la ley no han leído el dictamen. Se toman pretextos porque hay conflictos o intereses de grupos y de partidos", sostuvo, y dijo confiar en que el próximo año las diferencias serán superadas.

"Esperamos que en el periodo ordinario de sesiones del próximo año se retome el asunto, pues la ley ya fue aprobada en lo general. Los comentarios en contra de la propuesta a la LFA realizados por algunos dirigentes de organizaciones campesinas son pretextos, porque la legislación vigente establece que mediante la aprobación de una asamblea las tierras pueden pasar al dominio pleno e inscribirlas como propiedad privada; no hay intención de facilitación para que se privatice la tierra", añadió.

Los diputados del PRD y algunos del PRI que han cuestionado esta reforma participaron en el proceso de casi dos años de análisis y consenso de lo que se presentó como iniciativa a la Cámara de Diputados, aseguró.

Consideró que lo ocurrido el pasado miércoles en la Cámara de Diputados -no discutir la LFA en el pleno, aunque inicialmente estaba en el programa del último día de sesiones-, fue por intereses de carácter político de algunos partidos. "Esa situación impide a los campesinos que cuenten con una infraestructura jurídica más moderna, que protege los derechos de propiedad social."

Respecto a los señalamientos de que las presiones de los secretarios de Economía y de Medio Ambiente (Sergio García de Alba y José Luis Luege, respectivamente) lograron frenar la reforma, dijo que buscará a sus "colegas de gabinete para saber si realmente tuvieron injerencia en el tema, "porque en la elaboración y discusión del proyecto de ley, en los dos años de discusión, ha habido una amplia participación interinstitucional". Sería lamentable que se frenara la LFA, porque ha sido sujeta a un amplio consenso entre diferentes sectores de la sociedad, el proceso de elaboración ha sido cuidadoso y obedece al mandato del Acuerdo Nacional para el Campo, concluyó.

 
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