En defensa propia
Dentro de los cuatro grandes capítulos de la seguridad interior -el orden interno, la seguridad pública, la calidad del territorio y la protección civil- esta última es la que se ha desarrollado en México con mayor celeridad y eficacia. En sentido estricto, en México hay protección civil desde que hay bomberos, pero fue desde los catastróficos eventos de 1984 y 1985, la explosión en San Juanico y el terremoto del 19 de septiembre, que se adquirió conciencia de la necesidad de enfrentar los desastres y las calamidades de manera organizada. La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene vigente sus planes y dispositivos para el auxilio a la población en casos de desastre desde muchos años antes del terremoto, pero en los recientes lo ha desarrollado y ampliado de manera muy destacada. La Secretaría de Gobernación creó la Coordinación General de Protección Civil y se promovió la creación de unidades correspondientes en cada entidad federal y existen numerosas a nivel municipal.
El gran avance se produjo al dar el salto del auxilio a la prevención; de la reacción a la planeación. Ya se cuenta con instituciones especializadas y, sobre todo, se ha entendido el carácter multinstitucional de la protección civil.
Sin embargo, las últimas calamidades que ha sufrido México, las que han producido los huracanes y las inundaciones consiguientes y, como en el caso de Cancún, los desórdenes y los saqueos, demuestran que la presteza gubernamental y la solidaridad de la población no han sido suficientes para encarar al cataclismo a toda capacidad. No se trata ahora de criticar el desempeño de ninguno de los participantes en la respuesta gubernamental o social. Lo que es necesario señalar es la falta de organización de los propios damnificados para protegerse a sí mismos.
Los reportajes de radio y televisión muestran a ciudadanos de todas edades y condiciones quejándose de la ayuda inoportuna o insuficiente, pero haciendo poco por su propio alivio. No existe la organización ciudadana necesaria para enfrentar esa situación.
Por el contrario, a pesar de que hay clara conciencia en los tres niveles del gobierno, en la sociedad y en los medios de comunicación de que la seguridad pública es erosionada cada vez más profundamente y que se hacen esfuerzos administrativos y organizativos para resguardar la seguridad de los ciudadanos, la delincuencia se propaga como el cáncer ante la impotencia gubernamental y ciudadana. La impunidad ha propiciado un círculo vicioso que gravita en la percepción de que en nuestra sociedad delinquir es un negocio de bajo riesgo que, por serlo, es cada vez más atractivo en un caldo social condimentado con desempleo y pobreza. Las múltiples instituciones policiacas son desbordadas por la cantidad de crímenes que se cometen cotidianamente. En seguridad pública falta el componente más importante de la prevención: la vigilancia. De vez en cuando surgen tímidas organizaciones de vecinos que pretenden protegerse a sí mismos, pero que, carentes de respaldo oficial y de autoridad formal, resultan esfuerzos de corto aliento que se agotan en el fracaso y el desencanto. No se cuenta con la vigilancia ciudadana regular y sistematizada.
Tampoco la calidad del territorio nacional puede ser preservada con la aplicación simple de los reglamentos y las sanciones. La conciencia ambientalista desarrollada en la niñez mexicana merece el reconocimiento al esfuerzo del sistema educativo, pero la ciudadanía adulta parece haber sido movilizada hacia la tenaz erosión de nuestro suelo, a emponzoñar las aguas y contaminar el aire. Acelerada y acuciosamente, la calidad de nuestro territorio se corrompe con nuestra entusiasta colaboración. No hay conciencia ni acción ciudadana a favor del medio ambiente.
La organización ciudadana que hace falta, con cualquier nombre que se le diera -guardia nacional; milicia; guardia civil o cualquiera otro- tendría en realidad que usarse para contrarrestar los riesgos y las agresiones que actualmente sufre la nación mexicana: los que atañen a la seguridad de la población en cuanto a las calamidades y desastres y las que atentan contra la seguridad pública; y preservación de la calidad del territorio nacional. La defensa nacional no debería estar fuera de su misión, sino en la medida que la patria no está amenazada con inminencia. No es el servicio de las armas lo que nos urge, es el servicio social y la movilización ciudadana.
No parece ser el caso en nuestros días que se levante la guardia nacional con propósitos de defensa frente al extranjero, pero es una verdad incontestable que en el interior padecemos embates, agresiones y asaltos sobre nuestra seguridad que requieren el activo respaldo ciudadano a la respuesta gubernamental.
Ciertamente, no es admisible el simple trasplante a México de un modelo de organización ciudadana de esta naturaleza de entre los muchos que existen actualmente en el mundo, como tampoco sería prudente limitar su misión a una clase específica de tareas o debilitar con ellas la estructura del Estado mexicano, pero es evidente que entre nuestras instituciones de seguridad hace falta la más fuerte: la que está destinada a la movilización de la sociedad en defensa propia. Hace falta la guardia nacional.